COLUMNISTAS INVITADAS. La reconocida librera mendocina Pilar García Santos advierte sobre las devastadoras consecuencias de eliminar la norma que regula el precio único. Un llamado de atención a los legisladores nacionales para proteger la bibliodiversidad, el empleo del sector y la identidad cultural de la provincia frente a la concentración del mercado.
La posible derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera ha encendido las alarmas en el entramado cultural del país y, con particular intensidad, en Mendoza. Lejos de ser un mero debate técnico o comercial, la vigencia del precio único del libro representa el sostén de una compleja cadena de valor que involucra a escritores, editores, impresores, ilustradores y librerías independientes que generan miles de puestos de trabajo en todo el territorio nacional.
En la siguiente columna de opinión, María del Pilar García Santos —referente indiscutida de las librerías independientes de la provincia— analiza los riesgos de seguir pasos como el de Gran Bretaña en los años noventa, donde la quita de regulaciones devino en el cierre masivo de locales, aumentos de precios y concentración del mercado. Asimismo, Santos apela directamente a los diputados y senadores mendocinos para que rechacen el proyecto, defendiendo a las librerías de barrio no solo como comercios, sino como verdaderos trincheras de resistencia cultural, diversidad y arraigo regional.
Leé el texto de Pilar Garcia Santos completo
Acerca de la derogación de la Ley del Libro
La Ley del Libro abarca toda la cadena de producción y comercialización del libro, tanto a escritores, editores, impresores, correctores, traductores, diseñadores e ilustradores, como a librerías que generan miles de puestos de trabajo.
El punto más importante de esta ley consiste en el precio único fijado por el editor o importador. Este mismo modelo de ley también rige en los países con las industrias editoriales más desarrolladas, como Alemania, Japón, Francia o España.
Por ejemplo, en 1995 esta ley fue derogada en Inglaterra y eso impactó negativamente provocando el cierre de un tercio de las librerías independientes —600 en total—, concentrándose el mercado en las cadenas de librerías, supermercados y plataformas digitales. Mientras tanto, el precio de los libros, en vez de bajar, subió por arriba de la inflación. Es una competencia desleal que atenta contra el consumidor y, por lo tanto, contra la cultura de un país.
La competencia entre librerías debe ser por su excelencia en la atención, por el conocimiento del librero y por la variedad y diversidad de títulos que hay en ellas.
El precio único protege la bibliodiversidad cultural, permitiendo que convivan los grandes grupos editoriales y los pequeños que enriquecen nuestra cultura.
Mendoza tiene una de las mayores y más ricas producciones literarias del país. Y las librerías independientes somos las que recibimos todo ese trabajo, lo exhibimos y difundimos a la par de los libros que tienen distribución nacional e internacional.
Además, quiero destacar que las librerías mendocinas no solo vendemos, sino que abrimos nuestras puertas para presentaciones y talleres. Acciones estas que las grandes cadenas no realizan jamás, a pesar de que están instaladas hace años en nuestra provincia.
Con la derogación de esta ley, las librerías independientes corremos el riesgo de desaparecer y, por lo tanto, los autores y editoriales locales no tendrán el espacio para ubicar y vender sus obras, puesto que las grandes cadenas de librerías no reciben sus libros.
Y sabemos muy bien que la producción y circulación de la literatura local es la base fundamental del arraigo cultural de un lugar.
En un mundo hiperconectado donde los relatos están uniformados, la literatura local es un acto de resistencia cultural que garantiza la diversidad de voces, custodia el lenguaje regional y resguarda un patrimonio simbólico de cara al futuro.
Y en el medio de todo eso, las librerías independientes tenemos un rol clave en la circulación de esa cultura.
Solicito encarecidamente a nuestros diputados y senadores nacionales que representan a la provincia de Mendoza que rechacen la derogación de la Ley 25.542, en resguardo de nuestra identidad nacional y provincial.