COLUMNISTAS INVITADOS. Las inconsistencias patrimoniales del vocero presidencial abren un debate profundo sobre la ejemplaridad y la transparencia de una gestión que prometió refundar la cultura política argentina.
Por más logros macroeconómicos que exhiba una administración, la verdadera legitimidad de un gobierno no se construye únicamente en las planillas de excel, sino en la confianza de sus ciudadanos. El reciente escándalo en torno a la evolución patrimonial de Manuel Adorni ha encendido las alarmas en el seno del poder, forzando al oficialismo a un terreno incómodo: el de la rendición de cuentas éticas.
En este profundo análisis, Sergio Bruni desmenuza el impacto de un episodio que trasciende lo estrictamente legal y pone bajo la lupa la «vara moral» de una gestión que llegó al poder con la promesa inquebrantable de erradicar los viejos vicios de la política.
La columna completa de Bruni
Adorni: La moral pública no es un detalle
Hay debates que pertenecen al terreno de la economía, otros al de la administración y otros al de la estrategia política. Pero existen también discusiones que remiten a algo más profundo: la dimensión moral de la vida pública. El caso de las inconsistencias patrimoniales atribuidas a Manuel Adorni no debería ser analizado únicamente desde la legalidad o la conveniencia política. ¡Ni de la prueba del patético pendrive! ¡Antes que nada, plantea un interrogante moral acerca de las obligaciones que asumen quienes ejercen el poder en una república!
La primera pregunta no es si existió un delito. Tampoco si las inconsistencias pueden ser corregidas administrativamente o explicadas mediante tecnicismos contables. La pregunta fundamental es otra: ¿qué nivel de ejemplaridad debe exigirse a quienes ocupan los cargos más altos del Estado?
Durante demasiado tiempo la Argentina se acostumbró a medir la conducta de sus dirigentes con una vara peligrosamente baja. Hemos naturalizado situaciones que en cualquier democracia madura generarían una crisis política inmediata. Nos hemos habituado a escuchar explicaciones contradictorias, a convivir con declaraciones rectificadas y a aceptar que la verdad aparezca fragmentada en sucesivas aclaraciones. Poco a poco, la sociedad fue resignando una exigencia elemental: que quienes gobiernan sean personas cuya palabra inspire confianza.
La política democrática descansa sobre un presupuesto moral básico. Los ciudadanos delegan poder en determinadas personas porque creen que esas personas actuarán de buena fe y administrarán los asuntos públicos con honestidad. Cuando esa confianza se resquebraja, el problema no afecta solamente a un funcionario. Se deteriora uno de los cimientos invisibles sobre los cuales se sostiene la convivencia republicana.
Por eso las contradicciones públicas poseen una gravedad que muchas veces se subestima. La cuestión no radica únicamente en los datos patrimoniales discutidos, sino en la percepción de que las explicaciones ofrecidas cambian según las circunstancias o no coinciden plenamente con afirmaciones anteriores. En una sociedad atravesada por décadas de desencanto político, la credibilidad se convierte en un recurso escaso. Y cuando los ciudadanos perciben que un funcionario no está siendo completamente transparente, el daño trasciende los detalles específicos del caso.
La moral pública exige algo más que el cumplimiento estricto de la ley. Exige sinceridad, coherencia y responsabilidad frente a la ciudadanía. La legalidad establece el mínimo. La ética republicana exige mucho más. Un funcionario puede demostrar que no ha violado ninguna norma y aun así haber lesionado gravemente la confianza pública. Puede cumplir formalmente con los requisitos legales y, sin embargo, fracasar en aquello que constituye la esencia misma del servicio público: ser digno de la confianza de los gobernados.
Los funcionarios públicos no sólo toman decisiones administrativas; también transmiten ejemplos. Si un dirigente adquiere durante la función pública una mansión, varias propiedades y lleva un ostentoso nivel de vida, no solo queda expuesto a legítimos interrogantes sobre el origen de ese patrimonio: también se resquebraja la moral pública. Cuando Patricia Bullrich sostuvo que Adorni había incurrido en una omisión moral, precisamente, puso foco en el núcleo de la controversia y abordó la cuestión de fondo.
