Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno redujo a ocho el número de ministerios nacionales, transfirió las competencias del histórico Ministerio del Interior al jefe de Gabinete y creó una nueva estructura política con dos vicejefaturas. También estableció una Secretaría de Vocería Presidencial y otra de Comunicación y Medios con dependencia directa de la Presidencia.
En una de las reformas institucionales más importantes desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei dispuso este jueves la eliminación del Ministerio del Interior, una de las carteras históricas de la administración nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La medida modifica la Ley de Ministerios y redefine el organigrama del Poder Ejecutivo nacional. A partir de ahora, el Gobierno quedará conformado por la Jefatura de Gabinete y ocho ministerios, mientras que todas las atribuciones que hasta ahora correspondían al Ministerio del Interior pasarán a depender directamente del jefe de Gabinete de Ministros.
El decreto fundamenta la decisión en «razones de gestión» y sostiene que la modificación resulta necesaria para optimizar el funcionamiento del Ejecutivo, centralizando competencias políticas, administrativas y federales en la Jefatura de Gabinete.
Un ministerio histórico deja de existir
La supresión del Ministerio del Interior representa uno de los cambios institucionales más significativos de las últimas décadas. Tradicionalmente, esa cartera fue el principal vínculo entre la Casa Rosada y las provincias, además de concentrar competencias vinculadas al federalismo, la política electoral, el régimen de partidos políticos, las relaciones con gobernadores, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde su creación, el Ministerio del Interior fue considerado una pieza clave de la gobernabilidad argentina, especialmente por su papel en la negociación política con las provincias y el Congreso.
Con el nuevo esquema, esas funciones no desaparecen, sino que son absorbidas por la Jefatura de Gabinete, que incorpora formalmente todas las responsabilidades políticas e institucionales que antes ejercía ese ministerio.
La Jefatura de Gabinete suma un poder sin precedentes
El DNU modifica de manera profunda el artículo 16 de la Ley de Ministerios y amplía considerablemente las competencias del jefe de Gabinete.
Además de las atribuciones constitucionales previstas en el artículo 100 de la Constitución Nacional, la Jefatura pasa a concentrar un amplio conjunto de funciones que abarcan:
- las relaciones con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires;
- la coordinación del régimen electoral y de los partidos políticos;
- la administración del Registro Nacional de las Personas (RENAPER);
- las políticas de federalización y descentralización;
- la relación fiscal entre Nación y provincias;
- las cuestiones institucionales y constitucionales;
- la administración de Turismo, Ambiente, Deportes, Ciencia y Tecnología;
- la coordinación de organismos internacionales vinculados a esas áreas;
- la administración de fondos nacionales específicos;
- la protección de comunidades indígenas;
- las políticas sobre fronteras y regiones;
- el Archivo General de la Nación;
- los símbolos patrios y actos oficiales.
En total, el nuevo artículo incorpora 87 atribuciones para la Jefatura de Gabinete, consolidándola como el principal centro político y administrativo del Gobierno nacional.
Dos vicejefaturas para administrar la nueva estructura
Como consecuencia del crecimiento de responsabilidades, el decreto crea dos nuevas figuras dentro de la Jefatura de Gabinete.
El jefe de Gabinete será asistido por:
- un Vicejefe de Gabinete;
- un Vicejefe de Gabinete del Interior.
Ambos tendrán rango de secretario y podrán recibir delegaciones de funciones del jefe de Gabinete.
La creación de una Vicejefatura del Interior busca preservar un área específica para el manejo de las relaciones federales y de las competencias transferidas desde el ministerio eliminado, aunque ya sin rango ministerial.
Ocho ministerios
Con la reforma, el Gabinete nacional queda integrado únicamente por ocho ministerios:
- Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
- Defensa;
- Economía;
- Justicia;
- Seguridad Nacional;
- Salud;
- Capital Humano;
- Desregulación y Transformación del Estado.
La decisión profundiza el proceso de reducción del tamaño del gabinete impulsado por Milei desde el inicio de su administración.
Nuevas secretarías presidenciales
El DNU también modifica la estructura de la Presidencia de la Nación mediante la creación de dos nuevas secretarías:
- Secretaría de Vocería Presidencial;
- Secretaría de Comunicación y Medios.
Ambas dependerán directamente del Presidente.
Además, la Secretaría de Vocería tendrá rango y jerarquía de ministro, al igual que las Secretarías General, Legal y Técnica y de Inteligencia de Estado.
El texto mantiene la Secretaría de Cultura dentro de la órbita presidencial, aunque sin otorgarle rango ministerial.
Transferencia automática de bienes y personal
La eliminación del Ministerio del Interior no implica la desaparición de su estructura administrativa.
El decreto establece que todos los bienes, partidas presupuestarias, organismos, unidades organizativas, contratos, personal y obligaciones serán transferidos automáticamente a la Jefatura de Gabinete hasta que se apruebe la nueva organización administrativa.
De esta manera, el Gobierno asegura la continuidad operativa de las áreas alcanzadas por la reforma.
Vigencia inmediata y control legislativo
Al tratarse de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la medida entró en vigencia desde su firma, el 2 de julio de 2026.
No obstante, el DNU deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que emitirá un dictamen para su posterior tratamiento en ambas cámaras, conforme al procedimiento previsto por la Ley 26.122.
Mientras no exista un rechazo expreso de ambas cámaras del Congreso, el decreto mantiene plena vigencia.
Una nueva etapa en la organización del Ejecutivo
La eliminación del Ministerio del Interior constituye uno de los cambios más relevantes en la estructura del Poder Ejecutivo desde la reforma constitucional de 1994. Más allá de la reducción numérica del gabinete, la decisión concentra en la Jefatura de Gabinete buena parte de las funciones políticas, institucionales y federales que históricamente estuvieron distribuidas en un ministerio específico.
El Gobierno sostiene que la reorganización permitirá una gestión más eficiente y una mayor coordinación administrativa. En términos políticos, la reforma también redefine el centro de gravedad del Poder Ejecutivo, al fortalecer el rol del jefe de Gabinete como principal articulador de la administración nacional y de la relación entre la Nación, las provincias y el Congreso.