COLUMNISTAS INVITADOS. Escribe Rubén de la Llana. Tras la aprobación de PSJ Cobre Mendocino, el presidente de la Fundación Alberdi analiza los datos de la economía nacional y plantea que los beneficios para las grandes inversiones deben transformarse en un «puente» hacia la baja de impuestos y la simplificación de reglas para todas las pymes.
Las señales de la macroeconomía argentina de mediados de 2026 muestran una realidad compleja y a dos velocidades: mientras la inflación desacelera, las cuentas públicas registran superávit y las exportaciones marcan récords, la actividad industrial y el uso de la capacidad instalada siguen mostrando signos de cautela. En este escenario, la estabilización resulta una condición necesaria pero no suficiente; la verdadera reactivación requiere previsibilidad, seguridad jurídica y el fin de las trabas burocráticas.
La reciente aprobación del ingreso del proyecto PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representa una oportunidad histórica para diversificar la matriz productiva de la provincia. Sin embargo, la medida expone una paradoja de fondo: para atraer capitales es necesario sacarlos del sistema general. En el siguiente artículo de opinión, Rubén de la Llana advierte sobre el riesgo de convertir la excepción en un privilegio permanente y propone la creación de un RIGI provincial que funcione como un prototipo de alivio fiscal y desregulación para todo el entramado productivo mendocino.
La columna completa de Rubén de la Llana
La estabilización es el piso
Desde la perspectiva del pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía (EAE), el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria no son adornos contables: permiten que los precios transmitan información, los empresarios calculen y el ahorro vuelva a financiar inversiones de largo plazo. Si recordamos los años pasados, con una moneda que perdía valor a toda velocidad, se acortaban los plazos y mucha energía empresarial se dedicaba a defenderse de la inflación, no a producir mejor.
Ahora bien, ordenar la macro no crea automáticamente capital, productividad ni empleo. Sólo retira obstáculos; es mucho, pero no alcanza; es una condición necesaria, pero no suficiente. La inversión aparece cuando las personas confían en que podrán conservar legítimamente el resultado de sus decisiones; cuando las reglas son previsibles; cuando contratar, importar un insumo, exportar o ampliar una fábrica no requiere atravesar una romería administrativa. Estabilizar evita seguir destruyendo el tablero, pero después hay que permitir que los jugadores hagan su trabajo.
Alberdi entendió esa secuencia con una claridad meridiana. La riqueza no nace de una resolución ministerial, sino del trabajo, el capital, la industria y el comercio protegidos por la Constitución. El Estado no debe adivinar qué sector será exitoso, sino asegurar propiedad, contratos, igualdad ante la ley y apertura al intercambio. La prosperidad la construyen millones de decisiones descentralizadas.
Una excepción que revela el problema
En este contexto, la aprobación del ingreso de PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones constituye una excelente noticia para la provincia. El proyecto prevé una inversión total de USD 891 millones —USD 630 millones durante la construcción— y podría ubicar a Mendoza entre los nuevos polos exportadores de cobre del país. Una inversión de largo plazo moviliza proveedores, conocimiento e infraestructura mucho más allá del yacimiento.
La minería puede diversificar la matriz productiva, generar exportaciones y abrir oportunidades para la ingeniería, la construcción, la metalmecánica, el transporte y los servicios profesionales. Los beneficios no aparecerán solos, pero existe una oportunidad concreta que debemos aprovechar para diversificar la matriz productiva de la provincia, ya que Mendoza no puede vivir indefinidamente sólo de sus actividades tradicionales.
Sin embargo, el RIGI contiene una paradoja que conviene discutir sin consignas. Ofrece estabilidad tributaria, previsibilidad regulatoria, acceso a divisas y protección frente a cambios arbitrarios precisamente porque el régimen económico ordinario no ofrece suficientemente esas garantías. Es comprensible: quien inmoviliza cientos de millones durante décadas necesita saber que las reglas no cambiarán a mitad del partido. Pero la pyme que compra una máquina o amplía un galpón también arriesga capital, aunque lo haga en otra escala. Entonces, la tesis es que si para que una inversión resulte viable hay que sacarla del sistema general, el problema no es la inversión: es el sistema general.
