Cada tanto, y lamentablemente, hay incidentes que vuelven a poner en debate la presencia de armas de fuego en poder de niños o adolescentes. Se suma el pánico cuando esto sucede, oportunamente ejemplo, en el ámbito escolar, lo que nos vuelve a más de 25 años atrás, cuando en la Argentina se trabajó con fuerza el tema y debió aprender de la lección despues del caso, por ejemplo, Carmen de Patagones.
Cuando un niño o un adolescente, menores de edad en todo caso, llegan con un arma a la escuela y la usan (o no), la primera reacción, la más fácil y desinformada, es culpar a los portadores y promover —de inmediato, repentinamente y con escasos fundamentos— medidas de supervisión, represión y monitoreo de los niños y jóvenes, cuando no de represión “preventiva”, de sospecha acentuada sobre esa franja etaria y de acusación directa sobre su supuesta “cada vez mayor” tendencia a la violencia.
Sin embargo, no caben dudas, tras estudiar la problemática de las armas por más de una década, de que la responsabilidad de la presencia de armas de fuego en poder de menores de edad es de los adultos.
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Hay toda una cadena de personas mayores de edad, plenamente responsables ante la ley, que intervienen antes de que un niño tome un arma: desde lo inmediato hacia arriba, el que la dejó a su alcance, el que le permitió a esa persona tener un arma, el que no advirtió el peligro de promover la tenencia doméstica de armas de fuego, el que la vendió, legal o ilegalmente (cuando un arma dispara, no lo hace en forma diferente de acuerdo con su legalidad o ilegalidad) y el que la fabricó.
Allí debemos centrar el debate como sociedad.
Preguntarnos, básicamente, para qué queremos tantas armas en poder de tantas personas si la consecuencia es bastante diferente de la “soñada”, aquella de “defenderse frente a una agresión”: lo que produce su presencia y fácil acceso es que más gente se hiera y mate, sea o no un delincuente, tenga o no tendencias criminales, lo haga por defender o por violar la ley.
Una política de control de armas debe incluir a la sociedad en forma participativa. No es suficiente poner a su disposición mecanismos para deshacerse de armas y balas, sino que es fundamental que se le explique por qué y que el Estado dé el ejemplo destruyendo sus propios excedentes, poniendo armas en manos de empleados públicos realmente responsables, capacitados e informados sobre “para qué” se les entrega esa herramienta fabricada, centralmente, para matar y, ocasional y excepcionalmente, para amedrentar o practicar deportes.
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Asimismo, las escuelas deben contar con un protocolo claro de actuación frente a la presencia de armas. Los docentes no pueden actuar de acuerdo con su reacción personal frente a un hecho tan impactante y peligroso, sino contar con todo un itinerario que permita no forzar la, de por sí, situación violenta a que se desborde y adquiera ribetes insospechados debido, precisamente, a que lo que está en juego es la salud y la vida de las personas.
Niños y armas no tienen por qué ir de la mano y los adultos tenemos toda una responsabilidad al respecto. Pero también contamos, lamentablemente, con el poder suficiente para acallar las voces de los más jóvenes y echarles la culpa de todo lo que hacen. De nosotros aprenden. A nosotros nos imitan. A nuestros estímulos responden.