Una encuesta de la consultora Opinión Mendoza realizada tras la polémica por amenazas con armas en escuelas revela alta preocupación, críticas a la respuesta oficial y demandas de mayor firmeza. El estudio se basó en 405 madres del Gran Mendoza.
La reciente ola de amenazas vinculadas al uso de armas en escuelas del Gran Mendoza dejó una marca profunda en la percepción social. Según un relevamiento de Opinión Mendoza, realizado entre el 17 y el 20 de abril de 2026, la evaluación de las acciones oficiales aparece atravesada por la desconfianza, la preocupación y una fuerte demanda de respuestas más contundentes.
El dato más contundente del estudio es la percepción sobre la preparación del sistema educativo: el 87% de las madres consultadas considera que las escuelas no están preparadas para actuar ante un incidente de violencia armada, frente a apenas un 6% que cree que sí lo están y un 7% que no tiene opinión formada. Este resultado no solo marca una mayoría abrumadora, sino que revela un problema estructural de confianza en los protocolos, la capacitación y la capacidad de respuesta institucional.
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El clima emocional acompaña esa percepción. Ante la pregunta sobre el nivel de preocupación por las amenazas recientes, el promedio alcanza un 8,7 sobre 10, un valor que ubica el tema en niveles de alarma social muy altos. Apenas un 3% declaró no estar al tanto o no tener opinión, lo que indica que el fenómeno logró una penetración casi total en la agenda cotidiana de las familias.
Sin embargo, esa preocupación no se traduce en un respaldo claro a las decisiones adoptadas. La evaluación de la medida de la Dirección General de Escuelas (DGE) de mantener las clases con normalidad arroja un 5,5 sobre 10, una calificación que refleja una percepción ambivalente, más cercana a la desaprobación que al aval. No hay, en ese punto, un rechazo categórico, pero sí una señal clara de que la decisión no logró generar tranquilidad.
Más nítida aún es la opinión sobre una de las medidas más discutidas: la implementación de restricciones como asistir sin mochilas o con bolsas transparentes. Allí, las respuestas se dividen, pero con predominio de la crítica. Un 44% considera que la medida es insuficiente, mientras que un 32% la califica como excesiva y solo un 24% la apoya. El dato es revelador: las políticas no solo generan dudas sobre su eficacia, sino que también abren tensiones respecto de sus límites, entre quienes piden más acción y quienes cuestionan posibles excesos.
Donde sí aparece un consenso más claro es en la necesidad de sanciones. La gran mayoría de las encuestadas se muestra a favor de aplicar el Código Contravencional a los padres de alumnos que realicen amenazas falsas, con una adhesión dominante frente a opciones más moderadas como limitar la sanción a casos graves o rechazarla. Aunque el estudio no precisa el porcentaje exacto en este punto, la tendencia es inequívoca: hay una demanda social de responsabilidad y consecuencias.
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El relevamiento, centrado en madres del Gran Mendoza —con predominio de mujeres de entre 45 y 54 años (43%)— y con un margen de error de ±5%, ofrece una radiografía precisa del momento: alta preocupación, baja confianza en la preparación institucional y evaluación crítica de las medidas.
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