El senador Dugar Chappel presentó un pedido de informes sobre el avance del proyecto cuprífero de Uspallata. Reclama datos de inversiones ejecutadas, empleo local, demoras y costos de los viajes del gobernador Alfredo Cornejo.
El senador provincial Dugar Chappel presentó el 29 de septiembre un proyecto de resolución en la Cámara alta para que el Poder Ejecutivo informe sobre el estado de avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge), en Uspallata, departamento de Las Heras. El pedido apunta a conocer los resultados concretos en inversión y empleo local, las eventuales demoras del cronograma y las actividades y gastos que implicó su promoción por parte del gobernador Alfredo Cornejo.
En los fundamentos, el legislador señala que resulta «llamativa» la dedicación del mandatario a difundir el proyecto. Recuerda que participó en misiones y eventos nacionales e internacionales, entre ellos una exposición ante la Bolsa de Londres y fondos de inversión de esa ciudad, y el encuentro binacional en Los Andes, Chile, del 26 de junio de 2026. En ese marco, invoca el principio de transparencia en el manejo de fondos públicos.
Qué se pide saber
El texto pide información sobre cuatro ejes:
- Avance de las tareas: estado de la exploración, la ingeniería y el estudio de factibilidad, los hitos cumplidos desde que el Senado ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 9 de diciembre de 2025 y la fecha prevista para terminar el estudio.
- Inversiones: cuánto se invirtió efectivamente y se acreditó en la provincia desde esa aprobación, por año, rubro, origen del capital y tipo de proveedor (mendocino o externo), distinguiendo lo ejecutado de lo proyectado o comprometido. Además, pide aclarar la diferencia entre las dos cifras que circularon públicamente, USD 600 millones y USD 891 millones, y el estado de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
- Empleo: puestos creados, directos e indirectos, cuántos los ocupan residentes de Mendoza (en particular de Uspallata y Las Heras), modalidad de contratación, permanencia y resultados de los programas de proveedores locales y capacitación en oficios.
- Cronograma y demoras: comparación entre el cronograma vigente y el informado durante la evaluación ambiental, causas de eventuales desvíos (técnicas, financieras, administrativas, contractuales) y nuevas fechas estimadas para la decisión final de inversión, la construcción y la primera producción.
El foco en los viajes del gobernador
Un capítulo aparte apunta a las misiones de promoción. El proyecto solicita un listado cronológico de gestiones, viajes y eventos dentro y fuera del país, con agenda, interlocutores y resultados concretos (cartas de intención, acuerdos o financiamiento comprometido). También pide la composición de cada comitiva y si participaron personas ajenas a la Administración provincial.
En materia de costos, reclama el detalle de pasajes, alojamiento, viáticos, traslados, alquiler de espacios o stands, consultoras, comunicación y publicidad, en pesos y dólares, con la partida presupuestaria y el organismo que los pagó. Pregunta si alguno fue asumido total o parcialmente por Impulsa Mendoza S.A., por la empresa titular del proyecto o por terceros. Además, pide el criterio para separar los gastos exclusivos de PSJ de los de agendas compartidas con otros temas, su justificación técnica y económica, y los actos administrativos, rendiciones y controles que los respaldan.
El contexto que cita el proyecto
Según los fundamentos, tras la ratificación de la DIA en diciembre de 2025 el proyecto inició la etapa de factibilidad, con una duración aproximada de un año, de acuerdo con la información difundida por la propia empresa. Agrega que, según información pública de terceros con participación en el proyecto, obtuvo su aprobación en el marco del RIGI en mayo de 2026, se espera el estudio de factibilidad hacia fines de 2026 y se planifica una producción inicial para 2029.
Chappel sostiene que, una vez completado el trámite institucional previsto por las leyes 7.722 y 5.961, su decreto reglamentario 820/06 y la ley 9.003, corresponde a la Legislatura, en ejercicio de su función de control, conocer con precisión el estado de las tareas y su ajuste al cronograma. Agrega que la generación de empleo y el desarrollo de proveedores mendocinos fueron uno de los principales fundamentos con los que se presentó la actividad minera a la ciudadanía.
Lo que dice la resolución
El artículo 1 del proyecto fija un plazo de 15 días hábiles para que el Ejecutivo responda, a través del gobernador y de organismos como el Ministerio de Energía y Ambiente, la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, Impulsa Mendoza S.A. y el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Con la documentación respaldatoria, debe informar sobre el estado de las inversiones, el origen de los fondos, el detalle y montos pagados a proveedores mendocinos y los pagos por puestos de trabajo locales creados.
El expediente deberá ser tratado por la Cámara de Senadores, que debe decidir si aprueba el pedido y lo remite al Ejecutivo.