COLUMNISTAS INVITADOS. Mientras la política reduce los escándalos a dilemas morales de índole individual, el criminólogo Eduardo Muñoz advierte sobre la existencia de una «omisión estructural» en los mecanismos de prevención pública.
La reciente polémica en torno a las declaraciones juradas del vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a encender las alarmas sobre la transparencia en la función pública, aunque la respuesta del arco político parece entrampada en los mismos vicios de siempre. Lejos de abordar el problema como una falla sistémica, los discursos oficiales y opositores suelen reducir estos episodios a una mera «omisión ética» o a la conducta aislada de un individuo. Este enfoque, útil para la confrontación diaria, esquiva deliberadamente la pregunta de fondo y deja intactas las estructuras que permiten que estos hechos se repitan cíclicamente.
En la siguiente columna de opinión, el criminólogo Eduardo Muñoz desglosa con precisión técnica por qué la recurrencia de estos escándalos patrimoniales excede la responsabilidad personal de un funcionario. A través del concepto de «omisión estructural» y apelando al Teorema de la Omisión Preventiva, Muñoz analiza los límites de la reacción tardía del Estado y plantea la urgente necesidad de implementar auditorías y verificaciones rigurosas previas a la asunción de cualquier cargo de alta responsabilidad.
La columna completa de Eduardo Muñoz
Adorni y la omisión estructural: la pregunta que el sistema sigue sin responder
Patricia Bullrich eligió una frase para definir lo que hizo Manuel Adorni: “omisión ética”. La expresión tiene fuerza y cumple su objetivo: señalar a un funcionario en medio de una crisis. Pero hace exactamente lo que la política suele hacer cuando no comprende del todo un fenómeno: reduce todo a la conducta de una persona y esquiva la pregunta de fondo. ¿Y si el problema no es solo Adorni? ¿Y si es el nombre que esta semana le pusimos a algo que ocurre desde hace décadas?
Los argentinos llevamos años viendo declaraciones juradas que no coinciden con estilos de vida, fortunas explicadas con argumentos inverosímiles y mecanismos de control que detectan el escándalo solo cuando ya es tarde. El caso es concreto: Adorni reconoció no haber declarado más de 500.000 dólares acumulados entre 2013 y 2018, presentó rectificativas y justificó los fondos como ahorros “nunca declarados formalmente”. El sistema reaccionó cuando la presión pública hizo inevitable la revisión. Eso no es un problema de personas malas en un sistema bueno. Es un sistema que produce ese resultado con una frecuencia que debería llamar la atención de quienes lo administran.
Esa recurrencia tiene un nombre en criminología: omisión estructural. Radicalmente distinta de la “omisión ética” mencionada por Bullrich. La omisión ética apunta a la conciencia individual. Supone que alguien sabía, decidió no declarar y priorizó su beneficio. Si eso ocurrió, la responsabilidad personal es inaceptable en un cargo de confianza pública. Pero ese diagnóstico solo sirve para pedir una renuncia o abrir una causa. No explica por qué el sistema no lo detectó antes.
Cuando las instituciones dejan de ver las señales
El Teorema de la Omisión Preventiva sostiene que una institución falla no solo cuando alguien actúa mal, sino cuando no está diseñada para reconocer el riesgo antes de que se convierta en crisis. Muchas veces la omisión no consiste en mirar para otro lado. Consiste en normalizar comportamientos que dejan de percibirse como alertas.
Existían mecanismos de control patrimonial. Existía la obligación legal de declarar. Existían cruces de datos capaces de detectar incrementos patrimoniales inusuales. Sin embargo, nada se activó hasta que el caso explotó políticamente.
Aquí aparece una pregunta que rara vez ocupa el centro del debate. Si los funcionarios de más alto rango van a administrar recursos públicos, tomar decisiones que afectan a millones de personas y representar al Estado, ¿no deberían atravesar verificaciones patrimoniales especialmente rigurosas antes de asumir? En cualquier organización, cuanto mayor es la responsabilidad, mayores son los controles previos. Si ese criterio resulta razonable para administrar recursos privados, debería ser aún más exigente cuando están en juego recursos públicos y responsabilidades institucionales. Si las inconsistencias aparecen después de la designación, el problema ya no es solo individual. Es la ausencia de controles preventivos. Eso define la omisión estructural: un sistema que siempre llega tarde porque no fue diseñado para llegar antes.
El costo de llegar siempre tarde
La credibilidad de la clase dirigente no se erosiona de golpe, sino por acumulación. Cada explicación poco creíble, cada escándalo resuelto solo cambiando nombres y cada vez que la Justicia aparece como último recurso deposita una nueva capa de desconfianza. No sobre un funcionario o un partido, sino sobre la idea misma de que el Estado puede controlarse a sí mismo.
Cuando Bullrich afirma que “la Justicia tendrá que determinar”, queda expuesto el límite de cualquier estrategia basada únicamente en la reacción posterior al problema. Para ese momento, la prevención ya fracasó. La Justicia sanciona o absuelve, pero no previene.
La omisión ética es un juicio sobre una persona. La omisión preventiva es un diagnóstico sobre una estructura. Y esa diferencia, aunque rara vez ocupe los titulares, es la única que puede romper el ciclo y evitar que dentro de dos años leamos la misma historia con otro nombre.