COLUMNISTAS INVITADOS. El senador provincial Dugar Chappel denuncia maniobras de disciplinamiento político tras la sesión en la Legislatura, alertando sobre el paulatino deterioro de la división de poderes, la pérdida de independencia judicial y la alarmante concentración del poder en la provincia.
El recinto de la Cámara de Senadores de Mendoza se convirtió en el escenario de un tenso cruce que excede las habituales rispideces legislativas para transformarse en una seria advertencia institucional. El senador Dugar Chappel denunció haber recibido amenazas directas por parte de una de las máximas autoridades del cuerpo, Martín Kerchner, quien lo instó a «atenerse a las consecuencias» tras haber solicitado explicaciones sobre reiterados incumplimientos reglamentarios. Lo que para el oficialismo podría presentarse como un exabrupto propio del fragor del debate, para el legislador representa la manifestación visible de un problema estructural mucho más profundo: el progresivo deterioro de los contrapesos institucionales que sostienen a la república.
Lejos de victimizarse, Chappel inscribe este episodio dentro de un diagnóstico severo sobre la realidad política mendocina, donde la histórica calidad institucional de la provincia parece haber cedido terreno ante una preocupante concentración del poder efectivo. A través de una dura crítica que abarca desde las arbitrariedades en el Consejo de la Magistratura hasta el silencioso desplazamiento de fiscales que investigan al poder político, el senador expone una dinámica en la que las formas democráticas se mantienen intactas pero los límites reales al ejercicio del gobierno se diluyen día a día. A continuación, compartimos el texto completo con sus reflexiones.
La columna completa de Dugar Chappel
La amenaza como respuesta al debate político
Las amenazas que recibí en el recinto del Senado luego de la sesión no constituyen, a mi juicio, un episodio aislado ni un exabrupto producto del fragor del debate político. Son la manifestación visible de un problema mucho más profundo que atraviesa a Mendoza desde hace años: el progresivo deterioro de los contrapesos institucionales que deberían garantizar la vigencia plena de la república.
No escribo estas líneas desde el lugar de una víctima. La política exige convicciones firmes y una cuota inevitable de confrontación. Pero existe una diferencia fundamental entre el disenso democrático y la intimidación. Cuando la amenaza aparece como herramienta de disciplinamiento, ya no está en juego la suerte de un senador, sino la calidad de las instituciones que representan a todos los mendocinos.
Mis dichos en el recinto están blindados por la Constitución y por las prerrogativas propias de la función legislativa. Si Martín Kerchner consideraba que existía alguna infracción reglamentaria, tenía la obligación de señalarla en voz alta, ante todos los senadores y de cara a la sociedad. No lo hizo. Cuando solicité se me informara la razón del incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 203, 74 inc. 3 y 4, art. 181, 88, 89 y 90 del reglamento de la Cámara de Senadores se me contestó con sorna, agravios. Véase en la versión taquigráfica y filmaciones de la sesión a Martín Kerchner parándose y tirando en mi banca un libro parecido a un reglamento y la Vicegobernadora manifestando varias veces “vaya a estudiar a la casa”. Sin embargo, dichas conductas que podrían entenderse como faltas de respeto al Senador que está haciendo uso de la palabra lo entiendo como vicisitudes propias de la sesión. Mi queja es por lo ocurrido luego de la sesión.
En este caso, eligió acercarse a mi banca para decirme que me «atuviera a las consecuencias». Cada uno sabrá explicar el sentido de esa frase, pero difícilmente pueda confundirse con una observación reglamentaria o un intercambio parlamentario normal. En la nota de contestación empieza a mostrar las características de su amenaza. Utilizar la mayoría en mi contra.
Resulta llamativo que ahora pretenda colocarse en el lugar de víctima quien ocupa uno de los cargos institucionales más poderosos de la provincia y quien, en más de una oportunidad, ha intentado ejercer su poder sobre quienes no pensamos como él. He manifestado un no rotundo a obtener privilegios fuera del reglamento de la Cámara. Quizás sea esa independencia, y no otra cosa, la que todavía le resulta intolerable. Fui elegido para representar a los mendocinos, no para obedecer a quienes creen que el poder les concede el derecho de disciplinar a los demás.