Resulta particularmente relevante recordar este principio porque el gobierno de Javier Milei llegó al poder invocando una regeneración moral de la política argentina. Su discurso no se limitó a cuestionar determinadas políticas económicas. También denunció prácticas, privilegios y comportamientos que consideraba incompatibles con una república sana. Millones de argentinos acompañaron ese mensaje porque no buscaban únicamente un cambio de rumbo económico; buscaban una forma distinta de ejercer el poder. Precisamente por eso, la vara ética que corresponde aplicar a sus funcionarios debe ser especialmente alta. No por hostilidad hacia el gobierno, todo lo contrario, sino por respeto a las expectativas que él mismo contribuyó a generar. Quien promete una revolución moral no puede conformarse con estándares ordinarios. Quien se presenta como alternativa a una cultura política degradada debe aceptar un escrutinio más exigente que el de aquellos a quienes criticó.
Y aquí aparece una de las mayores paradojas del momento actual. El gobierno dispone de logros económicos que podrían constituir el eje central de la discusión pública. La desaceleración de la inflación, la reducción del riesgo país, el equilibrio fiscal, la estabilidad del dólar, las calificadoras internacionales han comenzado a mejorar su percepción sobre la Argentina. Días atrás, a principios de junio, UNICEF confirmó que más de un millón de chicos argentinos salieron de la pobreza en el último año y diversos indicadores muestran señales de recuperación económica de algunos sectores, datos concretos para el gobierno defienda la gestión.
Sin embargo, en lugar de ocupar el centro de la escena, esos avances quedan opacados por una controversia que jamás debió adquirir semejante magnitud. La razón es simple: los resultados económicos pueden generar aprobación, pero la confianza moral genera legitimidad. Y ninguna administración puede sostener una legitimidad duradera si la ciudadanía comienza a sospechar que existen diferencias entre lo que se predica y lo que se practica. Los gobiernos pierden apoyo por los errores económicos, pero muchas veces pierden autoridad por las inconsistencias éticas.
El daño político que produce este episodio sobre Javier Milei es, en consecuencia, mucho más profundo que una dificultad comunicacional pasajera. Lo obliga a defender conductas en lugar de exhibir resultados. Lo empuja a responder preguntas sobre transparencia cuando preferiría hablar sobre inflación. Lo coloca en una posición defensiva precisamente cuando contaba con indicadores favorables para fortalecer su liderazgo. Y, sobre todo, expone una fuerte tensión entre el discurso moral que impulsó su llegada al poder y las conductas que hoy debe explicar.
La historia política demuestra que los ciudadanos suelen ser más tolerantes frente a los errores que frente a la sensación de engaño. Los errores pueden ser comprendidos. Las dificultades pueden ser perdonadas. Incluso las malas decisiones pueden ser corregidas. Lo que resulta mucho más difícil de reparar es la pérdida de credibilidad. Cuando la palabra de un dirigente deja de ser considerada plenamente confiable, comienza un proceso de desgaste que rara vez se limita al episodio que lo originó.
Por eso el debate actual no debería reducirse a una disputa entre oficialistas y opositores. Tampoco debería convertirse en una competencia de hipocresías donde cada sector justifica a los propios y condena a los ajenos. La cuestión de fondo es mucho más importante. Se trata de decidir si la Argentina quiere construir una cultura política basada en la ejemplaridad o si continuará aceptando que las exigencias morales cambien según la conveniencia partidaria del momento. La república necesita algo más que funcionarios que respeten la ley. Necesita funcionarios cuya conducta fortalezca la confianza pública. Necesita dirigentes capaces de comprender que el poder no otorga privilegios morales, sino obligaciones morales superiores. Necesita líderes que entiendan que la transparencia no es una estrategia comunicacional, sino una forma de respeto hacia los ciudadanos.