COLUMNISTAS INVITADOS. A cinco décadas del 24 de marzo de 1976, un análisis sobre la degradación institucional, la violencia política de los años setenta y el quiebre ético que significó la implementación de un sistema represivo al margen de toda ley.
Entre la memoria, la búsqueda de la verdad y la inevitable disputa por el sentido del pasado, esta efeméride reclama hoy una mirada más amplia: menos ritualizada y más rigurosa. Para comprender el alcance de lo ocurrido, es imperativo analizar no solo el desenlace, sino el proceso de degradación progresiva del orden institucional que llevó a la Argentina a sus «años de plomo».
La violencia política no fue un rayo en un cielo sereno; se incubó en la incapacidad del sistema para procesar conflictos, en la radicalización de sectores y en una pérdida de autoridad estatal que terminó legitimando la fuerza como herramienta política. En ese escenario, organizaciones armadas como Montoneros y el ERP desafiaron abiertamente al Estado con acciones que no pueden ser ni relativizadas ni romantizadas. Sin embargo, el núcleo de la tragedia argentina reside en la respuesta del aparato estatal: con el golpe de 1976, el Estado no solo aplicó una represión feroz, sino que decidió convertirse en la negación misma de la legalidad.
Al abandonar su rol de garante del derecho para transformarse en un sistema organizado de ilegalidad —con centros clandestinos, torturas y desapariciones—, el Estado destruyó el principio básico de cualquier comunidad política: que el poder debe estar sometido a la ley. A continuación, un recorrido por las lecciones de un pasado que aún nos interpela para sostener una memoria que no sea ni negacionista ni selectiva.
La columna completa de Sergio Bruni
Cuando el Estado eligió la ilegalidad: 50 años después
El 24 de marzo, es una fecha atravesada por tensiones, entre memoria, verdad y la inevitable disputa por el sentido del pasado, precisamente por eso, reclama una mirada amplia, menos ritualizada y más rigurosa.
Hablar de aquellos años —los llamados “años de plomo”— implica reconocer, en primer lugar, que la Argentina llegó a ese punto tras un proceso de degradación progresiva del orden institucional. La violencia política no irrumpe de un día para el otro: se va incubando en la incapacidad del sistema para procesar conflictos, en la radicalización de sectores, en la pérdida de autoridad del Estado y en la creciente legitimación de la violencia como herramienta de acción política.
En ese clima operaron organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, que desafiaron abiertamente al Estado con atentados, secuestros y asesinatos. Su accionar no puede ser relativizado ni romantizado: fue violencia política concreta que buscó imponer un proyecto por la vía de las armas, erosionando aún más un sistema ya debilitado.
Sin embargo —y aquí reside el núcleo de la cuestión— la respuesta estatal no solo fue desproporcionada, sino que rompió con los principios más elementales del Estado de derecho. Con el golpe del 24 de marzo de 1976, el aparato estatal dejó de ser garante de la legalidad para convertirse en su negación. No se trató simplemente de una represión dura: fue un sistema organizado de ilegalidad.
La desaparición forzada de personas, los centros clandestinos de detención, la tortura sistemática, la apropiación de menores y la eliminación de toda garantía judicial no fueron desviaciones individuales, sino una política deliberada. El Estado actuó en las sombras, sin registros, sin jueces, sin defensa, sin parámetros. Y en ese tránsito, destruyó el principio básico sobre el cual se sostiene cualquier comunidad política: que el poder está sometido a la ley.
Ese es el punto de inflexión que distingue ese período. Porque cuando el Estado, que detenta el monopolio de la fuerza, decide ejercerla fuera de todo marco legal, el ciudadano queda completamente desprotegido. Ya no hay instancia de apelación posible. La ley deja de ser un escudo y se convierte en una ficción.
Ahora bien, una mirada madura sobre este período también debe reconocer que la memoria en la Argentina ha atravesado distintas etapas, no siempre exentas de fricciones y usos interesados. Hubo momentos de silencio, momentos de justicia, momentos de retroceso y también momentos de reapropiación política del pasado. La memoria no es estática: es un campo en disputa.
En ese sentido, el valor excepcional de la recuperación democrática en 1983 radica en la decisión de enfrentar ese pasado desde el derecho y no desde la revancha. El liderazgo de Raúl Alfonsín fue clave en este punto. En un contexto extremadamente frágil —con Fuerzas Armadas aún con capacidad de presión— se impulsó el histórico Juicio a las Juntas.
Ese juicio no fue solo un proceso judicial: fue una declaración de principios. Por primera vez en la historia contemporánea, un país juzgaba a sus propias cúpulas militares en tribunales civiles, respetando garantías procesales. No se trató de justicia sumaria ni de tribunales de excepción, sino de derecho aplicado incluso frente a quienes lo habían negado sistemáticamente.
Ese juicio ajustado a derecho tuvo un valor fundacional. Marcó un límite: el de que incluso en los contextos más extremos, la legalidad no puede ser suspendida sin consecuencias devastadoras. Y también dejó una enseñanza más profunda: la democracia no se construye solo con elecciones, sino con instituciones capaces de resistir la tentación del poder sin control.
A cincuenta años, el desafío no es repetir consignas, sino sostener una memoria que no sea ni negacionista ni selectiva. Negar los crímenes del Estado es una forma de degradación moral. Pero también lo es simplificar la historia hasta convertirla en un relato unidimensional que omite la complejidad del contexto en el que esos hechos ocurrieron.
La Argentina necesita una memoria exigente. Una que reconozca todas las violencias, pero que entienda con claridad que no todas tienen la misma naturaleza ni el mismo peso institucional. Una que no utilice el pasado como herramienta de facción, sino como fundamento de un consenso básico: que la ley está por encima de cualquier proyecto político.
Porque si algo enseñaron aquellos años es que la ilegalidad del Estado no trae orden, sino arbitrariedad; no trae seguridad, sino miedo; no trae justicia, sino impunidad estructural. Y que una vez que esa línea se cruza, el costo humano, institucional y moral es inmenso.
El “Nunca Más” no debería ser una consigna vacía ni un patrimonio de un sector. Debería ser un acuerdo profundo, transversal, casi constitutivo. Una frontera que ninguna circunstancia —por extrema que sea— vuelva a justificar cruzar.
A cincuenta años del golpe, la verdadera conmemoración no está en el ritual, sino en la vigencia de ese límite. En la convicción de que el Estado, aun frente al conflicto más grave, debe permanecer dentro de la ley. Porque cuando se sale de ella, no solo se pierde el presente: se compromete el futuro.