COLUMNISTAS INVITADOS. Escribe el criminólogo Eduardo Muñoz. A raíz de la reciente denuncia por grooming en las inferiores de Independiente, un profundo análisis desde la criminología institucional examina las deudas pendientes en la prevención de abusos en el fútbol formativo y la delgada línea que separa la reacción oportuna de la verdadera prevención.
El ámbito del fútbol formativo vuelve a encender las alarmas comunitarias tras conocerse un nuevo caso de captación y vulneración de derechos que afecta a jóvenes deportistas alojados en pensiones de clubes. Ante la reiteración de estas graves situaciones, que evocan dolorosos antecedentes ocurridos hace casi una década, el criminólogo Eduardo Muñoz propone un riguroso examen de la responsabilidad que le cabe a las organizaciones.
A través de los conceptos de obligación, conocimiento y capacidad, el especialista desarma las estructuras que permiten la persistencia de estas amenazas, demostrando que el problema no es un hecho aislado del plano local, sino un patrón de vulnerabilidad institucional que se repite a nivel global. Un texto reflexivo que invita a los clubes y directivos a pasar de la mera respuesta ante la denuncia externa hacia una verdadera política de detección temprana y cuidado de los menores a su cargo.
A continuación, compartimos el artículo completo de Eduardo Muñoz
Cuando el fútbol ya conocía el riesgo
En 2018, un jugador juvenil de las divisiones inferiores de Independiente denunció que él y otros compañeros eran llevados a encuentros sexuales a cambio de dinero y artículos deportivos. Tenían entre 14 y 16 años. La investigación identificó al menos siete víctimas y derivó en detenciones y causas penales. El club colaboró con la justicia.
En mayo de 2026, Independiente volvió a quedar en el centro de una situación similar. Un padre alertó al club sobre un caso de grooming que afectaba a un juvenil de sus inferiores. A partir de esa denuncia, la institución activó protocolos, detectó al menos tres casos más y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Avellaneda. Los imputados habrían captado a los adolescentes mediante redes sociales, transferencias de dinero y pedidos de contenido sexual. Las víctimas eran jóvenes alojados en las pensiones del club.
Entre un episodio y el otro pasaron ocho años. La pregunta no es qué ocurrió en 2026. La pregunta es qué ocurrió durante esos ocho años con las condiciones que habían permitido el caso de 2018.
Lo que una institución necesita para prevenir
Analizar este tipo de situaciones desde la criminología institucional exige observar tres condiciones que determinan si una organización estaba en posición real de actuar antes del daño.
La primera es la obligación. Todo club que alberga menores en pensiones y los somete a relaciones de autoridad y dependencia tiene deberes concretos sobre su cuidado. Esos deberes existen antes de que ocurra cualquier hecho grave. Después de 2018, nadie en Independiente podía alegar desconocimiento sobre el tipo de riesgo al que estaban expuestos sus juveniles.
La segunda es el conocimiento. Una institución que atravesó la exposición de una red de explotación sexual en sus propias inferiores disponía, ocho años después, de un antecedente concreto y documentado. El riesgo no era una hipótesis. Formaba parte de su propia experiencia institucional. A eso se sumaba que el grooming a través de redes sociales era, para 2026, una modalidad ampliamente conocida en toda la región.
La tercera es la capacidad. Independiente contaba con una estructura organizativa que le permitía desarrollar mecanismos de prevención, capacitación y detección temprana. No se trata de exigir resultados perfectos ni riesgos inexistentes. Se trata de evaluar si las condiciones para anticipar amenazas conocidas estaban presentes.
Cuando estas tres condiciones coinciden y el daño igualmente aparece, el análisis no puede limitarse a la conducta del agresor. La pregunta comienza a desplazarse hacia la capacidad institucional para identificar vulnerabilidades antes de que produzcan consecuencias.
Un patrón que no respeta fronteras
El problema no es exclusivo del fútbol argentino. Casos similares han aparecido en distintos países bajo patrones institucionales comparables.
En septiembre de 2025, la Audiencia de Huelva condenó a un entrenador de fútbol base a 61 años de prisión por agresiones y abusos sexuales continuados contra 21 niñas cometidos entre 2017 y 2022. Durante años aprovechó una posición de autoridad sobre menores que dependían de él para continuar su desarrollo deportivo.
El caso español confirma algo que el argentino ya mostraba: las condiciones que permiten este tipo de daño no suelen ser accidentales ni exclusivas de una organización determinada. Son vulnerabilidades que pueden aparecer allí donde existen relaciones de dependencia, confianza y supervisión insuficiente.
El fútbol formativo concentra varios de esos factores al mismo tiempo. Los entrenadores y referentes adultos influyen sobre el futuro deportivo de los jóvenes, muchos adolescentes pasan largos períodos lejos de sus familias y gran parte de las interacciones ocurre en espacios donde el control resulta limitado. En ese contexto, las señales de alerta rara vez aparecen de manera evidente. Suelen manifestarse como situaciones normalizadas, comentarios aislados o comportamientos que generan inquietud sin llegar a transformarse en denuncias inmediatas.
La diferencia entre prevenir y reaccionar
Según la información conocida hasta el momento, la alerta inicial del caso de 2026 provino de un padre y no de una detección previa realizada por la propia institución. A partir de esa advertencia, el club actuó y realizó las denuncias correspondientes.
Sin embargo, allí aparece una diferencia fundamental entre prevenir y reaccionar. La prevención consiste en identificar señales tempranas antes de que alguien externo las señale. La reacción comienza cuando la alerta ya llegó desde afuera.
Para las víctimas, esa diferencia suele medirse en tiempo. El tiempo transcurrido entre las primeras señales y la primera intervención efectiva.
Las condiciones que facilitan el abuso en entornos deportivos son conocidas. Los espacios de mayor vulnerabilidad también. Las herramientas para detectar riesgos existen. Lo que con frecuencia falta es la construcción de sistemas capaces de reconocer esas señales antes de que el daño se consolide.
Cuando las señales existen, las herramientas existen y el riesgo es conocido, la pregunta deja de ser por qué apareció el agresor. La pregunta pasa a ser por qué nadie llegó antes.