El equilibrio en las cuentas públicas es un logro innegable, pero no alcanza. Para que la provincia despegue, es urgente pasar del orden contable a la competitividad fiscal, eliminando las trabas y los impuestos que asfixian la inversión privada.
Mendoza suele mirarse a sí misma con orgullo como una provincia institucionalmente ordenada y con previsibilidad fiscal, un rasgo que la destaca de manera positiva en el complejo contexto argentino. Sin embargo, la prolijidad en los números públicos no siempre se traduce en prosperidad para el sector privado: una provincia puede tener sus cuentas perfectamente saneadas y, al mismo tiempo, mantener una presión tributaria y una carga regulatoria que actúan como un verdadero freno de mano para la economía real.
En esta columna de opinión, Rubén de la Llana propone un debate profundo y necesario sobre el costo del Estado en el proceso productivo. A través de un análisis riguroso que contrasta los datos de crecimiento de la provincia con las ideas de la Escuela Austríaca de Economía y el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, el autor desglosa el impacto distorsivo de tributos como Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales encubiertas. Su planteo es directo: el orden fiscal debe ser apenas el punto de partida. El verdadero desafío de Mendoza es avanzar hacia la libertad productiva, quitándole peso de encima a los que producen, invierten y arriesgan para liberar, finalmente, todo el potencial de la región.
La columna completa de Rubén de la Llana
Mendoza: del orden fiscal a la libertad productiva
Mendoza suele mirarse a sí misma —y no sin razones— como una provincia relativamente ordenada. En el contexto argentino, eso ya es bastante. Frente a jurisdicciones con déficits crónicos, empleo público desbordado o administraciones dependientes de auxilios permanentes, Mendoza conserva una imagen de mayor previsibilidad fiscal e institucional.
Pero esa mirada, aunque parcialmente cierta, puede volverse complaciente. Porque una provincia puede tener cuentas razonablemente ordenadas y, al mismo tiempo, ser cara para producir. Puede no estar quebrada y, sin embargo, poner demasiadas trabas al que invierte, contrata, comercia, exporta o simplemente intenta abrir una actividad formal. Puede mostrar prolijidad fiscal y, a la vez, sostener una presión tributaria que actúa como ancla sobre la economía real.
Ese es el debate que Mendoza debería empezar a dar con más profundidad.
El problema no es sólo si el Estado provincial cierra o no sus números. El problema es cuánto le cuesta ese Estado al proceso productivo. Y allí aparecen cuestiones para discutir: Ingresos Brutos sigue siendo un impuesto altamente distorsivo; Sellos castiga contratos, crédito e inversión; las percepciones y retenciones afectan capital de trabajo; y las tasas municipales, muchas veces, se han convertido en verdaderos impuestos locales con nombres más amables.
Los datos recientes ayudan a ponerle piso a la discusión. Según estimaciones preliminares de la DEIE difundidas en junio de 2026, el Producto Bruto Geográfico de Mendoza creció 1,56% en 2025. La mejora fue positiva, pero quedó lejos del crecimiento nacional informado para ese año, de 4,4%, y también por debajo del 3,6% estimado para San Juan.
Otra lectura privada, del IERAL de Fundación Mediterránea, ubicó el crecimiento mendocino cerca de 3,5%, también por debajo del promedio nacional. Más allá de la diferencia metodológica, ambas lecturas coinciden en lo esencial: Mendoza creció, pero menos de lo necesario, con bajo dinamismo y sectores tradicionales todavía débiles.
En paralelo, el Consejo Empresario Mendocino muestra que la carga fiscal provincial sobre el PBG se ubicó en 6,4% en 2024: menor que en 2015 y 2017, pero todavía muy por encima del 3,6% registrado en 2004. Además, Ingresos Brutos explica cerca del 80% de los recursos tributarios locales. Es decir: hubo alivio respecto del máximo reciente, pero el Estado provincial sigue capturando una porción elevada de una economía que no despega.
Ese matiz es importante. No se trata de negar los esfuerzos de ordenamiento fiscal ni las reducciones parciales de alícuotas. Se trata de advertir que, para una economía que crece poco y por debajo del promedio nacional, una presión tributaria todavía alta opera como freno estructural.
