El fin de los aportes obligatorios a la COVIAR desató una guerra de interpretaciones legales y políticas entre quienes defienden la planificación estatal y quienes exigen libertad de asociación en una industria dividida. Las posiciones enfrentadas, en el programa «Café 617», con Gabriel Conte y Luis Abrego en 617 Live Multiplataforma.
La publicación de la Resolución 55/2026 ha provocado un sismo en la estructura institucional de la vitivinicultura argentina. Al disponer el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y eliminar la obligatoriedad de las contribuciones que las bodegas destinan a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), el Gobierno nacional no solo alteró el flujo de fondos del sector, sino que expuso una fractura profunda entre dos visiones irreconciliables sobre cómo debe gestionarse la estrategia del vino.
La defensa de la institucionalidad: «Una resolución no mata una ley»
Desde la vereda de la COVIAR, su presidente Fabián Ruggeri sostiene que la medida oficial carece de la fuerza legal necesaria para desmantelar la entidad. En diálogo con Café 617, Ruggeri fue tajante: “La resolución no puede dar de baja una ley. Puede afectar la operatividad administrativa o la recaudación, pero el PEVI sigue totalmente activo”.
Para la conducción de la Corporación, el argumento de la «caducidad» del plan es una interpretación errónea de la normativa vigente. Según Ruggeri, la Ley 25.849 no establece una fecha de vencimiento para el organismo ni para sus objetivos, los cuales fueron actualizados por el sector privado en 2020 con miras al 2030. Bajo esta óptica, el aporte obligatorio no es un impuesto arbitrario, sino un mecanismo de democratización: garantiza que los pequeños y medianos productores accedan de forma gratuita a información técnica, estudios de mercado y asistencia que, de otra forma, solo las grandes empresas podrían costear.
La voz de la desregulación: el «avivo» a Sturzenegger
En la posición opuesta se encuentra el empresario y enólogo Carlos Clément, señalado por el propio ministro Federico Sturzenegger como el responsable de advertir al Gobierno sobre lo que consideraba una anomalía institucional. Clément sostiene que la COVIAR se convirtió en una estructura que buscaba «autoprogramarse» para sobrevivir, cobrando contribuciones sin un plan validado por el Congreso Nacional tras el vencimiento del ciclo original en 2020.
“Hace cuatro años que estamos pagando contribuciones y no hay plan; el de 2020 ya pasó”, denunció Clément en el mismo espacio radial. Su reclamo apunta a la falta de representatividad de la entidad, recordando que actores de peso como Bodegas de Argentina —que nuclea la gran mayoría del mercado interno y las exportaciones— se alejaron de la Corporación hace tiempo. Para el empresario, el debate es de principios: la asistencia y el apoyo a cualquier institución deben ser voluntarios. “El que quiera apoyar a la COVIAR, que lo haga con su dinero, pero que no sea obligatorio”, sentenció.
Un futuro en el aire
Mientras la COVIAR evalúa medidas legales para resistir la embestida desreguladora, el sector observa con incertidumbre. Por un lado, la pérdida del financiamiento coactivo pone en riesgo la continuidad de servicios técnicos y de promoción conjunta que beneficiaban a los eslabones más débiles de la cadena. Por el otro, se abre un escenario de mayor libertad comercial que era reclamado por los sectores más dinámicos de la industria.
En esta pulseada de argumentos legales, legitimidad representativa y modelos de gestión, lo único claro es que la vitivinicultura argentina atraviesa un cambio de era. Las acusaciones cruzadas menudean, pero la unidad estratégica del sector parece haber quedado, una vez más, fuera de alcance.