COLUMNISTAS INVITADOS Más allá de las estadísticas oficiales, los robos a negocios de cercanía generan un daño silencioso y acumulativo que vacía los barrios, destruye empleo y debilita el entramado económico cotidiano. El criminólogo Eduardo Muñoz advierte que no se trata solo de inseguridad, sino de supervivencia económica.
Mientras los informes oficiales debaten si el delito sube o baja, en los barrios la medición es otra. Se cuenta en persianas que no vuelven a levantarse, en empleados que pierden su trabajo y en calles que se apagan temprano. En ese punto se detiene el análisis del criminólogo Eduardo Muñoz, quien en su artículo “Por qué los comercios de barrio siguen siendo el blanco favorito del delito… y cómo se deteriora la economía barrial” plantea que la inseguridad en los negocios de cercanía ya no puede pensarse solo en clave policial.
“El impacto del delito no se limita al hecho en sí, sino a su efecto acumulativo sobre la economía cotidiana del barrio”, sostiene Muñoz. Cada robo, explica, erosiona un sistema frágil que funciona con márgenes mínimos y una lógica de subsistencia.
Los comercios de cercanía —kioscos, almacenes, verdulerías, pequeños autoservicios— reúnen una combinación que los vuelve especialmente vulnerables: horarios previsibles, atención permanente y escasa capacidad financiera para absorber pérdidas. A diferencia de los grandes locales, no pueden cerrar temprano ni trasladar costos sin comprometer su continuidad. Esa previsibilidad los convierte en objetivos fáciles y reiterados.
Muñoz distingue con claridad las modalidades delictivas que más afectan a estos negocios. El mecherismo, por ejemplo, opera como un goteo constante. No suele implicar violencia, pero genera pérdidas diarias difíciles de detectar y aún más difíciles de prevenir. “Desde una perspectiva criminológica, es uno de los delitos más complejos de abordar de manera estatal”, advierte. El autor actúa como un cliente más y el control termina recayendo casi exclusivamente sobre el comerciante.
A esto se suman los escruches, robos planificados que ocurren cuando el local está cerrado. Aunque no hay confrontación directa, el daño suele ser mayor que lo sustraído: accesos forzados, instalaciones destruidas y una sensación de vulnerabilidad que permanece. El comerciante vuelve a abrir sabiendo que su espacio dejó de ser seguro.
El punto de quiebre, señala Muñoz, llega con el asalto. La violencia explícita, la amenaza directa y el riesgo físico dejan marcas profundas. Muchos comerciantes reducen horarios, cambian rutinas o directamente deciden cerrar. El impacto ya no es individual: se traslada al barrio entero.
El resultado es un costo invisible, pero estructural. Cada hecho suma gastos en rejas, alarmas y seguros más caros, y resta circulación, clientes y empleo. Menos comercios implican menos trabajo, menos vida barrial y, paradójicamente, más condiciones para el delito. La economía informal avanza donde la formal se retira.
En ese sentido, Muñoz es categórico: proteger al comercio de cercanía no es solo una cuestión de seguridad, sino una decisión económica y social. “Diferenciar modalidades delictivas y asignar responsabilidades con realismo no es rendirse”, afirma, “es la única forma de proteger a quienes sostienen la economía de los barrios”.
En tiempos donde el delito se analiza en porcentajes y gráficos, el mensaje es claro: cuando un comercio de barrio cierra, no solo se pierde un negocio. Se rompe un eslabón clave de la vida cotidiana. Y ese daño, una vez que se acumula, es mucho más difícil de reparar.