El RIGI puede justificarse como puente para recuperar credibilidad después de décadas de incumplimientos. El país no puede pedirle al inversor que olvide de un día para otro defaults, controles y cambios tributarios retroactivos. Lo peligroso sería transformar ese puente en una isla permanente, rodeada por un océano de impuestos distorsivos, percepciones, regulaciones superpuestas y trámites interminables que siguen soportando las pymes. La excepción tiene sentido si funciona como prototipo de la regla futura. De otro modo, celebraríamos un privilegio porque renunciamos a corregir el régimen común.
El límite institucional también importa
Aquí aparece una dificultad política y constitucional. El Gobierno nacional no tiene mayoría propia en el Congreso y, por lo tanto, una reforma tributaria general exige negociar con otros bloques. Es razonable pensar que esa debilidad parlamentaria favorece el uso de instrumentos acotados como el RIGI. Pero no explica todo: el régimen fue creado por una ley del Congreso y procura resolver no sólo el nivel de los impuestos, sino también la desconfianza acumulada frente a las reglas de largo plazo.
La falta de mayoría tampoco habilita a generalizar el RIGI por decreto. La Constitución reserva al Congreso la materia tributaria y prohíbe que los decretos de necesidad y urgencia la regulen. El Ejecutivo puede administrar lo que la ley ya autorizó: fijar procedimientos, precisar actividades dentro de los sectores previstos, establecer montos dentro del rango legal o prorrogar el plazo de adhesión. Lo que no puede hacer es agregar libremente nuevos sectores, reducir el piso legal de USD 200 millones o extender exenciones a toda la economía. Eso ya no sería reglamentar, sino legislar.
Si la respuesta a la falta de votos fuera reemplazar al Congreso, el remedio lesionaría las instituciones que se pretende volver previsibles. El camino constitucional es más lento y obliga a acordar, pero ofrece una garantía decisiva: que las reglas importantes no dependan de un solo funcionario y puedan sobrevivir al cambio de gobierno.
Esta limitación nacional abre, sin embargo, un espacio concreto para las provincias. Mendoza no puede modificar Ganancias, el IVA, los derechos aduaneros o el régimen cambiario. Sí puede revisar sus propios impuestos, tasas, habilitaciones y procedimientos. Allí un régimen provincial de inversión podría servir como segundo escalón del puente.
Un RIGI mendocino como transición
Mendoza ya adhirió al RIGI nacional mediante la Ley 9.567. Fue una decisión correcta, pero no equivale a tener un RIGI provincial de alcance más amplio. La adhesión acompaña las garantías para los grandes proyectos comprendidos por la ley nacional; no crea, por sí sola, un régimen para inversiones industriales, agropecuarias, turísticas, tecnológicas o logísticas que resultan relevantes para la provincia, pero se intuye que no alcanzarían los USD 200 millones de inversión por proyecto.
Un régimen mendocino podría actuar sobre Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, Automotor, tasas administrativas y plazos de habilitación. Podría reducir Ingresos Brutos sobre la actividad incremental generada por una inversión, eximir de Sellos los contratos y la financiación vinculados al proyecto, acelerar la devolución de saldos a favor y garantizar durante un período definido que la carga provincial no será agravada. No ofrecería la cobertura nacional del RIGI, pero atacaría una parte concreta del costo de invertir.
La idea tiene sentido como transición porque permite observar cómo responde la inversión al alivio de impuestos y trámites, construir reputación institucional y ordenar el cambio sin poner en riesgo las cuentas públicas. Mendoza esta relativamente ordenada en sus finanzas públicas y ese activo debe cuidarse: el objetivo no es volver al déficit, sino gastar mejor para poder cobrar menos.
