En un fallo que sacude el tablero económico, judicial y político argentino, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes al Estado argentino transferir el 51 % de las acciones de YPF al Bank of New York Mellon, en su carácter de agente de cumplimiento, en el marco del juicio que enfrentan los fondos Burford Capital, Petersen Energía y Eton Park.
El dictamen constituye un nuevo capítulo en la larga saga judicial por la estatización de la petrolera ocurrida en 2012, y se da en el contexto de una sentencia previa que condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones en concepto de indemnización.
La magistrada otorgó un plazo de 14 días para que el Estado cumpla con la entrega, lo que en la práctica implicaría que la República Argentina pierda la mayoría accionaria en la principal compañía energética del país.
En abril de 2012, el Congreso argentino sancionó la ley que autorizó la expropiación del 51 % de YPF, entonces bajo control mayoritario de la española Repsol. La decisión fue impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como principal vocero del proceso, argumentando la “soberanía energética”.
Sin embargo, el proceso de expropiación omitió una oferta pública de adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios, tal como estipulaban los estatutos de la empresa. Esto motivó demandas en tribunales internacionales por parte de los fondos Petersen Energía y Eton Park, quienes habían adquirido acciones de YPF antes de la estatización.
En septiembre de 2023, la propia jueza Preska falló en contra de la Argentina, considerando que el país no había respetado las reglas contractuales del estatuto de YPF, y fijó un monto indemnizatorio de más de USD 16 mil millones. En 2024, ese fallo fue ratificado por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, dejando al país prácticamente sin instancias legales para revertir la situación.
La resolución firmada este lunes por Preska representa el primer paso hacia la ejecución de la sentencia: ordena al Estado argentino transferir las acciones en custodia al BNY Mellon, lo que a su vez habilitaría a los demandantes a hacerse de las acciones como parte del resarcimiento.
En la práctica, esto significaría que el Estado nacional perdería la mayoría accionaria en YPF, lo cual tendría implicancias directas sobre la política energética nacional, los planes de desarrollo de Vaca Muerta y la capacidad de intervención del Estado en los precios de los combustibles.
Además, el fallo puede tener impacto en otras áreas sensibles: desde la calificación crediticia del país hasta las futuras inversiones extranjeras, que observarán con atención cómo la Argentina responde ante una sentencia de esta magnitud.
Los beneficiarios principales del fallo son Burford Capital, un fondo buitre dedicado a litigar activos judiciales internacionales, que compró los derechos litigiosos de Petersen Energía (exaccionista de YPF, perteneciente al Grupo Eskenazi) y Eton Park, otro fondo con participación minoritaria en la petrolera.
Burford Capital podría recibir entre el 35 % y el 73 % del total indemnizatorio, dependiendo del reparto interno entre sus socios litigantes. De esta manera, un juicio originado en una estatización que apelaba al interés nacional termina con la potencial transferencia de activos estratégicos a manos de fondos extranjeros.
El gobierno de Javier Milei expresó su rechazo al fallo y anticipó que apelará la decisión. Sin embargo, los caminos procesales disponibles son limitados, y el riesgo de que se ejecuten embargos o ventas forzadas de activos es real.
Desde la oposición, dirigentes del kirchnerismo calificaron el fallo como “una agresión judicial extranjera contra la soberanía nacional”, aunque evitando asumir responsabilidades directas sobre la decisión de 2012. En tanto, economistas de distintas vertientes advierten sobre el posible impacto en la deuda pública, en las reservas del Banco Central y en la cotización de bonos argentinos.
A esto se suma el daño reputacional que podría sufrir el país: las expropiaciones sin respetar marcos legales internacionales vuelven a estar en el centro del debate.
YPF no es una empresa cualquiera. Fundada en 1922, fue la primera petrolera estatal del mundo y un emblema del desarrollo energético nacional. Su expropiación en 2012 marcó un giro en la política económica del país y fue presentada como un acto de reafirmación soberana.
Hoy, a más de una década de aquella decisión, el país enfrenta las consecuencias jurídicas de un proceso mal instrumentado. Si el fallo se cumple en los términos actuales, no sólo se perderá el control de una empresa estratégica, sino que se abrirá un precedente delicado para cualquier país que busque avanzar en nacionalizaciones sin respetar los contratos internacionales.
