COLUMNISTAS INVITADOS. Frente a la dicotomía entre el estatismo desbordado y la parálisis absoluta, Rubén de la Llana propone recuperar la visión de Alberdi: el Estado como promotor estratégico. Un análisis sobre la necesidad de distinguir entre inversión productiva y despilfarro institucional.

En el debate público argentino, la obra pública suele quedar atrapada en una simplificación binaria que oscila entre el elogio acrítico al «cemento» y la condena total por ineficiencia. Rubén de la Llana, integrante de la Fundación Alberdi, sostiene en esta columna que ninguno de estos extremos permite dar respuesta a las necesidades de desarrollo del país. El verdadero desafío, propone, no es elegir entre «obra pública sí o no», sino establecer criterios técnicos y económicos que distingan la infraestructura estratégica del gasto improductivo.

A través de un recorrido que integra desde el pensamiento clásico de Adam Smith y Jean-Baptiste Say hasta las advertencias de la escuela austríaca y el pragmatismo de Keynes, el autor sitúa el eje de la discusión en la utilidad real y el financiamiento. El texto enfatiza que la infraestructura es el soporte material indispensable para la competitividad y la integración territorial, pero advierte que su ejecución no debe ser un fetiche que ignore los costos de oportunidad ni la calidad de las instituciones que la gestionan.

Finalmente, la columna rescata la figura de Juan Bautista Alberdi para iluminar el dilema actual. Para el prócer argentino, el rol del Estado no era necesariamente el de «constructor universal», sino el de promotor: aquel que genera las condiciones, garantías y marcos legales para que la inversión —preferentemente privada— transforme el territorio. En un contexto de restricción fiscal, de la Llana invita a reconstruir un criterio de «realismo adicional» para evitar que el ajuste macroeconómico se convierta en una excusa para la desinversión estratégica.

El texto de la columna de Rubén de la Llana

La obra pública en Argentina: entre la necesidad y el exceso

En la Argentina, la discusión sobre la obra pública suele moverse entre dos simplificaciones: durante años se la identificó casi automáticamente con desarrollo; más recientemente, se la asocia con ineficiencias, sobrecostos o estatismo. Ninguno de esos extremos alcanza. El verdadero desafío consiste en distinguir entre infraestructura necesaria y gasto improductivo, entre inversión estratégica y políticas de baja calidad institucional.

Pocas discusiones muestran con tanta claridad nuestra dificultad para pensar con equilibrio como la de la obra pública. Durante mucho tiempo predominó una visión casi automática: si había rutas, viviendas, canales, redes, obradores y actos de inauguración, debía haber progreso. La imagen del cemento en movimiento parecía suficiente para cerrar la discusión. Preguntar por el costo, por la prioridad, por el mantenimiento o por la utilidad real de una obra era, muchas veces, visto como una objeción secundaria frente a una evidencia supuestamente material del desarrollo.

La reacción posterior fue comprensible, aunque no siempre más precisa desde el punto de vista económico e institucional. Después de décadas de baja competencia en la contratación, sobrecostos, proyectos inconclusos, débil mantenimiento y gasto mal priorizado, apareció la tentación de ir al extremo opuesto: considerar que toda intervención estatal en infraestructura es una forma de ineficiencia o una supervivencia del viejo estatismo. Ese giro tiene fundamentos reales. El problema es que, llevado demasiado lejos, también empobrece el debate.

Porque la infraestructura sigue siendo indispensable. Un país no funciona sin rutas transitables, energía confiable, puertos eficientes, saneamiento, transporte y conectividad logística. Sin esa base material, la producción se encarece, la integración territorial se debilita y la competitividad se erosiona. La macroeconomía importa, desde luego, pero tampoco crece sola en el vacío. El equilibrio fiscal no reemplaza a la infraestructura; apenas crea una condición para pensarla mejor. Por eso, la pregunta seria no es «obra pública sí u obra pública no». La pregunta seria es otra: qué obras hacen falta, cómo deben financiarse, quién debe encararlas y bajo qué reglas deben ejecutarse y sostenerse en el tiempo.

