COLUMNISTAS INVITADOS. Mauricio Castillo analiza la crisis de credibilidad en los organismos públicos y advierte que la democracia no termina en la urna, sino que se construye en la vigilancia activa y el compromiso humano de quienes integran el Estado.
La desconfianza en las instituciones públicas se ha transformado en un ruido de fondo casi naturalizado en la vida democrática contemporánea. Sin embargo, este fenómeno no responde a fallas en estructuras abstractas, sino a la conducta de los individuos que las componen. Cuando el poder se percibe como una propiedad y no como una delegación temporal de la ciudadanía, se produce una ruptura en el contrato social que erosiona los cimientos de la representatividad.
En la siguiente columna, Mauricio Castillo —especialista en gestión pública y coaching ejecutivo— propone invertir la mirada tradicional sobre el Estado. A través de un análisis que vincula la ética personal con el funcionamiento administrativo, el autor destaca el papel de los sectores que sostienen el sistema silenciosamente, como la salud y la educación, y hace un llamado urgente a la participación activa del ciudadano como único antídoto contra la degradación de la democracia.
La columna completa de Mauricio Castillo
Democracia en espejo: cuando el poder se mira a sí mismo
Hay algo incómodo en esta época que transitamos. Una sensación persistente de desconfianza, como un ruido de fondo que atraviesa a las instituciones públicas. No importa si se trata de un concejo deliberante, una legislatura provincial o un ministerio: la credibilidad parece haberse vuelto un recurso escaso. Y, sin embargo, hay una verdad que incomoda aún más que la crisis misma: las instituciones no son entes abstractos, lejanos o ajenos. Existen por las personas. Personas elegidas, en muchos casos, por la misma sociedad que hoy las cuestiona.
Aquí aparece la paradoja. El poder, en democracia, no es otra cosa que un préstamo; una delegación que hace el ciudadano cuando vota. Pero lo que debería ser un ejercicio de representación se transforma, con demasiada frecuencia, en una especie de poder sobre el poder mismo: funcionarios que se autonomizan, estructuras que se burocratizan y decisiones que parecen responder más a lógicas internas que al mandato popular.
El problema, entonces, no es solo institucional. Es profundamente humano. Porque si las instituciones fallan, no lo hacen por sí solas: fallan quienes las integran, quienes las conforman y a quienes representan. Y en esa cadena de responsabilidades, el eslabón inicial —el ciudadano— no queda exento.
Votar no es el final del acto democrático. Es apenas el comienzo. La verdadera ciudadanía no se agota en el cuarto oscuro; se construye en la vigilancia cotidiana, en la exigencia permanente, en la participación activa. Controlar, preguntar, incomodar, exigir rendición de cuentas: eso también es democracia. Y quizás sea la parte más olvidada.
Desde la escala más cercana —la municipal— hasta las estructuras más complejas del Estado, el desafío es el mismo: reconstruir la confianza. Y eso no se logra con discursos grandilocuentes, sino con prácticas concretas. Con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Con funcionarios que entiendan que su rol no implica tener privilegios ni actuar de manera personal y totalitaria, sino que es una responsabilidad, un deber y, por sobre todo, un compromiso social.
En este entramado, hay sectores que sostienen silenciosamente el funcionamiento del Estado y que, paradójicamente, son los menos reconocidos: la salud y la educación. Profesionales que trabajan en condiciones muchas veces precarias, con salarios que no reflejan su valor social y con una carga simbólica que excede cualquier contrato. Son ellos quienes encarnan, en lo cotidiano, la presencia real del Estado. Y, sin embargo, rara vez ocupan el centro del reconocimiento.
Quizás sea momento de invertir la mirada. De dejar de pensar al Estado-gobierno como una estructura distante y empezar a verlo como lo que realmente es: una red de vínculos humanos atravesados por responsabilidades compartidas. Porque no hay institución fuerte sin ciudadanos comprometidos, ni ciudadanía plena sin instituciones que respondan.
La democracia no se deteriora de un día para otro. Se erosiona lentamente, en la indiferencia, en el desinterés, en la delegación absoluta. Pero también puede reconstruirse. Y esa tarea, aunque incómoda, nos incluye a todos. Al fin y al cabo, el poder no se corrompe en soledad. Tampoco se corrige solo.