COLUMNISTAS INVITADOS. A raíz de la reciente ola de amenazas que afectó a más de 200 colegios en Mendoza, el criminólogo Eduardo Muñoz analiza la efectividad de los protocolos vigentes. Un llamado a distinguir entre la respuesta operativa y la intervención temprana en un fenómeno donde la escuela es el escenario, pero no siempre el origen.
Lo que hasta hace poco tiempo parecía una problemática exclusiva de las ficciones extranjeras o de realidades lejanas, se ha instalado con fuerza en la agenda pública de Mendoza. En apenas una semana, la activación de protocolos en cientos de establecimientos y la detección de miles de publicaciones amenazantes en redes sociales pusieron en jaque la tranquilidad de la comunidad educativa y la capacidad de respuesta del Estado.
Si bien la implementación de guías de acción ante agresores armados o crisis suicidas ha permitido ordenar la reacción y reducir la improvisación, surge una pregunta incómoda: ¿estamos llegando antes de que el problema estalle o simplemente estamos aprendiendo a gestionar el caos?
En esta columna, Eduardo Muñoz desglosa la anatomía de este fenómeno. Desde el efecto contagio amplificado por la viralidad digital hasta la necesidad de modelos multidisciplinarios, el autor nos invita a mirar lo que sucede en las grietas del sistema antes de que se conviertan en denuncias formales.
La columna completa de Eduardo Muñoz
Amenazas en las escuelas: el problema no es la respuesta, es lo que pasa antes
Durante años, las amenazas de tiroteos en escuelas parecían una escena ajena. Hoy ya no. En Mendoza, en una sola semana se activaron protocolos en más de 230 escuelas, se bajaron más de 1.200 publicaciones con amenazas en redes y hubo decenas de menores identificados, con al menos 19 denuncias formales. Esa distancia que parecía protegernos ya no alcanza.
Cuando un fenómeno aparece con este volumen y esta velocidad, deja de ser excepcional. Se repite. Y esa repetición obliga a mirar no solo qué pasa cuando estalla, sino qué está pasando antes.
Respuesta ordenada, prevención débil
Frente a esta situación, el Gobierno avanzó con un protocolo para actuar ante amenazas de bomba, agresores armados y crisis suicidas en el ámbito escolar. Ordena la respuesta, define roles y reduce la improvisación. Es necesario.
Pero conviene no confundir planos. Todo eso interviene cuando el problema ya está en curso. Es respuesta, no prevención. Se activan protocolos, se identifican responsables, se bajan contenidos. Y aun así, la dinámica se mantiene.
La escuela no es el origen
El primer reflejo es ubicar el problema dentro de la escuela, donde todo se vuelve visible. Es lógico, pero enfocarlo solo ahí es mirar el final del proceso.
La escuela no genera estas conductas. Las expone. Es el punto donde aparecen procesos que vienen de antes: mensajes en redes, conflictos que escalan sin mediación y adolescentes que buscan visibilidad o provocar una reacción.
Ahí aparece un límite clave: el margen de acción de los adultos. No es solo falta de herramientas. También hay dudas sobre cómo intervenir y con qué respaldo. Ese límite condiciona cuándo y cómo se actúa.
Por eso, lo que parece repentino muchas veces es acumulación de señales que no se leyeron a tiempo.
El mecanismo que se repite
Cuando se habla de prevención, conviene ser concretos. Existe un claro efecto contagio amplificado por las redes. Más de 1.200 publicaciones en pocos días no son casuales: es imitación. Un mensaje dispara otro y el fenómeno crece.
En ese circuito, la amenaza también funciona como una forma de ganar visibilidad con bajo costo percibido. La viralidad no solo difunde, también incentiva.
Se suman otros límites: equipos sobrecargados, poca coordinación entre escuela, familia, salud mental y justicia, y tiempos que no compiten con la velocidad digital. Cuando el problema explota, el sistema se fragmenta y cada actor tiende a trasladar responsabilidades.
No es un problema de personas. Es un patrón.
Seguridad como respuesta principal
El propio protocolo incorpora crisis suicidas junto a amenazas y agresores armados. No es un detalle. Muestra que el problema no es solo de seguridad.
Sin embargo, gran parte de la respuesta se concentra en controles, requisas y simulacros. Sirven para ordenar la reacción, pero dejan una pregunta: ¿esto reduce el problema o solo lo contiene?
Una respuesta más ordenada puede bajar el impacto buscado, con menos pánico y menos interrupción, pero no necesariamente reduce la frecuencia de los casos.
Y eso tiene que ver con el origen.
En muchos de estos episodios no hay un plan estructurado detrás. Lo que aparece son conductas que escalan: conflictos sin mediación, búsqueda de impacto en redes y dificultades para canalizar lo que ocurre sin que se desborde. En ese mismo plano entran también las crisis suicidas que el protocolo incluye.
Si ese fondo no se aborda, lo que aparece después se repite. La amenaza deja de ser algo excepcional y pasa a ser una forma posible de reacción.
El punto donde el sistema falla
El cuadro es claro: mayor capacidad de reacción, pero límites persistentes para intervenir temprano.
En países con más experiencia en este tipo de violencia escolar, el abordaje ha sido más sistémico. El National Threat Assessment Center en Estados Unidos desarrolló modelos de evaluación multidisciplinaria de amenazas. Canadá aplica el esquema VTRA, que integra escuelas, policía y salud mental. El Reino Unido utiliza el programa Channel para la detección temprana de jóvenes en riesgo.
Estos enfoques no han eliminado el problema, pero buscan actuar en fases iniciales.
En Mendoza y en gran parte de la Argentina, la respuesta sigue concentrada principalmente en la fase reactiva.
El sistema hoy reacciona mejor y con menos improvisación. Pero eso no cambia el punto central.
Mientras la intervención llegue después, no estamos previniendo nada.
Solo estamos administrando un problema que ya se puso en marcha.
La diferencia no está en cómo respondemos cuando surge la amenaza.
Está en si logramos intervenir antes.