Visiones teóricas y el legado de Alberdi

La tradición clásica ya ofrecía una guía bastante sensata. Adam Smith no negaba el papel del Estado en materia de infraestructura. Admitía que ciertas obras públicas eran necesarias porque eran muy útiles para la sociedad, aunque no suficientemente rentables para un particular o un pequeño grupo. Pero imponía condiciones: esas obras debían ser realmente útiles para el comercio y la producción, y siempre que fuera posible debían financiarse mediante peajes, tasas o pagos de quienes las utilizan. La lógica era simple: si una infraestructura beneficia de forma identificable a determinados usuarios, lo razonable es que su financiamiento guarde relación con ese uso.

Jean-Baptiste Say añadía un matiz importante: reconocía que caminos, canales y medios de comunicación mejoraban la productividad porque reducían costos y facilitaban intercambios, pero al mismo tiempo recordaba que el gasto público no deja de consumir recursos escasos. Por su parte, John Stuart Mill aceptaba que en sociedades pobres o desorganizadas el Estado tuviera que intervenir para impulsar obras que el mercado todavía no podía realizar por sí solo, pero advertía que esa intervención no debía sustituir indefinidamente a la sociedad, sino fortalecerla.

En la tradición argentina, Alberdi introduce una dimensión todavía más exigente. Para él, la infraestructura no era un gasto accesorio ni una política coyuntural de empleo; formaba parte del proyecto de organización nacional. Sin embargo, Alberdi no pensaba que el Estado debiera hacer directamente todas esas obras. Su tesis era otra: el Estado debía promoverlas. Esta fórmula conserva hoy una actualidad notable. Cuando dice que la Constitución no manda al Gobierno a hacer ferrocarriles, sino a promoverlos, deja claro que el rol estatal consiste en crear condiciones, ofrecer garantías, movilizar crédito, otorgar concesiones y estimular la inversión privada. El Estado, en esta visión, no abdica, pero tampoco monopoliza.

Críticas y realismo actual

La crítica liberal del siglo XX (Mises, Hazlitt, Rothbard) insistió en que el gasto público no crea recursos mágicamente, sino que los reasigna. Lo que se ve son las máquinas y el puente; lo que no se ve es la inversión privada que no se hizo o el ahorro que se sacrificó. Hayek y Kirzner agregaron que la centralización estatal suele fallar por problemas cognitivos y de información. Frente a esto, incluso Keynes —que avalaba la obra pública en contextos de crisis— permitía distinguir entre una herramienta excepcional y una filosofía permanente del gasto.

En definitiva, la discusión adulta sobre obra pública no consiste en elegir entre el estatismo y la negación, sino en reconstruir un criterio. La Argentina necesita menos obra pública entendida como mecanismo de asignación discrecional y más infraestructura entendida como soporte de la producción. Esto obliga a distinguir: allí donde hay usuarios identificables, corresponde pensar en peajes y concesiones; allí donde predominan bienes públicos, puede justificarse una participación fiscal directa bajo criterios estrictos de transparencia.

La Argentina actual obliga a un realismo adicional. No siempre es posible estructurar infraestructura estratégica como si ya tuviéramos crédito abundante. Hará falta una arquitectura de transición: concesiones cofinanciadas, pagos por disponibilidad y fideicomisos. No para volver al viejo modelo, sino para evitar que la reestructuración macroeconómica se transforme en excusa para no hacer nada.

Como país nos debemos este debate. Si volvemos a Alberdi, encontramos esta síntesis: “Promover no es hacer… Un Gobierno inteligente y moral no tiene más que un medio constitucional de promover los ferrocarriles: ese medio consiste no en hacerlos, sino en dejarlos hacer y estimular con recompensas y concesiones a sus empresarios particulares”. Las inmensas posibilidades que tenemos por delante exigen una infraestructura adecuada para potenciar sus resultados.