COLUMNISTAS INVITADOS. Ecribe José Luis Montaño. El deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de efectividad de las obras sociales y la migración masiva hacia el sistema público revelan cómo la precarización económica en Mendoza dejó de ser un índice financiero para transformarse en una emergencia sanitaria y social.
Mendoza asiste al debilitamiento de uno de sus mitos fundacionales más arraigados: el de ser una «isla» de estabilidad, orden y ascenso social dentro del complejo escenario argentino. Hoy, la crisis ha dejado de medirse exclusivamente a través de los índices de ingresos para calar hondo en la estructura de los sectores medios, los trabajadores formales y los cuentapropistas, quienes ven diluida la capacidad del empleo como herramienta de integración. En este panorama de precarización silenciosa, el acceso a una vida digna se ha vuelto una carrera de obstáculos donde el salario ya no garantiza la pertenencia a la clase media ni asegura la cobertura de las necesidades más elementales.
Es en este escenario de vulnerabilidad donde la salud emerge como el marcador más sensible y doloroso del deterioro social de la provincia. La histórica red de protección que brindaban la medicina privada y las obras sociales —hoy jaqueadas por la caída de aportes, los aumentos desmedidos y las restricciones prestacionales— sufre una fuga masiva de afiliados. Al respecto, el médico especialista en Medicina del Trabajo, Dr. José Luis Montaño, analiza en la siguiente columna cómo el colapso de coberturas clave como OSEP, DAMSU y PAMI está empujando a una marea de «nuevos pobres» hacia un sistema de salud pública saturado, convirtiendo a los hospitales estatales en el último y más claro espejo de la crisis mendocina.
La columna completa de José Luis Montaño
Mendoza: cuando la crisis social empieza a expresarse en la salud
Mendoza, durante décadas reconocida como una provincia ordenada, productiva y con capacidad de ascenso social, comienza a mostrar signos profundos de deterioro. La idea de una “isla” más estable dentro de la Argentina se debilita frente al retroceso de la clase media, la caída del poder adquisitivo y la pérdida de horizonte de amplios sectores sociales.
El problema ya no se limita a la pobreza medida por ingresos. La preocupación central es más profunda: muchas familias mendocinas encuentran cada vez más dificultades para sostener su vivienda, su alimentación, su educación, su movilidad, su salud y su proyecto de futuro.
La novedad social más preocupante no es solo el crecimiento de la pobreza estructural, sino el deterioro de sectores que históricamente sostuvieron la identidad mendocina: trabajadores formales, cuentapropistas, profesionales jóvenes, comerciantes barriales, pequeñas empresas y emprendimientos familiares. Muchos de ellos trabajan, producen y aportan, pero ya no logran sostener gastos básicos, invertir, pagar alquileres, financiar salud privada ni proyectar crecimiento.
En este contexto, el empleo pierde parte de su antigua capacidad de organizar la vida. Tener trabajo ya no garantiza movilidad social. El salario ya no asegura pertenencia a la clase media. El ingreso formal, en muchos casos, no alcanza para cubrir salud, educación, transporte, alimentos, servicios, alquiler y recreación. Mendoza no enfrenta solamente un problema de empleo: enfrenta una degradación del empleo como herramienta de integración social.
La salud como nuevo determinante de pobreza
La salud se ha convertido en uno de los marcadores más sensibles del deterioro social mendocino. No hay desarrollo posible sin condiciones básicas de bienestar físico, psíquico y social. El capital humano, tantas veces mencionado en los discursos públicos, solo puede construirse sobre una población cuidada, sana y con acceso oportuno a la atención.
Durante años, una familia de clase media o clase media baja podía sostener una obra social, una prepaga o un esquema mixto de cobertura. Hoy, muchas de esas familias quedan expulsadas de la medicina privada por aumentos, copagos, coseguros, restricciones prestacionales o pérdida de empleo formal.
La crisis sanitaria es una crisis del sistema de protección social.
