COLUMNISTAS INVITADOS. Un análisis de Rubén de la Llana, de Fundación Alberdi, que revisita la histórica tensión entre John Maynard Keynes y Friedrich Hayek para explicar las raíces del desorden argentino y advertir sobre los riesgos de repetir, bajo nuevas formas, las recetas que llevaron a la crisis.
En un país acostumbrado a transitar crisis cíclicas, la discusión económica suele oscilar entre urgencias políticas y soluciones de corto plazo. En este trabajo, Rubén de la Llana, de la Fundación Alberdi, propone salir de esa lógica pendular y recuperar un debate clásico para iluminar un problema persistente: por qué la Argentina tropieza, una y otra vez, con los mismos errores. Para ello, vuelve sobre el contrapunto entre Keynes y Hayek, no como una elección doctrinaria, sino como una herramienta para distinguir entre diagnóstico y tentación.
A partir de ese marco, el autor plantea una tesis provocadora: el problema argentino no ha sido la falta de intervención estatal, sino el abuso de políticas que, en nombre de la emergencia, terminaron desordenando la economía y debilitando sus instituciones. En ese sentido, sostiene que Hayek ofrece una lectura más precisa sobre las causas profundas del deterioro, mientras que Keynes puede servir, en todo caso, como advertencia sobre los riesgos sociales y políticos de una transición prolongada.
Sin embargo, el análisis no se detiene en la macroeconomía. De la Llana advierte que incluso un programa técnicamente correcto puede fracasar si pierde legitimidad social o si confunde alivio con dependencia. Así, el texto abre una discusión más amplia sobre el sentido de la política económica: no sólo cómo estabilizar variables, sino cómo evitar que la salida vuelva a quedar atrapada en el mismo ciclo que la originó.
La columna completa de Rubén de la Llana
Keynes, Hayek y la Argentina: La enfermedad, la tentación y el límite del atajo
Para entender de dónde viene el desorden argentino, Hayek sigue siendo más útil que Keynes. Pero reconocerlo no alcanza: una transición puede ser correcta en la macro y, aun así, volverse políticamente frágil si se la usa como excusa para reabrir el mismo ciclo.
En la Argentina persiste una superstición económica difícil de erradicar: la idea de que cada crisis se arregla con una dosis extra de lo mismo que la produjo. Si faltan dólares, se controla. Si la inflación se dispara, se congela. Si el consumo afloja, se lo empuja. Si crece el malestar social, se agranda el gasto. Cambian los nombres, cambia la retórica, cambia el envase. La lógica de fondo, casi nunca.
Por eso el viejo contrapunto entre Keynes y Hayek sigue siendo útil. No porque haya que elegir gurú económico, sino porque ayuda a separar diagnóstico de tentación. Keynes vio algo real: una economía puede entrar en espiral descendente y una transición puede volverse políticamente inviable si el deterioro social se prolonga demasiado. Hayek vio otra cosa, igual de real y, para la Argentina, bastante más decisiva: cuando el Estado intenta reemplazar al sistema de precios, ordenar desde arriba lo que no entiende y administrar la demanda como si manejara una planilla de cálculo, termina rompiendo la coordinación económica, apagando señales y fabricando dependencia.
La discusión entre Friedrich Hayek y John Maynard Keynes suele presentarse como el gran duelo económico del siglo XX. Algo de verdad hay en esa imagen, pero conviene ordenarla. No fue una pelea continua ni un intercambio simétrico de décadas, sino una controversia intensa, concentrada sobre todo en los años treinta, cuando la Gran Depresión obligó a repensar casi todo. Hayek llegó a Londres en 1931, cuestionó con dureza el Treatise on Money de Keynes, y Keynes respondió atacando Prices and Production. Desde ahí quedó planteado un desacuerdo de fondo que iba mucho más allá de una discusión técnica: qué causa las crisis, cuánto puede saber el Estado, hasta dónde debe intervenir el poder político y qué riesgos aparecen cuando la urgencia económica se convierte en principio permanente de gobierno.
