Un análisis crítico sobre el incumplimiento de los mandatos estatutarios y la falta de transparencia en el Plan Estratégico 2030, factores que ponen en jaque la calidad democrática de nuestra universidad.
En el actual escenario de disputa electoral por la conducción de la Universidad Nacional de Cuyo, el debate sobre la institucionalidad y la transparencia ha pasado de ser una cuestión técnica a una urgencia política. La planificación estratégica, que debería funcionar como un contrato social vivo entre la gestión y la comunidad universitaria, parece haberse transformado en un documento estático, despojado de los mecanismos de control y deliberación que nuestro propio Estatuto exige para garantizar una democracia universitaria plena.
A continuación, la Mgtr. Fernanda Bernabé —docente titular y especialista en innovación pública— desarrolla una columna punzante sobre lo que denomina la «erosión institucional» de la UNCUYO. A través de un análisis que cruza la ciencia de la administración con la realidad política actual, Bernabé advierte sobre las consecuencias de un mandato que finaliza sin haber convocado a la Asamblea Universitaria en cuatro años, señalando una preocupante brecha entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio en la conducción actual de nuestra casa de estudios.
La columna completa de Fernanda Bernabé
Erosión institucional en la UNCUYO: Cuatro años sin Asamblea universitaria y un Plan Estratégico sin datos
En el complejo ecosistema de las instituciones públicas, la planificación estratégica no es un ejercicio retórico ni un documento estático para colgar en una web; es un contrato social entre la gestión y su comunidad. Sin embargo, cuando los mecanismos de control y los espacios de deliberación máxima se dilatan o se omiten, la institución ingresa en una zona gris de fragilidad democrática.
La situación actual de la Universidad Nacional de Cuyo es, al menos, preocupante. Desde 2022 a 2026, el silencio de la Asamblea Universitaria —órgano máximo de gobierno según el Art. 7 de nuestro Estatuto— y la ausencia de informes sobre indicadores del Plan Estratégico 2030 (PE 2030), nos obligan a preguntarnos: ¿En qué estado se encuentra la salud institucional de nuestra universidad?
Algunas reflexiones al respecto:
El quiebre de la periodicidad: Un mandato estatutario ignorado
La normativa no deja lugar a interpretaciones ambiguas. El Art. 20, inciso 5, establece la obligación de convocar a la Asamblea al menos una vez al año para el seguimiento del Plan Estratégico. La falta de convocatoria durante un mandato completo (2022-2026) representa una ruptura del orden institucional.
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La Asamblea no es solo un acto formal; es el espacio donde los claustros (docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo) validan el rumbo de la universidad. Al no convocarla, se anula la participación del «Soberano Universitario», transformando una gestión que debería ser colegiada en una dinámica cerrada y de espaldas a la comunidad y sin transparencia.
La Planificación sin medición, sin datos.
Desde la ciencia de la administración, sabemos que lo que no se mide, valora y no se comunica, no existe. El Art. 27, inciso 10, obliga al Rector/a a informar anualmente sobre el cumplimiento del Plan Estratégico. ¿Cuál es la situación de la UNCUYO en términos de indicadores? Ante la falta de datos oficiales presentados en la sesión que exige el Estatuto, nos enfrentamos a un escenario de opacidad institucional, menciono a modo de ejemplo:
- Indicadores de Impacto Académico: ¿Se han cumplido las metas de retención y egreso previstas?
- Fortalecimiento Institucional: ¿Cómo ha evolucionado la eficiencia administrativa y la digitalización de procesos?
- Vinculación Socio-Productiva: ¿Qué porcentaje de los objetivos de transferencia tecnológica se han alcanzado realmente?
Sin la presentación de estos avances, el Plan Estratégico 2030 deja de ser una hoja de ruta para convertirse en un mero documento formal, que ha perdido la legitimidad con la que fue diseñado e impide la toma de decisiones basadas en evidencias.
Sobre las consecuencias: ¿Hacia una universidad de baja intensidad democrática?
El debilitamiento institucional tiene efectos concretos. Una universidad que no rinde cuentas y que no convoca a sus órganos máximos de control:
- Pierde capacidad de respuesta ante las crisis externas, al no tener consensos actualizados.
- Desincentiva la participación ciudadana de los claustros, generando una apatía que solo beneficia a las autoridades de turno.
- Tiene una Responsabilidad Legal: existe un incumplimiento de deberes que afecta la jerarquía institucional.
Si evaluáramos a la UNCUYO hoy bajo un tablero de comando institucional, los indicadores arrojarían señales de alerta:
- Índice de Periodicidad Normativa: 0% (4 años sin cumplir el Art. 20 inc. 5).
- Transparencia Activa en Planificación: Deficitaria (Ausencia de informes anuales de cumplimiento del PE 2030 ante la Asamblea).
- Calidad de la Democracia Interna: En descenso (Concentración de decisiones en el Ejecutivo, omitiendo la instancia máxima de representación).
Oscar Oszlak, referente ineludible en el estudio del Estado en América Latina, nos brinda las herramientas conceptuales para entender por qué la falta de convocatoria a la Asamblea no es un mero «olvido administrativo», sino una patología institucional.
En este sentido colisiona la Legitimidad de Ejercicio vs. Legitimidad de Origen, donde una gestión puede tener legitimidad de origen (ganó las elecciones), pero pierde legitimidad de ejercicio cuando ignora los mecanismos democráticos de deliberación. Oszlak sostiene que la democratización del Estado implica abrir los procesos de toma de decisiones. Al no haber Asamblea, se clausura el espacio donde los claustros ejercen su soberanía.
Finalmente la democracia universitaria no se agota en el voto cada cuatro años. Se construye en la sesión anual de la Asamblea, en la discusión pública de los indicadores y en la transparencia de la gestión.
La actual gestión tiene la oportunidad —y la obligación legal según los Artículos 12, 20 y 27— de revertir este proceso de erosión. No se trata solo de cumplir con un documento, sino de honrar el prestigio de la UNCUYO como faro de civilidad y excelencia académica en la región. El silencio institucional es, en política, un mensaje de debilidad. Es hora de recuperar la palabra.
Mgtr Fernanda Bernabé Docente Titular Directora Centro de Estudios Estado e Innovación Pública – UNCUYO