Por eso, el régimen debería nacer por ley, con criterios automáticos y verificables. Tendrían que poder ingresar empresas nuevas y también firmas existentes que amplíen capacidad, incorporen tecnología o creen empleo formal. Los beneficios deberían aplicarse a la inversión y a la actividad incremental, no premiar simplemente lo que ya se hacía. Y el acceso no debería depender de que un funcionario declare a una empresa ‘estratégica’. Desde una mirada desde la EAE, ningún comité posee la información dispersa necesaria para elegir de antemano a los futuros ganadores.
La pieza municipal y el riesgo de otra isla
Un verdadero RIGI mendocino también necesitaría a los municipios. La Provincia puede reducir Ingresos Brutos o Sellos, pero las comunas cuentan con sus propias ordenanzas y tasas. La solución no consiste en desconocer esa autonomía, sino en ofrecer un convenio y una ordenanza modelo a la que cada concejo deliberante pueda adherir. Provincia y municipio deberían presentar al inversor una ventanilla coordinada, con plazos comunes y una carga local previsible.
También conviene distinguir una tasa genuina de un impuesto disfrazado. Si el municipio presta un servicio, puede cobrarlo. Pero cuando la tasa se calcula sobre la facturación sin relación razonable con ese costo, termina funcionando como otro Ingresos Brutos. Un pacto provincial-municipal debería transparentar el vínculo y evitar que una jurisdicción compense con nuevas tasas el alivio concedido por otra.
El diseño tendría que incluir un plazo de cinco o diez años, publicidad del costo fiscal, evaluación anual y cláusula de vencimiento. También debería evitar cupos de contenido local que encarezcan la inversión. Los proveedores mendocinos deben crecer por capacidad, calidad y precio, no porque una norma obligue a contratarlos.
Queda, finalmente, el problema más delicado: un régimen provincial también puede convertirse en otra isla. Si unas pocas empresas reciben estabilidad mientras el resto continúa bajo impuestos acumulativos y saldos a favor eternos, habremos reducido el tamaño del privilegio, pero no cambiado su naturaleza. La igualdad ante la ley no exige tratar de manera idéntica todas las situaciones, aunque sí demanda que las diferencias tengan una justificación objetiva y que no se transformen en favores negociados.
De la excepción a la regla
Por eso, el RIGI provincial no debería aprobarse primero para recién después pensar qué hacer con el régimen común. Conviene legislar simultáneamente el puente y el destino: beneficios temporales para inversiones nuevas y un cronograma gradual de reducción tributaria para todas las empresas. A medida que baje la alícuota general de Ingresos Brutos, la ventaja especial debería perder importancia. Sellos podría eliminarse primero para la inversión productiva y luego para el resto de las operaciones.
La minería tampoco debe pensarse como sustituto de la vitivinicultura, la agroindustria o la manufactura. Según el INV, en el primer semestre de 2026, las exportaciones de vino crecieron 14,2% en volumen, pero apenas 2,6% en facturación. La tarea no consiste en decidir si Mendoza será minera o vitivinícola, sino en crear condiciones para que ambas actividades —y muchas otras aún no imaginadas— puedan competir e innovar.
La Argentina necesita grandes inversiones, pero también miles de decisiones menos fotogénicas: una máquina, una perforación, un sistema de riego, una ampliación de bodega o cinco nuevos trabajadores. Allí se juega el empleo cotidiano. El éxito de ambos regímenes debería medirse por su capacidad para demostrar que la estabilidad, la previsibilidad fiscal y el respeto de los contratos alargan el horizonte de todos.
PSJ Cobre Mendocino puede convertirse en un hito para la provincia. Ojalá lo sea. Pero el verdadero salto Alberdiano ocurrirá cuando producir bajo reglas claras deje de ser una excepción negociada para convertirse en el derecho común de todo empresario, grande o pequeño. El RIGI habrá cumplido plenamente su función cuando ya no necesitemos islas de libertad porque la libertad sea el continente.