Con el tiempo, aquel cruce académico se volvió también una disputa simbólica entre dos maneras de entender el orden social: una más confiada en la dirección pública de la economía; la otra, más atenta a los límites del conocimiento y a la capacidad de coordinación que nace de reglas estables, precios libres e instituciones sólidas. El aporte de Hayek apuntó precisamente a mostrar cómo economía, instituciones, derecho, conocimiento y organización social están entrelazados. Ahí entra su tesis de que el conocimiento relevante está disperso entre millones de personas y que un sistema descentralizado de precios coordina mejor esa información que la planificación central. Ésa fue una de las razones centrales por las que recibió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel en 1974.
Si se mira la historia argentina con honestidad intelectual, cuesta sostener que nuestro problema haya sido la falta de keynesianismo. En realidad, fue más bien al revés. No llegamos hasta acá por exceso de austeridad liberal, sino por décadas de emisión, déficit crónico, controles, subsidios mal calibrados, privilegios sectoriales y una política que confundió compasión con gasto, y crecimiento con consumo forzado.
En otras palabras: la Argentina no vivió una sobredosis de Hayek. Vivió una larga adicción a la fantasía de que la política puede torcer la aritmética y fabricar prosperidad con billetes, regulaciones y relato.
Conviene decirlo sin vueltas: para entender la enfermedad de fondo, Hayek lee mejor a la Argentina que Keynes. Y hasta los datos más recientes apuntan en esa dirección: baja de la inflación respecto del pico anterior, superávit primario y financiero, y mejora de la actividad después de la peor fase de la caída. Nada de eso significa que el país esté curado. Es algo más modesto, pero decisivo: sin equilibrio fiscal y sin una moneda menos desquiciada, no hay economía normal posible.
Ahora bien, reconocer eso no obliga a caer en la visión inversa: suponer que toda objeción social o política a una transición dura es keynesianismo encubierto. No. Una cosa es ver un problema; otra, muy distinta, es recetar el veneno de siempre. Y ahí está el punto que la discusión argentina suele borrar con apuro: Keynes puede servir para describir un riesgo político y social; no debería servir para dictar la terapia económica.
El deslizamiento suele ser bastante previsible. Primero se admite, con razón, que una estabilización tarda en llegar al bolsillo, al empleo formal y a la calle. Después se dice que, como eso genera cansancio social, hay que acompañar con políticas activas. Cinco minutos más tarde ya estamos discutiendo déficit transitorio, crédito subsidiado, gasto inteligente, empuje a la demanda, alivio monetario o alguna versión reciclada de la vieja fantasía. Ahí es donde una puerta entreabierta se convierte en portón. Y en la Argentina, además, nuestro “por única vez” tiene la mala costumbre de durar años.
Pero si el debate terminara ahí, quedaría incompleto. Una transición no fracasa sólo cuando se desordena la macro. También puede fracasar cuando pierde a la gente en el camino, confunde alivio con dependencia y convierte la emergencia en método de gobierno. Ése es el punto decisivo, y es el que conviene mirar en la segunda parte.
La transición, la gente y el riesgo de administrar la dependencia
La salida no puede medirse sólo en inflación o superávit. Si la política social trata a la gente como material administrable, la transición pierde legitimidad y el país vuelve a tropezar con lo mismo.
En la primera parte quedó planteado el punto de fondo: Hayek ayuda a entender la enfermedad argentina y Keynes, a lo sumo, sirve como advertencia sobre el costo político de una transición larga. Pero una economía no se estabiliza para lucirse en la planilla de cálculo. Se estabiliza para que la gente recupere horizonte, trabajo, ahorro y libertad de proyecto. Ahí empieza la parte más difícil.
Por eso la discusión seria no puede agotarse en la macroeconomía. Una transición no fracasa sólo cuando se desordena la planilla de cálculo; también fracasa cuando pierde a la gente en el camino. Conviene hacer, entonces, una distinción que en la Argentina suele desaparecer: la pobreza no es un problema lineal que se resuelva con más transferencias. Tiene muchas causas, y se mezclan entre sí: inflación, baja productividad, informalidad, reglas débiles, malos incentivos, deterioro educativo, rupturas familiares, adicciones, pérdida de hábitos de trabajo y fragilidad comunitaria. Cuando el diagnóstico se simplifica de más, la política pública también. Y cuando eso pasa, suele agravar aquello que prometía curar.
