ARCHIVO. En 2010, cuando el escándalo por abusos sacudía a la Iglesia Católica en el mundo, el diario en el que trabajaba, MDZ, consultó a referentes mendocinos sobre un tema que aún parecía lejano. Sus respuestas, atravesadas por el dolor, la autocrítica y la negación de casos locales, adquieren hoy un nuevo significado a la luz de lo que años después revelaría el caso Próvolo.
En 2010, cuando el escándalo por abusos sexuales cometidos por sacerdotes sacudía a la Iglesia Católica a escala global, Mendoza parecía —al menos en la superficie— una isla ajena a esa marea oscura. Las respuestas recogidas entonces entre representantes locales de la institución revelaban un clima particular: una mezcla de dolor genuino, autocrítica parcial y una llamativa ausencia de registros propios. Se hablaba de lo que pasaba “afuera”, mientras aquí, insistían, no había casos conocidos.
Con el paso del tiempo, y especialmente tras la irrupción en 2016 del caso del Instituto Próvolo, aquellas declaraciones adquieren otro espesor. Leídas hoy, no sólo describen un momento: también exponen los límites de una mirada institucional que todavía no alcanzaba —o no quería alcanzar— a ver lo que ocurría puertas adentro.
En aquel entonces, el tema era imposible de eludir. Las denuncias crecían en Europa y Estados Unidos, el Vaticano enfrentaba cuestionamientos inéditos y el propio papa Benedicto XVI intentaba ordenar una crisis que amenazaba la credibilidad de la Iglesia en todo el mundo.
En ese contexto, consulté a tres sacerdotes mendocinos sobre tres ejes: su opinión sobre los abusos, la existencia de casos locales y la manera de abordar el tema con los fieles.
Las respuestas fueron, en muchos aspectos, coincidentes.
“El tema lo vivo con profundo dolor”, dijo el vicario general Daniel Forconesi. Habló de “consternación” y de una “desazón terrible” frente a delitos que no dudó en calificar como graves. Su reflexión, centrada en las víctimas, mostraba empatía: evocaba historias de abusos intrafamiliares que había escuchado y describía las marcas persistentes que dejan esos hechos. “Imagino lo que las víctimas deben sentir al experimentar la traición de la confianza depositada en un sacerdote”, añadió.
No hubo, en sus palabras, defensa corporativa cerrada. Por el contrario, admitió errores: “En muchas situaciones las autoridades religiosas no actuaron bien”. Reconoció negligencias, falta de intervención de la justicia civil y fallas de obispos. Fue, quizás, la declaración más autocrítica que se escuchó en ese momento dentro de la Iglesia local.
Sin embargo, esa apertura convivía con un límite claro: la distancia. Cuando se le preguntó por casos en Mendoza, la respuesta fue categórica: no conocía ninguno.
Esa misma línea se repitió en los otros testimonios.
El por entonces joven sacerdote Juan Matías Taricco expresó “dolor e indignación” frente a los hechos difundidos por la prensa. Habló desde su experiencia pastoral, de escuchar relatos de víctimas y de la dificultad de acompañar esas historias. “Pensar que las mismas las haya podido realizar un consagrado es algo que me apena e indigna”, sostuvo. Pero tampoco aportó referencias locales concretas.
Carlos William Rubia, entonces párroco y formador en el seminario, fue en la misma dirección: calificó los abusos como “gravísimos” y reconoció el daño profundo que generan. Incluso introdujo un elemento relevante: cuando el abusador es sacerdote, dijo, el daño se multiplica porque compromete también la fe de la víctima. Aun así, afirmó no tener conocimiento de casos en la provincia.
Esa ausencia de registros —compartida por los tres— es, vista desde hoy, uno de los puntos más significativos de aquella cobertura. No porque implique necesariamente ocultamiento deliberado en cada caso, sino porque refleja un estado de situación: la Iglesia mendocina, al menos en su discurso público, no tenía incorporada la posibilidad de que esos delitos ocurrieran en su propio ámbito.
También era revelador el modo en que se abordaba la relación con los fieles. No había grandes explicaciones, sino conversaciones. “Diálogo cercano y sincero”, lo definió Forconesi. Rubia, por su parte, habló de compartir “inquietudes y dolores”, pero admitió que no podía “explicar” el fenómeno más allá de categorías como el pecado o la enfermedad psíquica.
Había, además, un esfuerzo por equilibrar el impacto de las denuncias con una reivindicación de la mayoría del clero. Forconesi lo expresó con claridad al final de aquella entrevista: la necesidad de no olvidar “la vida y entrega de tantos consagrados” que cumplían su vocación con fidelidad.
Ese cierre, que en su momento podía leerse como un intento de preservar la confianza, hoy resuena también como una señal del contexto defensivo en el que se movía la institución.
Porque lo que en 2010 era una crisis global percibida a la distancia, en 2016 estalló en Mendoza con una fuerza imposible de relativizar. El caso Próvolo no sólo expuso abusos sistemáticos contra niños sordos, sino que puso en cuestión mecanismos institucionales, silencios y responsabilidades que excedían largamente lo individual.
A la luz de esos hechos, las palabras recogidas seis años antes adquieren una dimensión distinta. El dolor expresado era real. La autocrítica, aunque incipiente, también. Pero la negación de casos locales —o su desconocimiento— marca un punto ciego que resultó decisivo.
El periodismo, como ejercicio de memoria, permite volver sobre esas escenas sin alterar lo dicho, pero sí resignificarlo. Lo que en 2010 era un retrato de época, hoy es también una pieza para entender cómo se construyó —y cómo falló— la percepción de una de las crisis más profundas que haya atravesado la Iglesia en Mendoza.
Nada de lo que se dijo entonces fue irrelevante. Pero tampoco fue suficiente.