COLUMNISTAS INVITADOS. A propósito de un informe que ubica a la provincia entre las de menor nivel de cumplimiento en transparencia fiscal, el legislador Dugar Chappel analiza la distancia entre el discurso de la austeridad y el control ciudadano. Advierte que no basta con publicar cifras contables: una democracia madura exige información accesible, comprensible y verificable sobre el destino de los recursos públicos.
El debate sobre las cuentas públicas de Mendoza suma un nuevo capítulo. Aunque el Gobierno provincial suele enarbolar la bandera del equilibrio y la previsibilidad fiscal, los recientes indicadores de cumplimiento en la Ley de Responsabilidad Fiscal han encendido luces de alarma sobre la accesibilidad y la profundidad de la información pública disponible.
En la siguiente columna de opinión, el legislador mendocino Dugar Chappel reflexiona sobre el verdadero significado de la transparencia. Para el autor, el presupuesto no es un mero formalismo contable, sino un programa político donde se plasman prioridades y criterios de gestión. Chappel sostiene que la austeridad sin control republicano resulta insuficiente y advierte que la confianza institucional de la provincia depende de abrir las puertas de la información a todos los ciudadanos, sin necesidad de que sean especialistas.
La columna completa de Chappel
El gobierno de Mendoza y la falta de transparencia fiscal
Hay palabras que, de tanto repetirse, corren el riesgo de perder su verdadero significado. Transparencia es una de ellas. Se la invoca en los discursos, se la incorpora a las leyes y se la menciona en los programas de gobierno. Pero la transparencia no consiste solamente en publicar información. Consiste, fundamentalmente, en permitir que la sociedad pueda conocer, comprender y controlar cómo se administran los recursos que le pertenecen.
Por eso el informe que ubica a Mendoza entre las provincias con menor nivel de transparencia fiscal no debería ser recibido como una simple estadística, ni mucho menos como una anécdota administrativa. La provincia retrocedió significativamente en el índice de cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y aunque haya cumplido con algunas obligaciones —como la publicación del Presupuesto 2026 y la información sobre deuda y personal—, el resultado general debería encender una señal de alarma.
El problema no es únicamente cuánto gasta un gobierno. Es también cómo gasta, en qué gasta, por qué gasta y quién puede controlar ese gasto.
Durante demasiado tiempo la discusión fiscal argentina estuvo reducida a una cuestión casi contable: déficit o superávit, deuda o equilibrio, ingresos o egresos. Sin embargo, detrás de cada número hay decisiones políticas. Cada partida presupuestaria expresa prioridades. Cada contratación pública revela criterios. Cada obra financiada y cada obra postergada hablan de una determinada concepción del Estado.
Por eso el presupuesto no debería ser un documento reservado a especialistas. Es, en definitiva, el programa político de un gobierno expresado en números.
Una democracia madura no puede exigirles a los ciudadanos que voten cada cuatro años y luego les cierre las puertas de la información durante el resto del mandato. La rendición de cuentas no es un gesto de buena voluntad de los gobernantes. Es una obligación republicana.
Y aquí aparece una cuestión particularmente importante para Mendoza. La provincia ha construido, a fuerza de relato y pauta publicitaria una imagen de administración ordenada, de equilibrio fiscal y de previsibilidad.
Quien reclama responsabilidad fiscal a la Nación, quien cuestiona el déficit, quien exige eficiencia en el uso de los recursos públicos y quien defiende una administración austera debe ser, necesariamente, el primero en garantizar la máxima transparencia en el ámbito que gobierna.
No alcanza con decir que las cuentas están ordenadas. Hay que demostrarlo de manera permanente, accesible y verificable.
El ciudadano no debería necesitar ser economista, contador o especialista en administración pública para saber cuánto recauda el Estado, cuánto gasta, cuánto debe, cuántos empleados tiene y cuáles son sus principales compromisos financieros. La información pública debe ser comprensible. Porque una información que formalmente existe, pero que resulta inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, es una forma incompleta de transparencia.
También hay una dimensión política que no puede ser ignorada.
En una época en la que la confianza en las instituciones se encuentra en crisis, la transparencia fiscal es una herramienta para recuperar credibilidad. La sociedad acepta con mayor facilidad los sacrificios cuando puede comprobar que los recursos se administran con criterios claros. La austeridad deja de ser una consigna y se convierte en una política legítima cuando está acompañada de información, controles y rendición de cuentas.
Por el contrario, cuando la información se vuelve opaca, fragmentaria o difícil de obtener, aparecen las sospechas. Y en política, muchas veces, la sospecha ocupa rápidamente el espacio que deja vacío la información.
Mendoza no puede darse ese lujo.
La provincia necesita inversiones, necesita generar empleo, necesita diversificar su economía y necesita recuperar dinamismo. Para eso requiere algo más que equilibrio fiscal: necesita instituciones confiables. Y la confianza no se construye solamente con superávit. También se construye con reglas claras, controles independientes y una ciudadanía que pueda saber qué hace el Estado con sus recursos.
La transparencia fiscal no es enemiga de la política. Es, precisamente, una de sus condiciones de legitimidad.
En definitiva, el informe debería ser leído como una oportunidad. No para descalificar a un gobierno ni para convertir un índice en un arma de combate partidario. Sino para preguntarnos si una provincia que aspira a proyectarse hacia el futuro puede conformarse con cumplir apenas con lo indispensable.
Mendoza debería aspirar a ser una referencia nacional no solo por su equilibrio fiscal, sino también por la calidad de sus instituciones. No basta con administrar mejor que otros. También hay que informar mejor que otros.
Cuando se trata del dinero público, la transparencia no es un detalle administrativo. Es la forma más concreta que tiene el Estado de demostrar que entiende que los recursos no le pertenecen al gobierno de turno, sino a la sociedad.
Y cuanto más se habla de austeridad, más necesario se vuelve hablar de transparencia.
Una no puede existir sin la otra.