Para un productor, comerciante, profesional independiente, industrial, hotelero o emprendedor, la presión fiscal no se mide por jurisdicción ni por categoría legal. No importa demasiado si paga un impuesto provincial, una tasa municipal, un derecho de habilitación, un sellado, una contribución o un anticipo. Lo que importa es el total. Y ese total, sumado a regulaciones, trámites, costos laborales, incertidumbre macroeconómica y falta de crédito, termina definiendo si una actividad se expande, se achica o directamente no nace.
La Escuela Austríaca de Economía ofrece una mirada especialmente útil para interpretar este fenómeno. Ludwig von Mises insistía en que la economía de mercado necesita cálculo económico: precios, costos, ganancias y pérdidas que reflejen información real. Cuando el Estado carga artificialmente las actividades con impuestos en cascada, regulaciones excesivas o costos administrativos, esas señales se distorsionan. El empresario deja de decidir sólo en función de oportunidades productivas y empieza a decidir en función de cómo sobrevivir al sistema.
Friedrich Hayek agregó otro punto central: el conocimiento está disperso en la sociedad. Ningún funcionario, por más preparado que sea, puede reunir toda la información que manejan miles de personas en sus actividades concretas. El viñatero conoce su finca. El comerciante conoce su clientela. El industrial conoce sus costos. El hotelero conoce la temporada. El emprendedor conoce una oportunidad que todavía no figura en ningún plan oficial.
Israel Kirzner completó esta mirada con una idea decisiva: el empresario no es sólo alguien que administra recursos existentes, sino alguien que descubre oportunidades que otros no vieron. Su función es estar alerta. Detectar un precio mal alineado, una necesidad insatisfecha, una tecnología aplicable, un mercado posible, un costo que puede reducirse o una combinación nueva de recursos. Allí donde la burocracia ve expedientes, el empresario puede ver valor futuro.
Por eso, cuando la presión fiscal y regulatoria es demasiado alta, no sólo se reduce la rentabilidad de lo que ya existe. Se bloquea también lo que todavía no nació. El impuesto excesivo no sólo grava al comercio abierto; también desalienta al comercio que nunca abre. La tasa absurda no sólo encarece al empresario visible; también mata al emprendedor invisible. Y esa pérdida no aparece en las estadísticas, pero se siente en la falta de dinamismo.
El desarrollo no se fabrica desde un escritorio. Se facilita —o se obstaculiza— desde las instituciones.
Aquí también es bueno repasar las ideas de Juan Bautista Alberdi. Para él, la organización nacional debía proteger la propiedad, el trabajo, el comercio, la industria lícita, la inmigración, el capital y la seguridad jurídica. Su programa constitucional no imaginaba un Estado empresario que diseñara la prosperidad desde arriba, sino un marco de libertad para que la sociedad pudiera crear riqueza desde abajo.
Trasladado a Mendoza, el mensaje alberdiano sigue vigente: la provincia no crecerá por multiplicar programas, agencias, ventanillas o beneficios sectoriales. Crecerá si producir es más fácil, invertir es menos riesgoso, contratar es más viable y formalizarse no se transforma en un castigo.
Esto no significa negar el valor del orden fiscal. Al contrario: sin cuentas públicas razonables, no hay estabilidad posible. Pero el equilibrio fiscal debe ser punto de partida, no punto de llegada. La nueva discusión debería ser cómo pasar del orden fiscal a la competitividad fiscal.
Eso implica revisar el gasto público con un criterio más exigente. No se trata de proponer recortes ciegos sobre salud, educación o seguridad. Esa caricatura suele aparecer cada vez que se plantea una austeridad seria. La pregunta correcta es otra: ¿cuánto del gasto público llega efectivamente al servicio esencial y cuánto se pierde en estructuras duplicadas, transferencias, subsidios, compras significativas, fideicomisos, publicidad, eventos, cargos políticos, asesorías, trámites, programas, todos ellos con mediciones que quizás resulten insuficientes o extemporáneas, así como obra pública sin retorno verificable?