Por eso conviene mirar la pobreza estructural no sólo como un grupo porcentual a reducir, sino como personas con ilusiones y proyectos de vida. Dicho de otra manera, una sociedad sana no trata a los sectores vulnerables como piezas de un tablero fiscal ni como clientes permanentes de un dispositivo estatal. Los reconoce como compatriotas capaces de trabajar, emprender, ahorrar, educarse, organizarse y volver a ponerse de pie si el entorno institucional deja de castigarlas. Parece una diferencia semántica. No lo es. Es una diferencia antropológica y política.
Desde luego, existe un deber elemental de asistir en la emergencia. Una familia que no llega a fin de mes, un niño mal alimentado o un jubilado en situación crítica no pueden esperar a que la teoría cierre impecable. Pero una cosa es aliviar una emergencia y otra, muy distinta, convertirla en forma de gobierno. Cuando la excepción se vuelve sistema, la ayuda deja de ser un puente y se transforma en una cadena que limita la libertad. Y una sociedad que vive en emergencia permanente termina organizando su política para administrar la dependencia, no para superarla.
Ahí la propuesta hayekiana muestra toda su fuerza. Sin instituciones justas, la ayuda monetaria por sí sola no genera desarrollo. Se puede repartir ingreso durante años y, aun así, dejar intacto el corazón de la pobreza si no hay moneda confiable, propiedad segura, acceso real a la justicia, reglas previsibles, crédito, margen para emprender y un horizonte en el que valga la pena esforzarse. Sin ese marco, el gasto social funciona como respirador: evita el colapso inmediato, pero no devuelve la capacidad de vivir por cuenta propia.
Por la misma razón fracasa tan seguido la fantasía tecnocrática. Ningún ministerio, ningún comité de expertos, ningún escritorio en la capital puede sustituir la inteligencia dispersa de millones de familias, comercios, empresas, oficios y comunidades. El desarrollo genuino nace fundamentalmente desde abajo y no desde la ingeniería de arriba. Nace cuando la gente encuentra reglas estables, puede proyectar, arriesgar, equivocarse, corregirse y volver a intentar sin tener que pedir permiso para respirar.
Eso no significa caer en dos errores gemelos: creer, por un lado, que el mercado arregla todo por sí solo; y creer, por el otro, que la empresa, el trabajo, el crédito, la propiedad y el emprendimiento no tienen nada que ver con la movilidad social. El mercado no es un fetiche; es un mecanismo de cooperación voluntaria y descentralizada, propio de sociedades abiertas. Debe formar parte de una solución socialmente valiosa, siempre que exista un marco moral e institucional que premie el esfuerzo, castigue el privilegio y no convierta al poderoso en concesionario del Estado.
También hace falta abandonar una confusión muy argentina: pensar la riqueza como si fuera una torta fija que el poder reparte. Esa imaginación de suma cero arruina cualquier conversación seria. La riqueza no es sólo algo que se distribuye; es algo que las personas crean cuando hay libertad, confianza, ahorro, inversión y reglas. Una economía empieza a salir del estancamiento cuando libera capacidad creadora. Y eso vale tanto para un gran inversor como para un pequeño taller, un comercio de barrio o un profesional independiente al que, por fin, dejan trabajar sin una mochila fiscal y regulatoria insoportable.
En paralelo, conviene no perder de vista el costado técnico del problema. La economía no se arregla porque mejore una planilla de cálculo. El consumo agregado puede repuntar y la estructura productiva seguir enferma. El PIB puede crecer y, aun así, persistir malas asignaciones de capital. El empleo puede aguantar, pero apoyado en bases informales o improductivas. El problema del keynesianismo mágico no es sólo su afición al gasto. Es también su fascinación por los agregados, como si una suma pudiera explicar por sí sola la salud real de una economía.
Por eso la pregunta importante no es si subió tal o cual indicador. La pregunta es otra: mejoró la calidad de la coordinación económica. Hay más ahorro genuino. La inversión aparece sin privilegios ni subsidios. Producir vuelve a ser más rentable que especular con la regulación. Contratar deja de ser una ruleta. Exportar deja de parecer una proeza heroica. El sistema de precios vuelve a informar en vez de mentir. Ésa es la discusión seria. Y ésa es también la razón por la cual un país puede bajar la inflación y seguir a mitad de camino.
