COLUMNISTAS INVITADOS. Entre la legitimidad de las urnas y la tentación del control total, Sergio Bruni advierte sobre los riesgos de la permanencia prolongada de un mismo grupo en el poder. Un análisis sobre cómo la continuidad política puede derivar en una «colonización institucional» que confunde al Estado con el grupo gobernante y debilita la alternancia real.
En un análisis profundo sobre la salud de las instituciones, el analista Sergio Bruni pone el foco en una de las patologías más sutiles y peligrosas de los sistemas democráticos contemporáneos: la mutación de la estabilidad en hegemonía. No se trata de una ruptura abrupta del orden constitucional, sino de una erosión progresiva donde las fronteras entre el grupo gobernante y el Estado comienzan a borrarse. Citando la inquietante vigencia del «L’État, c’est moi» de Luis XIV, Bruni describe un escenario donde las instituciones dejan de ser estructuras neutrales para convertirse en extensiones de una voluntad política que busca preservarse a cualquier costo.
El autor explora los mecanismos invisibles que sostienen estas dinámicas de poder eterno, desde el control simbólico y el «operativo clamor» hasta el disciplinamiento social a través del temor al cambio o la dependencia material. Bajo el paraguas conceptual de pensadores como Jürgen Habermas y Karl Popper, la columna sostiene que la verdadera democracia no se agota en el acto de elegir gobernantes, sino en la posibilidad real de removerlos. Cuando esa alternancia se vuelve improbable por el vaciamiento de las reglas del juego, el sistema se desliza hacia una zona de opacidad donde la crítica es estigmatizada y el pluralismo se empobrece.
Finalmente, Bruni aterriza su reflexión en la realidad de Mendoza, planteando un interrogante incómodo pero necesario en el clima político actual: ¿está la prolongada permanencia de un mismo signo político afectando la autonomía de la Justicia y los órganos de control? Frente a este riesgo de «cercanía impropia» entre el poder y quienes deben limitarlo, el analista convoca a una «rebeldía democrática» liderada por sectores intelectuales díscolos, capaces de desnaturalizar los consensos impuestos y restaurar el equilibrio indispensable para que la democracia no termine siendo una ficción administrativa.
La columna completa de Sergio Bruni
Elegidos para gobernar, tentados a quedarse
La permanencia prolongada de un mismo “grupo político” en el poder dentro de un sistema democrático no es, en sí misma, una anomalía: puede ser el resultado de una preferencia sostenida del electorado, de una gestión eficaz o de una identidad política arraigada en la sociedad. Sin embargo, cuando esa permanencia se vuelve estructural -cuando deja de ser una alternancia posible y se transforma en una continuidad prácticamente asegurada- comienzan a desplegarse dinámicas que tensionan los límites del propio sistema democrático. El problema no es la duración en abstracto, sino la forma en que el poder se adapta para preservarse, muchas veces inclinándose hacia prácticas que, sin romper formalmente las reglas, las vacían de contenido.
En ese contexto, el poder tiende a volverse más opaco, más concentrado y, en ocasiones, más abusivo. La lógica es casi orgánica: cuanto más tiempo se permanece en el poder, más se confunden las fronteras entre el Estado y el grupo gobernante. La tendencia del poder a concentrarse no es una anomalía reciente, sino una constante que atraviesa la historia de las democracias y de diversos sistemas políticos desde tiempos inmemoriales. Una pulsión que también hemos observado y padecido, durante el kirchnerismo en nuestro país.
Las instituciones dejan de ser percibidas como estructuras neutrales al servicio del interés público y comienzan a funcionar, de manera sutil o explícita, como extensiones de una voluntad política específica. El riesgo no es necesariamente la ruptura abrupta del orden constitucional, sino su progresiva colonización. Se mantienen las formas, elecciones, aparente división de poderes, formal desempeño del organismo de control, pero su funcionamiento real se ve condicionado por redes de lealtad, dependencia o temor. En ese punto, la vieja máxima atribuida a Luis XIV de Francia cobra una inquietante actualidad: «L’État, c’est moi». No porque se la pronuncie de manera explícita, sino porque se la encarna en la práctica.