Durante mucho tiempo Mendoza fue presentada como un ejemplo de calidad institucional. Sin embargo, detrás de esa imagen se fue consolidando una realidad que merece ser discutida con honestidad. La división de poderes, piedra angular de cualquier sistema republicano, parece haberse transformado en una referencia cada vez más lejana. El Poder Legislativo conserva sus rituales. Se debate, se discute y se vota. Cuando no se discute y no se vota (véase versión taquigráfica) se eliminan estos rituales.
Más preocupante aún es lo que ocurre con el Poder Judicial. La independencia judicial no se destruye necesariamente mediante una reforma espectacular ni mediante un acto de fuerza evidente. Se erosiona lentamente, decisión tras decisión, nombramiento tras nombramiento, mensaje tras mensaje. Las controversias que rodean desde hace años al Consejo de la Magistratura han contribuido a instalar una pregunta inquietante: ¿quién controla verdaderamente a quienes deben controlar al poder? Cuando los mecanismos de selección y promoción de magistrados son percibidos como espacios crecientemente influenciados por la política, la confianza ciudadana comienza a resquebrajarse.
A ello se suman episodios que han dejado profundas dudas en amplios sectores de la sociedad mendocina. Cada vez que un fiscal o un magistrado avanza sobre asuntos sensibles para el poder político y luego es desplazado, trasladado o apartado de determinados expedientes, idoneamente surge la sospecha de que existen límites implícitos acerca de lo que puede investigarse y lo que no. No me corresponde dictar sentencias ni reemplazar a los tribunales. Pero sí me corresponde advertir sobre el daño institucional que producen estas situaciones. Porque una democracia madura no debería temer jamás una investigación. Mucho menos cuando ella involucra a personas cercanas a quienes ejercen el gobierno. La transparencia fortalece a las instituciones; el silencio y las sospechas las debilitan.
Por eso considero que las amenazas recibidas deben interpretarse dentro de un contexto más amplio. Un contexto donde el poder parece concentrarse cada vez más alrededor de una única voluntad política capaz de proyectar su influencia sobre organismos que deberían actuar con plena autonomía. Las viejas monarquías no se caracterizaban solamente por la existencia de un rey. Se caracterizaban por una lógica de funcionamiento en la que todos conocían de antemano cuál era la voluntad que finalmente prevalecería. Había cortes, consejeros y deliberaciones, pero el desenlace estaba escrito antes de que comenzara la discusión.
No afirmo que Mendoza viva en una monarquía. Pero sí sostengo que la provincia corre el riesgo de acostumbrarse a una dinámica donde los controles existen formalmente mientras el poder efectivo se concentra cada vez más. Una dinámica donde la disidencia resulta tolerable siempre que no altere las decisiones fundamentales. Una dinámica donde algunos opositores parecen desempeñar el papel de opositores sin asumir realmente el costo de serlo.
Las amenazas que recibí no me harán cambiar de posición. Pero tampoco pienso minimizar su significado. Porque cuando un representative elegido por el pueblo es intimidado por ejercer su función, el problema deja de ser personal. Lo que está en juego es el derecho de todos los mendocinos a vivir en una provincia donde el poder tenga límites, donde la Justicia sea independiente y donde la oposición no sea una decoración institucional sino una voz auténtica de control y equilibrio.
Cuando una situación de esta naturaleza involucra a una de las máximas autoridades del Senado, el problema trasciende inevitablemente las diferencias personales o partidarias. Lo que queda comprometido es el principio básico según el cual todos los legisladores deben poder ejercer sus funciones con plena libertad, sin presiones ni condicionamientos provenientes de quienes ocupan posiciones de autoridad dentro de la propia institución.
Mendoza necesita recuperar una convicción elemental de toda república: ningún gobernador, por exitoso, popular o poderoso que sea, puede estar por encima de las instituciones. Los jueces no están para agradar al poder. Los fiscales no están para proteger al poder. Los legisladores no estamos para obedecer al poder. Cada uno cumple una función precisamente porque la democracia desconfía de la concentración del poder.
Por eso no me preocupa solamente la amenaza que recibí. Me preocupa el clima que la hace posible. Me preocupa la naturalidad con la que algunos creen que el que cuestiona merece ser disciplinado. Me preocupa que una parte de la dirigencia haya confundido gobernabilidad con obediencia y consenso con sumisión. Las repúblicas se construyen sobre la existencia de ciudadanos libres, de jueces independientes y de opositores capaces de decir que no. Cuando esas tres cosas empiezan a escasear, la democracia conserva sus formas, solo sus formas.