Los propios datos laborales ya vienen recordando que la macro mejoró, pero esa mejora todavía no se volvió capilar ni homogénea. Eso no invalida el rumbo. Tampoco autoriza a volver al déficit. Lo que muestra es algo más simple y más incómodo: una estabilización puede ser correcta y, aun así, seguir siendo políticamente frágil si no se traduce a tiempo en empleo formal, crédito sano, inversión extendida y alivio perceptible para la vida cotidiana. Ése es un dato de realidad, no una concesión doctrinaria a Keynes.
También obliga a abrir un poco más el lente. La cuestión social no es sólo falta de ingreso. Hay pobreza material, por supuesto, pero también pobreza de vínculos, de hábitos, de horizonte y de capital social. En muchos barrios el problema no es únicamente cuánto entra, sino qué se rompió en la trama cotidiana: la escuela que dejó de ordenar, la familia que ya no contiene, el trabajo que se volvió intermitente, la droga que ocupa el lugar del proyecto, el Estado que asiste pero no recompone tejido. Mirar sólo la billetera sirve para la estadística; no alcanza para entender una sociedad.
En el fondo, toda política económica descansa sobre una idea del hombre, aunque casi nunca lo diga en voz alta. Si a la persona se la mira como dependiente por naturaleza, el Estado tutela. Si se la mira con sospecha, el Estado vigila. Si se la considera incapaz, el Estado administra. Pero si se la entiende como un sujeto moral, imperfecto pero capaz, la pregunta cambia por completo: ya no se trata de cuánto puede hacer el Estado por ella, sino de cuánto debe dejarla hacer, proteger y ordenar para que despliegue sus energías sin caer en la intemperie.
Por eso la crítica de Hayek gana espesor cuando se la conecta no sólo con la eficiencia, sino también con la dignidad. Una sociedad libre vale, sí, porque coordina mejor información dispersa. Pero vale, además, porque trata a la persona como protagonista y no como material administrable. Ése es el punto que el debate argentino suele perder cuando reduce toda discusión a una pulseada entre ajuste y gasto. No se trata sólo de cómo cierran las cuentas. Se trata de qué lugar ocupa la persona en el orden social.
Bien mirado, entonces, el programa actual se parece bastante menos a una síntesis entre Keynes y Hayek que a otra cosa: una estabilización de marco en las ideas de la libertad con pragmatismo de transición. De un lado, disciplina monetaria, equilibrio fiscal, desarme parcial de controles y búsqueda de precios más sinceros. Del otro, contención política y social administrada con criterio y de transición.
La clave no es buscar una combinación entre Hayek y Keynes. Suena elegante, pero es conceptualmente inconsistente. La fórmula más seria es otra: Hayek para la arquitectura, realismo político para los tiempos y una política social inteligente para evitar que la transición se convierta en una trituradora de empleo y de pymes.
La Argentina no necesita volver a enamorarse de Keynes. Necesita, más bien, dejar de hacerse trampa con Keynes. Necesita abandonar esa coartada sentimental que, una y otra vez, termina justificando el mismo desorden. Porque una cosa es admitir que una transición puede ir en la dirección correcta y, al mismo tiempo, tardar demasiado en mostrar resultados socialmente visibles. Y otra, muy distinta, es usar esa demora para restaurar el régimen que multiplicó pobres, destrozó la moneda y confundió protección con tutela.
La salida, si existe, va por otro lado: disciplina macro, alivio tributario en serio, desregulación inteligente, infraestructura que eleve la productividad, reglas estables, una apertura al mundo pensada para bajar el costo argentino y no para volver a la trampa devaluatoria, más un Estado socialmente sensible, sí, pero institucionalmente sobrio. Un Estado que ayude sin capturar, que contenga sin tutela, que asista sin sustituir a la sociedad. Porque, al final, la discusión de fondo no es entre Keynes y Hayek. La discusión es si vamos a seguir intentando curarnos con lo mismo que nos enfermó o si, por una vez, vamos a aceptar que el remedio correcto también exige una idea más alta de la persona.