Hoy vamos a explicar los puntos más importantes de la reciente reglamentación de la reforma laboral, publicada en el boletín oficial a través del decreto 847. Esta reglamentación es fundamental para que la ley bases, que aprobó la reforma, comience a aplicarse. Sin embargo, su implementación enfrentará resistencias debido a los privilegios y factores de poder en juego.

Uno de los puntos clave de esta reforma es el blanqueo de impuestos, que busca reducir el alto nivel de informalidad en el mercado laboral argentino. Actualmente, la mayoría de los trabajadores están en negro, lo que afecta gravemente la tributación y dificulta la financiación de sectores como las jubilaciones. Se estima que por cada 20 trabajadores activos, solo se puede sostener a un jubilado, un reflejo de la informalidad existente.

Entre los beneficios del blanqueo destacan la condonación del 70% de la deuda por capital e intereses de los aportes y contribuciones patronales, cifra que aumenta al 90% para microempresas y al 80% para las medianas. Además, la reglamentación también incluye la eliminación del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL) y reconoce hasta 60 meses de servicios para el sistema jubilatorio.

Otro punto importante es la creación de un nuevo sistema de cesantía laboral, que reemplazará el sistema de indemnización actual. Este nuevo esquema permitirá a las partes negociar, en el marco del convenio colectivo, tres opciones: la cancelación individual, un fondo de cesantía colectivo, o un sistema de seguro individual o colectivo.

En cuanto a la simplificación laboral, se buscará facilitar el proceso de registración para fomentar la formalidad. A partir de ahora, cualquier inscripción en los sistemas de la AFIP será suficiente para considerar registrado el contrato de trabajo.

Respecto a la presunción de contratos, la ley bases invierte la presunción de relación laboral. Es decir, cuando se contraten obras o servicios y se emitan los recibos o facturas correspondientes, ya no se presumirá una relación laboral permanente.

En términos de solidaridad entre empresas, el artículo 92 establece que la empresa principal podrá retener pagos a contratistas o intermediarios en caso de deudas con el sistema de seguridad social.

Uno de los cambios más discutidos es la extensión del periodo de prueba, que se amplía de tres a seis meses, y puede llegar a un año si se acuerda en el convenio colectivo. En cuanto a la licencia por maternidad, se redujo el plazo antes del parto de 30 a 10 días.

Finalmente, la reglamentación introduce mayor flexibilidad para los trabajadores independientes, permitiéndoles contar con hasta tres colaboradores también independientes, y garantizará la posibilidad de trabajar simultáneamente con otros contratos.

Estos cambios suponen una transformación profunda en el mercado laboral, pero generarán un fuerte debate con los sindicatos, que ya han expresado sus críticas a varias de las medidas.