Ningún poder se sostiene únicamente por la coerción material; su verdadera fortaleza reside en su capacidad para moldear percepciones, expectativas y conductas. Los grupos políticos que logran perpetuarse suelen comprender, de manera intuitiva o deliberada, que el control simbólico es tan relevante como el institucional. Así, se construye una narrativa que legitima la permanencia: se presenta al grupo gobernante como garante de estabilidad, como único dique frente al caos o como intérprete exclusivo de la voluntad popular. Esta narrativa no necesariamente se impone de manera burda; muchas veces se infiltra en el sentido común, en los discursos cotidianos, en la forma en que la sociedad interpreta su propia realidad.
En ese contexto, no es extraño que, ante el riesgo de perder centralidad, estos grupos apelen al conocido “operativo clamor”: una escenificación de apoyo que busca instalar la idea de que no hay alternativa posible. Detrás de esa puesta en escena subyace una lógica más profunda: inocular temor frente al cambio, presentar cualquier opción opositora como un salto al vacío y, así, condicionar la voluntad del electorado. No se trata de persuadir, sino de advertir; no de competir, sino de disuadir. Allí, la democracia deja de ser elección libre para convertirse en continuidad inducida.
El disciplinamiento social, en este esquema, no requiere de una represión abierta y constante. Funciona más bien a través de mecanismos difusos, pero efectivos. Uno de ellos es el temor, no siempre explícito, sino latente. Temor a las consecuencias de disentir, a la pérdida de oportunidades, al aislamiento, a la cancelación o a la estigmatización. Este temor no necesita ser ejercido de manera uniforme; basta con que existan ejemplos visibles para que el resto de la sociedad internalice los límites de lo tolerable. La autocensura, en ese sentido, se convierte en una herramienta más eficiente que la censura directa.
Otro mecanismo relevante es la construcción de identidades políticas fuertes, donde la adhesión al grupo gobernante trasciende la evaluación racional de sus acciones. La pertenencia se vuelve emocional, incluso afectiva. En ese marco, la crítica no se percibe como un aporte al debate democrático, sino como una amenaza externa. Esta lógica binaria —amigo/enemigo— simplifica la complejidad política y facilita el mantenimiento del poder, pero al costo de empobrecer el pluralismo.
También opera una forma de dependencia material o simbólica. Cuando el acceso a recursos, oportunidades o reconocimiento social se vincula directa o indirectamente con la cercanía al poder, se genera un incentivo poderoso para la alineación. No se trata necesariamente de corrupción en sentido estricto de delitos tipificados en el código penal, sino de una red de relaciones donde la neutralidad se vuelve difícil de sostener. En estos contextos, la autonomía individual y colectiva se ve condicionada por estructuras de recompensa y castigo que refuerzan la continuidad del grupo dominante.
Sin embargo, sería simplista reducir este fenómeno a una manipulación unilateral. La permanencia de un grupo político también se apoya en la complicidad -activa o pasiva- de sectores sociales que encuentran en esa estabilidad una forma de certidumbre. El cambio, en política, implica siempre un grado de incertidumbre, y no todos los actores están dispuestos a asumirlo. Así, el temor no solo es inducido desde el poder, sino que también puede ser una construcción social compartida.
Frente a este escenario, la reflexión de Jürgen Habermas resulta especialmente pertinente. Desde su teoría de la acción comunicativa y su concepción de la democracia deliberativa, sostiene que la legitimidad del poder político no puede agotarse en su origen electoral, sino que debe renovarse constantemente a través de procesos de deliberación pública inclusiva, racional y libre de coerciones. En otras palabras, el antídoto frente a la concentración y el abuso del poder no es únicamente institucional, sino profundamente ciudadano.