Cada peso de ahorro permanente debería tener un destino también permanente: bajar impuestos distorsivos. No crear nuevos programas. No financiar nuevas oficinas. No engrosar fondos especiales. No esconder gasto bajo etiquetas modernas. Si se reduce gasto corriente estructural, el beneficio debe volver al contribuyente en forma de menor presión tributaria.
La prioridad debería estar clara. Primero, reducir Ingresos Brutos en sectores productivos, comerciales y transables. Segundo, acelerar la eliminación de Sellos, especialmente en contratos, crédito, inversión, construcción y operaciones productivas. Tercero, disminuir percepciones y retenciones que afectan capital de trabajo. Cuarto, eliminar tasas provinciales y municipales de bajo valor fiscal pero alto costo burocrático. Quinto, revisar toda tasa que no tenga servicio concreto, costo demostrable y fórmula transparente.
Este último punto es crucial en el plano municipal. En Mendoza, los municipios cumplen funciones importantes, pero también se han convertido en muchos casos en un segundo anillo de presión fiscal. Habilitaciones, derechos de comercio, seguridad e higiene, sellados administrativos, tasas de construcción, publicidad, inspecciones y contribuciones varias pueden terminar funcionando como mini Ingresos Brutos locales.
La regla debería ser simple: si una tasa no retribuye un servicio identificable, no es tasa; es impuesto encubierto. Y si es impuesto, debe discutirse como tal, no camuflarse en una ordenanza tarifaria.
La Provincia podría liderar un pacto fiscal con los municipios, no para repartir más recursos, sino para bajar el costo de producir. Los municipios que eliminen habilitaciones para actividades de bajo riesgo, reduzcan tasas comerciales, digitalicen trámites, congelen estructuras políticas y publiquen el costo real de sus servicios deberían recibir prioridad en programas provinciales de infraestructura y modernización. El municipio que simplifica merece apoyo. El que inventa tasas para sostener gasto político debería explicarlo a sus vecinos.
Mendoza tiene sectores con enorme potencial: vitivinicultura, agroindustria, minería, energía, petróleo, turismo, logística, economía del conocimiento, industria metalmecánica, servicios profesionales, construcción, etc. Pero ese potencial no se liberará plenamente si el Estado provincial y municipal sigue cobrando demasiado por dejar trabajar.
La provincia no necesita abandonar la responsabilidad fiscal. Necesita completarla con una agenda más ambiciosa: menos impuestos distorsivos, menos tasas sin contraprestación, menos burocracia, menos privilegios sectoriales y más reglas generales. En lugar de elegir ganadores desde el Estado, debería reducir el costo para que muchos puedan competir.
El pensamiento austríaco y Alberdi coinciden en una idea de fondo: la riqueza no nace del decreto, sino de la libertad protegida por instituciones sólidas. El Estado cumple un papel esencial cuando garantiza orden, seguridad jurídica, infraestructura básica, justicia, educación, salud y reglas claras. Pero se vuelve un problema cuando pretende ser socio obligatorio de cada actividad privada, cobrando antes de que el negocio funcione y sin asumir los riesgos de quien invierte.
Mendoza está ante una oportunidad. Puede conformarse con ser una provincia prolija en una Argentina con varias de ellas desordenadas, o puede aspirar a ser una verdaderamente competitiva. La diferencia no es menor. La primera administra mejor la escasez. La segunda crea condiciones para superarla.
Quizás a los mendocinos no nos resulte aplicable la “motosierra” pero sí es necesaria una “topadora” que avance de manera contundente en detectar oportunidades de optimización, reducción y/o reorganización, combinado con un “bisturí” para eliminar lo que dificulta, obstruye, frena, paraliza, lima rentabilidad, impide acumulación de capital, único camino para generar incremento de productividad y consecuentemente, crecimiento sostenible del salario real y la actividad económica actual y potencial.
El próximo capítulo debería ser ese: pasar del orden fiscal a la libertad productiva. Porque Mendoza no necesita solamente cuentas públicas prolijas. Necesita una economía privada más liviana, más dinámica y más libre para crecer. Y para eso hace falta confiar menos en la administración estatal de la economía y más en la capacidad creativa de quienes producen, invierten, descubren oportunidades y se animan a tomar riesgos.