COLUMNISTAS INVITADOS. A pesar de la reciente detención de una madre en Mendoza y el endurecimiento de la respuesta judicial, el fenómeno de las amenazas y simulacros se multiplica. El criminólogo Eduardo Muñoz analiza el desajuste entre el castigo penal y una dinámica que se alimenta de la interrupción sistémica y el anonimato.
La reciente detención e imputación de una madre en Mendoza, cuyo hijo ingresó a clases con una réplica de arma de fuego, marcó un hito en la política criminal frente a la violencia escolar. Con una imputación por intimidación pública que podría derivar en una pena de hasta ocho años de prisión, la Justicia envió un mensaje de «tolerancia cero» en un contexto de alta sensibilidad social. Sin embargo, los datos oficiales contradicen la eficacia de la medida: lejos de detenerse, el fenómeno se ha acelerado, acumulando más de 50 denuncias y un centenar de activaciones de protocolos de seguridad en apenas un puñado de días.
Para el criminólogo Eduardo Muñoz, este escenario evidencia que el endurecimiento de las sanciones falla porque no logra desarmar el núcleo del problema: el incentivo de la respuesta. Según su análisis, las amenazas escolares no operan bajo la lógica del ataque físico, sino de la interrupción institucional. El autor de la amenaza busca —y consigue— una desproporción inmediata: un estímulo mínimo, como un grafiti en un baño o un mensaje anónimo, activa una reacción máxima del Estado que incluye evacuaciones masivas, despliegue policial y suspensión de clases. Es este impacto sistémico, instantáneo y visible, lo que valida la conducta ante los pares y fomenta su replicación.
Este desajuste entre la inmediatez del efecto buscado y la lejanía de la sanción judicial plantea un desafío que trasciende lo punitivo. En momentos en que el Congreso Nacional debate la regularización de miles de armas de fuego fuera del sistema, la proliferación de estos episodios obliga a preguntarse si la solución radica en el castigo posterior o en revisar la vulnerabilidad de nuestros protocolos. Mientras el sistema siga garantizando una reacción masiva ante un gesto mínimo, el fenómeno continuará encontrando terreno fértil en una comunidad educativa que hoy se debate entre el miedo real y una saturación institucional que parece no tener techo.
Leé la columna de Eduardo Muñoz
Amenazas de tiroteo en escuelas en Argentina: por qué las sanciones no frenan los casos
La madre de un alumno que llevó una réplica de arma a una escuela de Mendoza fue detenida y enfrenta hasta ocho años de prisión. Es la sanción más dura aplicada hasta ahora en este tipo de hechos. Aun así, no está logrando frenar la dinámica.
El caso que empuja el límite
La Justicia mendocina dio un paso sin precedentes. La madre fue imputada por intimidación pública agravada y trasladada al penal. El fiscal entendió que instigar a su hijo a llevar un arma, en un contexto de alarma social, no era un hecho menor.
En paralelo, en una escuela de El Algarrobal, en Las Heras, un mensaje escrito en un baño volvió a activar el mismo circuito: intervención policial, refuerzo de seguridad y una comunidad educativa alterada. En pocos días se acumularon más de 50 denuncias y cerca de 100 activaciones de protocolos, según datos oficiales.
La reacción es lógica. También la respuesta que se consolida: más sanción, más judicialización y más presión sobre las familias. La idea es simple: si sube el costo, debería bajar la conducta. Pero en este caso, no está pasando.
Cómo funciona realmente el fenómeno
Lo que aparece hoy no sigue la lógica de un ataque, sino la de una interrupción. Un mensaje anónimo o una nota alcanzan para activar una respuesta institucional amplia, con suspensión de clases, evacuaciones o presencia policial. Esa desproporción instala un mecanismo claro: un estímulo mínimo genera una reacción máxima.
Ahí está el incentivo. No hace falta provocar daño real. Alcanza con activar el sistema y lograr impacto inmediato. Eso redefine la conducta.
El aprendizaje que lo sostiene
Cada episodio deja una enseñanza sobre qué funciona. Muestra qué tipo de mensaje activa respuestas y qué nivel de impacto logra. Otros estudiantes observan esa secuencia, la validan y la replican cuando comprueban que sigue funcionando.
No es solo imitación, es aprendizaje práctico. Por eso los casos empiezan a encadenarse y dejan de verse como hechos aislados.
El límite de la sanción
La sanción tiene un problema de base. No alcanza con que sea más dura. Para funcionar como freno necesita ser probable, rápida y visible, y en las amenazas escolares esas condiciones suelen fallar al mismo tiempo.
El anonimato reduce la posibilidad de identificar al responsable, los procesos llevan tiempo y cuando la sanción llega el efecto ya ocurrió. Ahí aparece el desajuste: el sistema castiga después de que la conducta cumplió su objetivo.
Dónde sí funciona
El caso de la madre detenida muestra otro escenario. Hay una persona identificada, una conducta clara y una respuesta judicial rápida. En ese contexto, la sanción puede cumplir una función de contención.
También ocurre cuando hay planificación real o riesgo concreto. En esos casos, la intervención penal es necesaria. Pero como herramienta de disuasión general, la sanción es limitada porque quienes hacen o replican estas amenazas no se sienten realmente expuestos a ella. La severidad puede ser alta, pero se percibe como lejana porque la probabilidad de ser identificados es baja. El anonimato y la facilidad para difundir el mensaje refuerzan esa percepción. A eso se suma que el impacto de la amenaza es inmediato, mientras que la eventual consecuencia llega más tarde. Cuando aparece, el objetivo ya se cumplió y lo que circula entre pares no es la sanción sino el efecto logrado. Ese desajuste reduce su capacidad de disuasión.
Un problema más amplio
Más de 50 denuncias y cerca de 100 activaciones de protocolos en pocos días muestran hasta dónde puede llegar el impacto de un arma, incluso cuando es una réplica, en manos de un adolescente dentro de una escuela. El miedo que genera es real, y también lo es la respuesta institucional que activa.
En ese contexto, el Congreso avanza en la regularización de miles de armas de fuego que hoy circulan fuera del sistema legal, con incentivos para quienes las tengan sin registrar. El objetivo declarado es ordenar lo que ya existe. A ese debate habría que sumarle este riesgo: el efecto que tiene la sola idea de un arma en el ámbito escolar, donde una amenaza mínima alcanza para activar respuestas máximas. La pregunta es si incorporar esas armas al sistema reduce el riesgo o simplemente lo vuelve formal.
Mientras siga siendo posible generar una reacción desproporcionada con un gesto mínimo, el fenómeno va a seguir apareciendo. Porque el problema ya no es la amenaza. Es lo fácil que se volvió hacerla funcionar.