Un informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sostiene que persisten detenciones políticas, estructuras represivas y falta de rendición de cuentas. Los expertos también cuestionaron la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro.
La represión estatal en Venezuela continúa pese a los recientes cambios políticos en el país, según advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela al presentar una actualización de sus investigaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el informe presentado este 12 de marzo, la estructura institucional que permitió durante años la persecución política y las violaciones de derechos humanos sigue funcionando prácticamente sin modificaciones, aun después de la detención del ex presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación llevada a cabo por fuerzas de Estados Unidos.
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“La extensa maquinaria legal e institucional que ha facilitado la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales permanece intacta”, afirmó la experta María Eloísa Quintero durante la sesión del Consejo. Según explicó, mientras ese aparato no sea desmantelado “no puede decirse que Venezuela se encamine hacia una verdadera reforma en materia de derechos humanos”.
Nuevas detenciones políticas
Los investigadores informaron que desde enero han recibido reportes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que sugiere que las prácticas destinadas a silenciar la disidencia continúan bajo el actual gobierno.
El informe también advierte que varios funcionarios previamente señalados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ocupando cargos dentro del aparato estatal.
“Altos funcionarios del Gobierno y de las fuerzas militares previamente identificados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando posiciones de poder”, señaló el experto canadiense Alex Neve. “No hay indicios de que las autoridades actuales tengan la intención de llevar a estas personas ante la justicia”.
Un período de represión intensa
El informe recuerda además que entre septiembre y diciembre de 2025 se registró un período de “intensa represión”, durante el cual los investigadores documentaron 135 detenciones arbitrarias y un patrón reiterado de torturas y malos tratos contra detenidos.
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Estos abusos habrían ocurrido en cárceles, centros de detención oficiales e incluso en las denominadas “casas seguras”, espacios utilizados por organismos de seguridad para mantener detenidas a personas fuera de los registros formales.
Preocupación por la liberación de presos políticos
Los expertos de la ONU también manifestaron inquietud por la falta de transparencia en el proceso de liberación de presos políticos anunciado recientemente por las autoridades venezolanas.
“Acogemos con satisfacción la excarcelación de algunas personas detenidas por motivos políticos, pero nos preocupa la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo este proceso”, sostuvo Quintero.
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La experta pidió a las autoridades que informen con claridad cuántas personas han sido liberadas, quiénes continúan detenidas y bajo qué condiciones, y reclamó la liberación inmediata de todos los presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.
Dudas sobre la ley de amnistía
Parte de las liberaciones recientes se vinculan con la ley de amnistía aprobada el 20 de febrero, pero la Misión advirtió que la norma fue adoptada sin un proceso de consulta pública amplio y que carece de mecanismos clave para garantizar verdad, justicia y reparación.
Además, el informe plantea dudas sobre el alcance real de la ley, ya que podría dejar fuera a numerosas personas que fueron o siguen siendo detenidas por motivos políticos.
Hostigamiento y presencia de grupos armados
La investigación también señala que persisten prácticas de hostigamiento contra opositores y periodistas, así como la movilización de colectivos armados, grupos civiles vinculados al aparato político que han sido denunciados en el pasado por participar en acciones de intimidación y control territorial.
Llamado a la comunidad internacional
Ante este escenario, la Misión instó a la comunidad internacional a mantener la atención sobre la situación venezolana y a promover un proceso de reformas institucionales reales que permita desmontar el sistema de persecución política.
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Neve subrayó que el organismo es “un órgano independiente, técnico y apolítico” y consideró que una señal clave de compromiso por parte del gobierno sería permitir la entrada de los investigadores al país y garantizarles acceso sin restricciones a la información.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014. Su mandato fue extendido recientemente hasta septiembre de 2026.