NOTICIAS. La iniciativa, presentada por el senador Dugar Chappel del Partido Verde, propone una rebaja transitoria de alícuotas por 24 meses para aliviar la presión tributaria sobre el comercio, la industria y las economías regionales ante la crisis económica.
El escenario de contracción económica y retracción del consumo que afecta a la provincia de Mendoza ha encendido las alarmas en el sector político. Con el objetivo de generar medidas de alivio para el entramado productivo, el senador provincial Dugar Chappel, representante del bloque del Partido Verde, ingresó un proyecto de ley que busca la adecuación transitoria de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y del Impuesto de Sellos.
La propuesta legislativa surge como una respuesta fiscal «anticíclica» frente al severo diagnóstico que atraviesan los sectores clave de la provincia, como la vitivinicultura, el petróleo y el turismo. Según los fundamentos del proyecto, la presión tributaria actual desincentiva la inversión privada y empuja a muchas empresas hacia la informalidad o el cierre definitivo, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo mendocinos.
El impacto en la cadena de valor y el crédito
La iniciativa pone el foco en el carácter «plurifásica y acumulativa» de Ingresos Brutos, un tributo que genera un perjudicial efecto en cascada a lo largo de toda la cadena de valor. La meta de Chappel es aplicar reducciones diferenciadas, dándole prioridad a las actividades comerciales, de servicios y de economías regionales que posean un mayor contenido laboral.
Por otro lado, el proyecto apunta al Impuesto de Sellos, una carga que hoy encarece la firma de contratos jurídicos y comerciales, obstaculizando de forma directa el acceso al financiamiento y la inversión productiva. Con su reducción, se pretende dinamizar el mercado de alquileres comerciales y facilitar la instrumentación de nuevos acuerdos laborales.
Equilibrio fiscal bajo la lupa
Consciente de la delicada situación de las finanzas públicas, el proyecto establece que los beneficios impositivos tendrán una vigencia de 24 meses a partir de su promulgación. Lejos de proponer un desfinanciamiento del Estado, el texto contempla una cláusula de evaluación semestral coordinada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial. Esta auditoría periódica servirá para medir el impacto real en la recaudación y evaluar posibles prórrogas.
Desde el bloque del Partido Verde confían en que el costo fiscal inicial que demanden estas bajas tributarias será compensado progresivamente. El argumento central sostiene que el alivio fiscal provocará un aumento de la base imponible a través de una mayor formalización de contribuyentes y un fuerte estímulo a la demanda interna.
El proyecto, que invoca las facultades que la Constitución Provincial otorga a la Legislatura para establecer tributos de manera equitativa, ya inició su camino administrativo. Ahora la discusión se trasladará al recinto de la Cámara de Senadores, donde se pondrá a prueba el consenso político para otorgarle un auxilio económico a las pymes y productores mendocinos.