«Histórico, lo califican». Un resumen del artículo publicado por Biobío en la que se pone en valor la decisión tomada por el gobeirno argentino sobre la Ruta 7, el Corredor Bioceánico.
En Chile, la prensa sigue con atención —y cierta expectativa— el anuncio del gobierno argentino sobre la remodelación integral de la Ruta Nacional 7 en el tramo de alta montaña que une Mendoza con el paso internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. En una crónica firmada por el periodista Nico Nicolli para BioBioChile, el proyecto es presentado como un “histórico cambio” en el modelo de financiamiento de obras públicas en Argentina, al adoptar un esquema de concesión 100% privada, similar al sistema chileno.
Según detalla el medio trasandino, la licitación —formalizada mediante la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía argentino y enmarcada en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A.— prevé una inversión cercana a los 300 millones de dólares para la reparación estructural del corredor bioceánico más importante de Sudamérica. La concesión incluirá construcción, ampliación, mantenimiento, remodelación de más de 20 puentes y la implementación de nuevos peajes para recuperar la inversión. BioBioChile subraya que se trata de una vía estratégica para el Mercosur y clave para el turismo y el comercio bilateral: solo en 2025 más de un millón de argentinos ingresaron a Chile por ese paso, según datos oficiales citados en la nota.
El enfoque chileno pone especial énfasis en dos aspectos. Por un lado, el cambio de paradigma impulsado por el presidente argentino Javier Milei, quien había prometido aplicar un modelo “a la chilena” de concesiones, trasladando al sector privado la ejecución y explotación de la infraestructura. Por otro, el estado crítico de la ruta, considerada la más peligrosa del país en su tramo de alta montaña, con curvas de alto riesgo, túneles, grietas y señalización deficiente, y con 13 víctimas fatales registradas en 2025 en territorio mendocino. Para la prensa chilena, el proyecto no solo implica una mejora vial largamente esperada, sino también una señal política y económica sobre el rumbo de la integración regional y la modernización de uno de los corredores más sensibles del vínculo entre Argentina y Chile.