Los salarios deteriorados, tanto en el sector privado como en el estatal, impactan directamente sobre los fondos solidarios que financian la cobertura del sistema de la seguridad social mendocina, que da cobertura a más del 50% de la población mendocina. A esto se suma la salida de muchas familias del sistema de prepagas, producto de costos que se vuelven cada vez más difíciles de afrontar.
OSEP, que durante años funcionó como un regulador indirecto del mercado de salud provincial y como cobertura central para cientos de miles de mendocinos, atraviesa una situación grave. La discusión sobre sostenibilidad presupuestaria (supuestamente de forma eficiente), contención del gasto, aumento de costos prestacionales, medicamentos de alto costo, prótesis y productos médicos expresa una tensión creciente entre financiamiento, acceso y calidad de atención.
Traducido a lenguaje social: cuando una obra social ordena recortes, muchas veces el afiliado siente esa restricción en el cuerpo. Menos acceso, más demoras, más autorizaciones y mayor peregrinaje administrativo.
El círculo deja de ser virtuoso: nuevos pobres, salarios deteriorados, producción debilitada y obras sociales tensionadas. Y en el caso de OSEP, no se trata de una cobertura de salud marginal: involucra a trabajadores esenciales de la provincia, como policías, docentes, profesionales de la salud, personal judicial y empleados municipales.
DAMSU, la cobertura vinculada a la UNCuyo (a su gobierno), también expresa este fenómeno. La caída del poder adquisitivo salarial y el incremento sostenido de los costos de salud generan dificultades crecientes para sostener prestaciones, medicamentos y servicios. PAMI, por su parte, aparece atravesado por reclamos vinculados a turnos, demoras y restricciones, aunque el organismo niegue recortes y hable de auditorías por irregularidades.
El cuadro final es claro: el mendocino que antes resolvía su salud a través de una obra social, una prepaga o un prestador privado, hoy enfrenta cada vez más barreras de acceso. Demoras, autorizaciones, redes saturadas y gasto directo de bolsillo se vuelven parte de la experiencia cotidiana.
El interior y la salud rural: una expulsión silenciosa
El deterioro se vuelve aún más grave en las zonas rurales o alejadas del Gran Mendoza. Allí, la pérdida de cobertura privada, la caída del poder adquisitivo, la distancia a los prestadores, la menor disponibilidad de especialistas y la necesidad de traslados convierten cada consulta en un costo económico, familiar y emocional.
La desigualdad sanitaria no se expresa solamente en tener o no tener obra social. También se expresa en vivir cerca o lejos de un turno, de un estudio, de una práctica oncológica, de una farmacia con stock o de un especialista disponible.
Cuando una familia debe esperar meses o viajar cientos de kilómetros para resolver una práctica compleja, la salud deja de ser un derecho efectivo y se transforma en una carrera de obstáculos.
La salud pública como última red de contención
Como consecuencia, el sistema público comienza a recibir una demanda creciente proveniente de la crisis de otros sectores: prepagas, obras sociales, PAMI, DAMSU y la propia OSEP. La salud estatal aparece cada vez más presionada por una población que pierde capacidad de pago, cobertura efectiva y acceso oportuno.
Mendoza atraviesa así un proceso de descenso productivo, con una malla social debilitada, salarios deteriorados y respuestas insuficientes frente a uno de los pilares esenciales para el progreso de cualquier sociedad: ¨ SU SALUD¨.
La aparición de una nueva demanda sanitaria no surge de manera aislada. Proviene del empobrecimiento progresivo de sectores medios y trabajadores que, al perder capacidad de acceso a prepagas, obras sociales o prestaciones oportunas, comienzan a depender cada vez más del sistema público.
La crisis que primero afectó al empleo, al ingreso, al consumo y a la producción, ahora impacta sobre la última red de contención social: la salud pública.
El nuevo pobre mendocino no solo necesita oportunidades de desarrollo. También necesita atención médica, medicamentos, turnos, diagnósticos, prevención y acompañamiento. Y cuando esa demanda crece sin una malla social activa que la sostenga, el sistema sanitario deja de ser solo un servicio: se convierte en el espejo más claro del deterioro social de Mendoza.
Dr. José Luis Montaño
Médico Especialista en Medicina del Trabajo