NOTICIAS. El avance de pesqueros extranjeros, un choque entre activistas y una empresa noruega por la captura de krill y la detección de turismo ilegal en el extremo sur exponen una creciente disputa por los recursos marítimos chilenos, con impacto económico, ambiental y geopolítico. Lo cuenta este domingo El Mercurio/Emol.com.
Un escenario cada vez más complejo se despliega en los mares chilenos. El aumento de flotas extranjeras cerca del límite de la Zona Económica Exclusiva, episodios de confrontación en la Antártida y denuncias por pesca ilegal volvieron a poner en agenda una disputa silenciosa por los recursos marítimos del país trasandino.
El punto más tenso se vivió a fines de marzo, cuando un buque ambientalista chocó deliberadamente contra un pesquero noruego en aguas antárticas. El episodio, que involucra la captura de krill —un pequeño crustáceo clave para el ecosistema—, expuso un conflicto que especialistas ya bautizan como la “guerra del krill”.
Choque en la Antártida y conflicto abierto
El incidente ocurrió el 31 de marzo en el estrecho de Bransfield, donde la embarcación “Bandero”, vinculada a una ONG ambientalista, colisionó contra el pesquero “Antarctic Sea”, operado por la empresa noruega Aker Qrill.
Según la organización, la acción buscó frenar la pesca industrial de krill, recurso fundamental en la cadena alimentaria de ballenas, focas y pingüinos. Durante más de cinco horas, los activistas interrumpieron operaciones de buques pesqueros.
Desde la Armada chilena ordenaron cesar las maniobras y mantener distancia, mientras que los ambientalistas defendieron su accionar, calificando la situación como una “bomba ambiental”.
El episodio escaló diplomáticamente: Chile prevé informar lo ocurrido a organismos internacionales que regulan la actividad en la Antártida.
Presión de flotas extranjeras
Pero el conflicto no se limita al extremo sur. En el norte, pescadores artesanales denunciaron la presencia de más de 50 embarcaciones extranjeras —en su mayoría vinculadas a flotas chinas— operando cerca de las 200 millas marítimas.
Si bien las autoridades chilenas aseguran que no se detectaron incursiones ilegales dentro de la zona exclusiva, informes internacionales advierten un fuerte crecimiento de la actividad pesquera en alta mar.
Un reporte reciente indicó que en 2024 operaron 528 buques poteros en el Pacífico Sudeste, el doble que una década atrás. Esa flota concentra casi el total de la pesca de calamar fuera de jurisdicciones nacionales, lo que genera preocupación por la sobreexplotación.
Para los pescadores, el impacto ya se siente: aseguran que la jibia escasea desde hace meses y vinculan la caída con la presión externa.
Reclamos políticos y advertencias
El tema también llegó al Congreso chileno. Legisladores oficialistas y opositores coincidieron en que la situación representa una amenaza a la soberanía marítima.
Desde la comisión de Pesca plantean impulsar leyes contra la pesca ilegal y reforzar la presencia estatal en el mar. También piden mayor coordinación con Defensa y la Armada.
Además, alertan por la necesidad de equilibrar la actividad entre pesca artesanal e industrial, garantizando sustentabilidad ambiental.
Turismo ilegal en la Antártida
En paralelo, otro foco de conflicto surgió con embarcaciones extranjeras que ofrecían viajes turísticos ilegales a la Antártida.
En las últimas semanas, autoridades chilenas incautaron un velero francés que vendía expediciones sin autorización, con paquetes que superaban los 12.000 euros. El caso se suma a otros detectados en 2025, donde yates ingresaban al país bajo excusas privadas pero operaban comercialmente.
Un tablero en disputa
El conjunto de estos episodios revela un mismo trasfondo: la creciente presión sobre los recursos marítimos chilenos, tanto en el Pacífico como en la Antártida.
Entre la pesca industrial, los intereses internacionales y la fragilidad de los ecosistemas, Chile enfrenta una disputa que, aunque silenciosa, gana intensidad y podría redefinir el control de sus mares en los próximos años.