En este punto, la defensa de la democracia frente a sus propias derivas internas no puede recaer exclusivamente en las instituciones formales ni en la inercia de los mecanismos electorales. Cuando el poder democrático comienza a exhibir rasgos de concentración que evocan lógicas absolutistas, esa tentación siempre latente de confundirse con el propio Estado, se vuelve imprescindible la irrupción de otros actores capaces de reequilibrar el sistema desde el plano simbólico y cultural.
Existe un riesgo silencioso que atraviesa a toda democracia: que la legitimidad de origen, cuando se prolonga sin alternancia efectiva, derive en una forma de poder que ya no se reconoce a sí mismo como limitado. Como advirtió Montesquieu tres siglos atrás, en una de sus célebres obras, “El espíritu de las leyes”, el poder tiende a expandirse hasta encontrar freno, y cuando ese freno se debilita, no por ruptura institucional, sino por desgaste progresivo, el equilibrio deja de ser una garantía y pasa a ser una ficción.
Es aquí, donde la advertencia de Karl Popper, formulada en la década del 50’ cobra plena vigencia: la democracia no se agota en elegir gobernantes, sino en la posibilidad real de removerlos. Cuando esa posibilidad se vuelve improbable, aunque no formalmente imposible, el sistema comienza a deslizarse, casi imperceptiblemente, hacia una zona donde la continuidad deja de ser estabilidad y se convierte en hegemonía.
En este punto adquiere -según mi punto de vista- un rol decisivo el compromiso de los sectores intelectuales. No en el sentido elitista o distante, sino como generadores de marcos críticos por fuera del ecosistema de los actores políticos, que permitan desnaturalizar aquello que el poder busca consolidar como inevitable. En línea con la preocupación habermasiana por una esfera pública activa y deliberativa, los intelectuales están llamados a intervenir no como meros observadores, sino como participantes disruptivos, capaces de tensionar los consensos aparentes.
Esa intervención, sin embargo, no puede ser complaciente. Requiere la construcción de una corriente de pensamiento deliberadamente díscola: una forma de rebeldía democrática que no se opone al sistema, sino a su degradación. Se trata de una disidencia que no busca destruir, sino equilibrar; que no niega la legitimidad del poder, pero sí cuestiona sus excesos, sus zonas de opacidad y sus intentos de perpetuación simbólica.
La historia demuestra que los momentos de mayor vitalidad democrática han estado acompañados por voces intelectuales que se atrevieron a cuestionar, a desafiar y a introducir matices frente a discursos dominantes. No se trata de un gesto meramente académico, sino de una responsabilidad cívica: la de impedir que el poder, aun surgido de la voluntad popular, se vuelva autosuficiente y deje de rendir cuentas en el plano de las ideas.
Frente a un poder democrático con tendencias a la concentración, la respuesta no es el silencio ni la adaptación, sino la articulación de una crítica lúcida y persistente. Una crítica que, desde la rebeldía democrática, contribuya a restaurar el equilibrio, a revitalizar la deliberación pública y a recordar, de manera constante, que ningún poder, por más legitimado que se encuentre, puede quedar exento del cuestionamiento racional y colectivo.
Sin necesidad de trasladar mecánicamente estos procesos, cabe preguntarse, también en la realidad institucional de Mendoza, si ciertas dinámicas de prolongada permanencia en el poder no terminan generando zonas de influencia que rozan los márgenes de lo institucionalmente esperable. Un debate que, aunque todavía no se presenta como intenso o generalizado, comienza a insinuarse en ciertos pliegues político-sociales interesados en la cosa pública.
En contextos donde los equilibrios dependen tanto de la fortaleza de las reglas como de la cultura política que las sostiene, no resulta irrazonable advertir que la reiteración de un mismo grupo político en funciones decisivas podría, incidir en la configuración de ámbitos que deberían preservar una autonomía más nítida, como el sistema judicial o los diversos órganos de control.
Hay un riesgo latente que no debería soslayarse: que la continuidad, cuando se vuelve norma, termine generando, una cercanía impropia entre el poder político y aquellas instituciones llamadas, precisamente, a ponerles límites.