El Grupo Sarmiento que, desde San Juan, defiende el desarrollo minero, puso en cuestionamiento el rol que está teniendo el Episcopado, la jerarquía de la iglesia católica en Argentina. Ya se vio cómo en Mendoza, durante la procesion por la Virgen de Lourdes, el Arzobispado bancó a la antiminería, además.
La reciente carta de la Conferencia Episcopal Argentina exhortando a rechazar cualquier modificación a la Ley de Glaciares no es, para ciertos sectores, un pronunciamiento más dentro del debate ambiental. Desde la perspectiva del denominado Grupo Sarmiento —autor del posteo que difundió el documento— se trata de una intervención política directa que busca condicionar decisiones soberanas del Congreso sobre el uso de recursos estratégicos.
El comunicado episcopal, elaborado por la Comisión de Pastoral Social, plantea que los glaciares constituyen reservas esenciales de agua dulce y advierte sobre los riesgos de su explotación. Sin embargo, para sus críticos, el texto omite deliberadamente el impacto económico de mantener restricciones severas sobre actividades como la minería, particularmente en provincias cordilleranas cuya matriz productiva depende en gran medida de ese sector.
Desde esta mirada, la discusión no se reduce a la protección de ecosistemas, sino a un conflicto más profundo entre desarrollo productivo y modelos de gobernanza global del ambiente. La carta eclesial invoca principios de la encíclica Laudato si’ del papa Francisco, donde se plantea la existencia de una “crisis socioambiental” única.
Para el Grupo Sarmiento, esa retórica —frecuentemente asociada a agendas internacionales sobre cambio climático y sustentabilidad— puede traducirse en restricciones estructurales al crecimiento económico de países con abundantes recursos naturales. «Seis siglos después la Pastoral Social Argentina imita a Tomás de Torquemada. En nombre de un supuesto dios Ambiental, con falacias expuestas, ordenan a los legisladores nacionales no tocar la inconstitucional ley de glaciares», escribieron los impulsores del desarrollo minero.
El señalamiento apunta a que la Iglesia, al adoptar ese marco conceptual, se alinea con una visión que prioriza la preservación ambiental por sobre la explotación productiva, incluso en contextos de urgencia económica.
El caso de San Juan ilustra con claridad la tensión. El arzobispo Jorge Eduardo Lozano, uno de los referentes eclesiales con perfil ambiental, lidera una diócesis en una provincia donde la minería es un pilar del empleo y de los ingresos fiscales.
Desde sectores críticos se subraya la contradicción entre una postura institucional que desalienta la actividad extractiva y las necesidades concretas de desarrollo de regiones periféricas. En este sentido, la intervención de la Iglesia es interpretada como un actor externo que influye en decisiones que afectan directamente a economías locales.
El documento episcopal apela a conceptos como “bien común”, “solidaridad intergeneracional” y defensa del agua como derecho fundamental. No obstante, la lectura del Grupo Sarmiento enfatiza que detrás de ese lenguaje moral subyace una presión concreta sobre legisladores nacionales.
La pregunta de fondo, desde esta óptica, es quién debe definir la política de recursos naturales: representantes electos o instituciones religiosas. El argumento sostiene que, si bien la Iglesia posee legitimidad espiritual para sus fieles, su participación activa en debates legislativos puede interpretarse como una injerencia en la esfera política.
Una Iglesia con agenda pública
La Comisión Episcopal de Pastoral Social —presidida por monseñor Dante Braida— reúne obispos de distintas regiones del país y tradicionalmente interviene en temas socioeconómicos. Su pronunciamiento actual refuerza la continuidad de ese rol como actor público con capacidad de incidencia.
Sin embargo, la reacción crítica señala que esta vez la intervención no se limita a un diagnóstico social, sino que incluye una exhortación explícita sobre cómo deben votar los legisladores.
Para quienes cuestionan la postura eclesial, la Ley de Glaciares se ha convertido en un instrumento que condiciona el aprovechamiento de minerales estratégicos —como oro, plata o cobre— en un contexto global de transición energética y creciente demanda de materias primas.
Desde esa perspectiva, cualquier intento de reforma buscaría equilibrar protección ambiental y desarrollo productivo, mientras que la oposición frontal a cambios sería funcional a mantener restricciones estructurales.
El episodio revela, en definitiva, que la discusión sobre los glaciares es también una disputa por el rumbo económico del país. La intervención de la Iglesia, celebrada por sectores ambientalistas, es vista por otros como una toma de posición política en un terreno que excede lo religioso.
Para el Grupo Sarmiento, el punto central no es la protección del ambiente en sí misma —objetivo ampliamente compartido— sino quién define los límites y con qué criterios. En un país atravesado por crisis recurrentes y necesidad de divisas, la administración de los recursos naturales aparece como una cuestión de soberanía antes que de fe.