A través de una carta abierta firmada por el ingeniero y docente Carlos Samudio, el espacio político denuncia que la interna universitaria ignora la tragedia social de Mendoza. Exigen transparencia en el manejo de los fondos y un compromiso real con los sectores más vulnerables.
En el microclima de los pasillos universitarios, donde los despachos y las jerarquías suelen parecer mundos aparte, una voz externa ha irrumpido para romper el silencio. En plena carrera hacia el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), el Partido de los Jubilados lanzó una dura proclama que pone el dedo en la llaga: ¿es la disputa electoral un debate de ideas académicas o una pelea solapada por el control de una caja millonaria?
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La carta, titulada “Poder, recursos y silencio social”, no ahorra calificativos. En un contexto donde el 50% de los mendocinos vive bajo la línea de pobreza y los jubilados sobreviven con ingresos que no cubren ni la mitad de la canasta básica, el documento expone una contradicción que califican como «difícil de explicar».
La «caja» en el centro de la escena
Uno de los puntos más álgidos de la denuncia radica en los números. Según el texto firmado por el Ing. Carlos Samudio, el sistema universitario nacional gestiona aproximadamente 2.400 millones de dólares anuales provenientes del Ejecutivo Nacional. A este presupuesto se le suman los «recursos propios» generados por diplomaturas, servicios técnicos y convenios privados. «Resulta inevitable preguntarse si la intensidad de las internas universitarias responde solo a diferencias de proyectos educativos o si se trata de una disputa por la caja», dispara el comunicado.
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Para el Partido de los Jubilados, mientras la universidad se debate en internas por cargos y estructuras, la sociedad queda fuera de una discusión vital: cómo se gasta el dinero público y qué impacto real tiene ese gasto en la vida de quienes hoy no tienen para comer.
Una demanda de responsabilidad social
El cuestionamiento no busca vulnerar la histórica autonomía universitaria, sino reconvertirla en responsabilidad social. La crítica es directa hacia el silencio institucional frente a dramas como el desempleo, la precarización de los adultos mayores y la crisis de las PyMEs locales.
Las exigencias del sector son claras:
- Transparencia absoluta: Abrir las cuentas sobre el uso de recursos propios y fondos nacionales.
- Reorientación de prioridades: Poner el conocimiento científico y técnico al servicio del desarrollo productivo de Mendoza.
- Respuestas al drama social: Generar programas concretos para la inclusión de personas con discapacidad y la contención de los sectores más golpeados por la crisis.
«La dignidad no espera»
El cierre de la misiva, bajo el lema «La experiencia también vota», funciona como un ultimátum ético para quienes aspiran a conducir la universidad más importante del oeste argentino. Carlos Samudio, docente de la propia casa de estudios, sintetiza el sentimiento de un sector que se siente ignorado por la academia: defender la universidad pública no es solo pedir presupuesto; es honrar ese presupuesto devolviéndole algo a la sociedad que lo sostiene.
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En las próximas semanas, los candidatos al Rectorado deberán decidir si recogen el guante de este pedido o si prefieren seguir discutiendo poder entre las cuatro paredes del campus, mientras afuera, la realidad social sigue golpeando la puerta.