COLUMNISTAS INVITADOS. ESebastián La Rosa analiza los cambios en la Ley de Glaciares, el nuevo rol de las provincias y las fuertes críticas que advierten sobre riesgos institucionales y ambientales.
En medio de uno de los debates legislativos más intensos de las últimas semanas, la reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner en tensión dos agendas históricamente enfrentadas en la Argentina: el desarrollo económico y la protección ambiental. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone redefinir el alcance de la norma vigente y reconfigurar el reparto de competencias entre Nación y provincias.
El planteo no es menor. Según sus defensores, la modificación busca dar mayor claridad jurídica y fortalecer el dominio provincial sobre los recursos naturales, habilitando condiciones más previsibles para actividades productivas. Sin embargo, desde distintos sectores ambientales, académicos y políticos advierten que podría implicar un retroceso en los estándares de protección alcanzados.
En esta columna, el Lic. Sebastián La Rosa repasa los principales cambios introducidos, los argumentos a favor y en contra, y los interrogantes que deja abiertos una reforma que, lejos de cerrar la discusión, anticipa un nuevo capítulo de disputa que probablemente se dirima en la Justicia.
La columna completa de Sebastián La Rosa
Ley de Glaciares: lo que se modificó y los temores que quedaron
El gran debate parlamentario de las últimas semanas, se centró en la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo a la ley que establece el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial” (el piso mínimo de protección).
El espíritu de la ley original, vislumbraba un paradigma conservacionista de preservación al tratarse de patrimonio natural y diversidad biológica. En la Constitución Nacional, la preservación es específica y se aplica a parques nacionales y áreas protegidas, toda vez que se trata de un concepto cercano a la intangibilidad.
La nueva ley, reduce dicha lógica. Según los críticos, cambió a este paradigma preservacionista por una protección agravada para los glaciares y el ambiente periglacial, solamente cuando cumplan “funciones hídricas” (cuando se los considera reservas estratégicas de recursos hídricos o cuando sean proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas). En resumen, pasa de preservacionista a proteccionista y el foco se centró en el “ambiente periglacial” y los “glaciares de escombro” que allí se forman.
Las actividades que puedan alterar los glaciares y espacios periglaciares de modo relevante seguirán prohibidas, aunque esta “relevancia” ahora será examinada en un marco de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de las provincias, en razón de que a ellas les corresponde el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (a menos que se dé un caso de interjurisdiccionalidad), teniendo en cuenta que son doce las provincias que cuentan con glaciares.
En síntesis, la modificación propone transferir a las provincias mayores facultades de decisión sobre la gestión de sus recursos naturales, reduciendo el nivel de control directo del Estado Nacional. El Ejecutivo argumenta que lo hizo para superar “controversias interpretativas” y fortalecer las atribuciones provinciales; además de dar certidumbre a lo que realmente se tutela desde el régimen, como son las prohibiciones que atentaban contra la explotación racional de los recursos naturales provinciales por parte de desarrollos productivos. Se otorga a las provincias participación determinante en las competencias que hoy el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencia Ambientales (IANIGLA) lleva a cabo, quedando éste como un mero ente consultivo y revisando protecciones ya recibidas e inventariadas. Entonces, se presentó una ley aclaratoria ante contradicciones que hicieron que nunca se reglamente la norma vieja, sin embargo, modificó “presupuestos mínimos”.
Las provincias de la Mesa del Litio (Salta, Jujuy y Catamarca) y de la mesa del Cobre (las anteriores + Mendoza y San Juan), fueron las que levantaron la voz contra la vieja norma y enviaron una nota al Poder Ejecutivo en pos de corregir frenos al desarrollo económico sostenible y generar una mayor agilidad a los análisis ambientales, lógicamente generando el rechazo de los ambientalistas.
Las críticas llovieron. La posible pérdida de una regulación nacional estricta y de un esquema de resguardo especial podría abrir la puerta a criterios desiguales entre provincias para autorizar actividades productivas en zonas glaciares y periglaciares. Esto genera preocupación por el riesgo de impactos ambientales severos y, en algunos casos, irreversibles.
Se abre la discusión sobre la capacidad técnica y presupuestaria de los organismos provinciales de control, que en muchos casos enfrentan limitaciones de financiamiento y recursos o peor, sujetos a corrupción
En lugar de debilitar marcos de protección, muchos sostienen que debería avanzarse en su fortalecimiento y en la creación de nuevas herramientas para resguardar bosques, montañas y glaciares; atentando a una lógica de “no regresión” en temas ambientales.
Desde FARN, manifestaron que se alteraría así lo que indica la Constitución Nacional, que en su artículo 41 dice que la Nación es quien establece esos presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias los complementan con estándares superiores de protección.
Greenpeace indicó que es cuestionable que las provincias tengan los recursos para hacer un correcto relevamiento de la importancia de los glaciares en los ecosistemas y que en lugar de exigir que los proyectos se ajusten a la ley, se busca ajustar la ley a los proyectos
Opositores a la nueva ley afirman que no se consultó a IANIGLIA para la redacción del proyecto. Sus informes pasan a no ser vinculantes, por lo cual no habrá una metodología uniforme.
Críticas más fuertes exponen que el proyecto es “prominería”, en contra de la norma actual que protege la naciente de los ríos (en un país árido y semiárido) y que está hecha a medida de 6 proyectos mineros de Mendoza, San Juan y Catamarca. Además, se denuncia una regresión ambiental.
El siguiente round será en la justicia. Cataratas de adhesiones del mundo ambiental nacional y la política pedirán que ella se expida sobre su constitucionalidad.
La pelea seguirá con la misma cartelera, donde ambiente y desarrollo no parecen fluir juntos en un contexto donde la economía quiere imponer sus reglas.