NOTICIAS. Un sector del radicalismo, alineado con Martín Lousteau y Pablo Juliano, envió una carta formal al presidente de la Cámara de Diputados para impugnar la utilización de la marca partidaria por parte del bloque oficial de la bancada. Denuncian un apartamiento «ostensible» de las tradiciones e identidad del partido.
La profunda fractura que atraviesa la Unión Cívica Radical (UCR) sumó un capítulo de máxima tensión institucional en la Cámara de Diputados de la Nación. En una jugada política que promete recalentar el clima legislativo y partidario, un grupo de dirigentes e integrantes del espacio presentó una solicitud formal ante el presidente del cuerpo, Martín Menem, para que se revise y suspenda la utilización de la denominación «Unión Cívica Radical» por parte del bloque parlamentario conducido por la diputada mendocina Pamela Verasay.
La nota, fechada el 24 de junio de 2026, lleva las firmas de referentes clave del partido, entre ellos Mariela Coletta, Pablo Juliano, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y el presidente del comité nacional de la UCR, Martín Lousteau. El planteo apunta directamente al corazón de la representación legislativa y expone la irreconciliable distancia ideológica que divide hoy al radicalismo en el Congreso.
Una disputa por los principios históricos
El argumento central del documento sostiene que la actual conducción de la bancada oficial de la UCR adoptó posiciones políticas, legislativas e institucionales que colisionan de frente con la doctrina histórica del partido. Según los firmantes, el bloque liderado por Verasay se ha apartado «de manera ostensible de los principios históricos, los valores democráticos y las tradiciones republicanas que caracterizaron a la Unión Cívica Radical desde sus orígenes».
La presentación advierte que en la Cámara baja conviven diputados y diputadas nacionales que, siendo afiliados legítimos a la UCR, no se sienten en absoluto representados por la línea oficial del bloque. Ante esta situación de acefalía identitaria, exigen que la marca «Unión Cívica Radical» sea preservada institucionalmente y quede en suspenso hasta que las autoridades partidarias competentes resuelvan las controversias internas sobre la representación del radicalismo en el ámbito parlamentario.
Resguardar la identidad centenaria
Los impulsores de la medida aclararon en el texto que la petición no busca cercenar la libertad de organización de los legisladores ni entrometerse en el funcionamiento interno de las bancadas. Por el contrario, definen la maniobra como un acto de protección hacia un patrimonio político e histórico que excede las conducciones de turno.
«La presente solicitud no persigue limitar la libertad de organización de los bloques parlamentarios ni interferir en su funcionamiento interno, sino resguardar una identidad política centenaria que excede a cualquier conducción circunstancial y que forma parte del patrimonio histórico, democrático e institucional de la República Argentina», reza el tramo final del documento enviado a Menem.
La pelota queda ahora del lado del presidente de la Cámara de Diputados, quien deberá definir el curso administrativo y legal de una impugnación que, en el fondo, es puramente política. Mientras el radicalismo debate su rol frente al mapa de poder actual, la guerra por los símbolos y las siglas entra formalmente al despacho principal del Congreso.
