Tengo información que comentarles y explicarles. Me parece que hay que hacer un explicador, como se le llama, sobre lo que ha sucedido con el asesinato del expolicía Héctor Peláez, y este embrollo que se ha armado en medio de la crisis que generó este hecho en Los Corralitos.
Vuelvo a repetirles que advertimos el 22 de agosto que en esa zona los vecinos estaban armándose porque no había respuesta desde la policía ante la inmensa cantidad de robos a mano armada que estaban sufriendo, incluso desvalijaron una radio. Es decir, estaban advertidos de lo que estaba pasando. Bueno, ¿qué pasa? El asesino de Peláez estaba bajo libertad condicional.
Esta crisis, este embrollo, podría diluir el foco central del tema como resultado del peloteo entre el Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial. Por eso, para mí es central puntear cada detalle del tema para que quede claro. No se trata de inflar más el asunto, pero sí lo suficiente para que no vuelva a pasar.
Roberto Pereira estaba preso, y cuando mató a Peláez, antes de ser eliminado él mismo, gozaba del beneficio de la libertad condicional, que es algo muy diferente a las salidas transitorias. Ya se los voy a explicar.
No podemos opinar sobre los cambios que hay que hacer o cualquier otra cosa; todos somos libres de opinar, de no estar de acuerdo con la ley, pero la realidad vigente es la siguiente. Vamos por puntos: hay que empezar informando cuál es el fin de la pena que se le impone a una persona que ha violado o incumplido una norma.
Si bien es una sanción, esa sanción a su vez tiene un fin que va más allá de castigar al que cometió uno o más delitos. Se lo voy a decir en términos sencillos: el deber de la justicia es tratar de que esa persona reflexione sobre su proceder y, a su vez, se rehabilite para vivir en sociedad, observando las normas que regulan la vida en comunidad.
El primer punto es determinar cuál es el fin de la pena impuesta a una persona condenada. Además de la sanción como retribución a una conducta ilícita, la sanción también tiene un objetivo que va más allá del reproche a la conducta contra la ley. ¿Cuál es ese objetivo? Que esa persona piense sobre lo que hizo, se rehabilite y pueda reintegrarse. Esto se llama prevención especial de la pena.
Ahora, antes de que haya una reacción de bronca, hay que comprender con qué herramientas legales contamos hoy en Mendoza y en Argentina, y cómo se aplican. Tal vez en este último punto esté el error.
El artículo 18 de la Constitución Nacional, el 23 de la Constitución de Mendoza, y todos los pactos internacionales de Derechos Humanos que han sido incorporados, dicen que las cárceles están hechas para seguridad y no para la mortificación de los detenidos. La Constitución de Mendoza, que hemos leído menos que la nacional, dice que deben ser centros de trabajo y moralización. Es una constitución vieja, de 1960, que nunca se cambió.
Si tenemos en cuenta que el fin de la pena, además de ser una retribución por una conducta ilícita, busca la moralización y rehabilitación del condenado, aparece un sistema de progresión de la pena, llamado régimen progresivo. Este sistema tiene varias fases, en cada una de las cuales los presos deben cumplir tareas y alcanzar objetivos.
Por ejemplo, ir a la escuela o, en casos de violencia de género, realizar talleres sobre cómo relacionarse con una mujer. Todo esto se lleva a cabo en la cárcel y se establece una relación entre el tiempo de cumplimiento y la conducta del detenido.
Es importante entender que la libertad condicional no es un invento de Argentina ni mucho menos de Mendoza, sino que existe en todo el derecho occidental. La pregunta aquí es cómo se otorgan esas libertades condicionales y cómo se realizan los informes sobre el comportamiento del preso.
Para tramitar la libertad condicional, hay tres informes clave: el informe psicológico, el informe social y el informe del Consejo Correccional. El preso puede solicitar la libertad condicional, y esos informes son cruciales para determinar si se le concede.
El informe psicológico, como en el caso de Pereira, se hace tras entrevistar al preso una o dos veces, pero muchos señalan que a menudo esos informes no son favorables y que los jueces consideran que es lógico que haya problemas psicológicos en personas que han cometido un delito.
El segundo informe es el social, que analiza dónde va a vivir el preso y con quién. El tercero, y el más importante para los jueces, es el del Consejo Correccional, que establece la condición final del preso en base a su comportamiento en prisión. En el caso de Pereira, el Consejo Correccional recomendó por unanimidad otorgarle la libertad condicional.
En teoría, todo este proceso debería funcionar como un reloj suizo, pero en Argentina no es así. El principal problema es que no tenemos infraestructura para controlar el régimen progresivo de la pena. Aunque se hacen talleres en las cárceles, no son suficientes para preparar a los presos para la vida fuera de prisión.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay todo un sistema de empresas que ofrecen trabajos a los presos en libertad condicional, y hay un seguimiento riguroso. Aquí en Argentina, en cambio, una vez que se otorga la libertad condicional, no hay ningún tipo de control efectivo.
El resultado de esta falta de control es lo que sucedió en este caso: un preso en libertad condicional terminó matando a un expolicía en un intento de robo, en una zona que ya estaba sufriendo decenas de robos a mano armada. Ahora tenemos que lamentar la muerte de dos personas, siendo la más importante la de Héctor Peláez.
