COLUMNISTAS INVITADOS. El análisis y la opinión del criminólogo Eduardo Muñoz sobre la crisis de la que dan cuenta las protestas policial, mientras en Santa Fe se avanza en un acuerdo y en Mendoza, los familiares se presentaron en la Legislatura.
Comparto a continuación la reflexión del criminólogo Eduardo Muñoz sobre una realidad que hoy interpela no solo a Santa Fe, sino a todo el país.
El debate sobre seguridad suele quedar reducido a consignas, estadísticas o medidas urgentes. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a analizar el estado real de quienes están en la primera línea del sistema: las fuerzas de seguridad. Esta opinión pone el foco en un aspecto estructural que muchas veces se posterga —el capital humano— y plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede el Estado enfrentar un crimen cada vez más profesionalizado con agentes que trabajan al límite físico, económico y emocional?
Más allá de las posiciones políticas, el texto invita a pensar la seguridad desde una perspectiva estratégica y no meramente reactiva. Cuando las condiciones salariales, laborales y psicológicas de los policías se deterioran, el problema deja de ser sectorial y se convierte en social.
Los invito a leer esta mirada con apertura y sentido crítico. Entender el diagnóstico es el primer paso para discutir soluciones de fondo.
La columna completa de Eduardo Muñoz
Santa Fe como síntoma de un problema nacional
Lo que estamos viendo estos días en Santa Fe no es una escena aislada. Patrulleros cruzados, humo frente a Jefatura y protestas que exponen fracturas internas muestran un problema que se repite en distintos puntos del país. Cambian los nombres, pero el conflicto es el mismo: salarios insuficientes, desgaste acumulado y ausencia de una política integral de seguridad que ponga al recurso humano en el centro.
Sueldos bajos y jornadas que no terminan
En la Argentina, miles de policías trabajan con ingresos que, en términos reales, rozan la línea de pobreza para una familia tipo. El sueldo básico rara vez alcanza. La diferencia se cubre con adicionales y servicios extraordinarios que extienden las jornadas mucho más allá de lo razonable.
Eso tiene consecuencias concretas. Llegar a casa después de 16 horas y descubrir que el alquiler se llevó buena parte del ingreso. Elegir qué factura pagar primero. Manejar un Uber en el día libre. Dormir poco. Volver a salir. El cansancio deja de ser circunstancial y se vuelve permanente.
Mientras ese desgaste se acumula en los agentes, del otro lado de la calle el delito ya no juega de amateur.
Crimen organizado vs. Estado agotado
El problema no es solo salarial. Es estratégico, porque la policía es el primer filtro del sistema penal. Si ese filtro está agotado, endeudado y emocionalmente tensionado, el resto del sistema funciona sobre una base frágil.
Del otro lado, el crimen no improvisa. Las bandas no solo trafican: tercerizan violencia, lavan dinero a través de empresas y comercios de fachada, reclutan con incentivos claros y reemplazan a un detenido en cuestión de días. Se reorganizan rápido y siguen.
La asimetría es evidente: organizaciones que planifican como corporaciones frente a fuerzas que muchas veces apenas llegan a fin de mes.
Sin capital humano fuerte no hay reforma posible
La pregunta es directa: ¿puede un Estado enfrentar un crimen cada vez más profesionalizado con recursos humanos que trabajan al límite físico y económico?
El ciudadano no analiza escalas salariales. Percibe si hay patrullaje real, si la respuesta llega a tiempo, si la autoridad transmite firmeza o cansancio.
Sin un salario sostenible, límites reales a jornadas extenuantes y contención psicológica obligatoria, no hay reforma que alcance.
Sin eso, cada protesta será apenas la antesala de la siguiente. Y cada agente que se quiebra será el recordatorio de que el Estado prefiere administrar crisis en lugar de prevenirlas.
Lo que estalla hoy en Santa Fe no es solo una protesta. Es una señal de alarma. No se puede exigir seguridad de primer nivel con policías que viven al límite. Cuando esa brecha se agranda, el costo no lo paga la política. Lo paga la sociedad.