COLUMNISTAS INVITADOS. Sergio Bruni analiza la última alocución del Gobernador ante la Asamblea Legislativa, señalando una prolijidad estadística que contrasta con el silencio sobre la independencia judicial y el avance del Ejecutivo sobre los organismos de control.
El clima político de Mendoza atraviesa un momento de definiciones que trascienden lo meramente administrativo. Existe una tensión latente entre la construcción de poder territorial y la preservación de los equilibrios institucionales. Esa misma lógica de «orden» y «gestión» que se discute en los claustros universitarios es la que el gobernador Alfredo Cornejo intentó cristalizar en su reciente mensaje ante la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, detrás de la saturación de cifras y la narrativa de eficiencia, emergen interrogantes que la política profesional a veces prefiere eludir. Sergio Bruni, con una mirada aguda sobre la arquitectura del poder en la provincia, propone en esta columna desarmar el concepto de «orden» cornejista para ver qué hay debajo de su superficie. Su análisis no se queda en la estadística de la obra pública, sino que se adentra en el terreno de la calidad democrática, ese espacio donde el silencio oficial suele ser más ruidoso que sus anuncios.
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En un contexto donde la sociedad mendocina parece oscilar entre la adaptación resignada y el reclamo por mayor transparencia, Bruni pone el foco en lo que él denomina una «omisión estructural»: la situación de la Justicia y el manejo de los organismos de control. Al igual que sucede en las disputas por el Rectorado de la universidad, lo que está en juego en la provincia no es solo un modelo de administración, sino una forma de ejercer el poder y de entender sus límites republicanos.
La columna completa de Sergio Bruni
Análisis del discurso de Cornejo en la Asamblea Legislativa: “Entre el relato del orden y el silencio sobre el deterioro institucional”
El discurso de Alfredo Cornejo ante la Asamblea Legislativa fue, en términos formales —solo formales— difícil de objetar. Ordenado, extenso, saturado de cifras y logros, con una narrativa consistente. Un mensaje que busca transmitir previsibilidad, racionalidad y rumbo. Pero justamente por eso, por su prolijidad casi quirúrgica, deja expuesto su principal déficit: la desconexión entre el relato de gestión y los conflictos reales de poder que atraviesan hoy a Mendoza.
Cornejo vuelve a apoyarse en su concepto rector: el “orden”. Orden fiscal, orden administrativo, orden en la inversión; el orden como sinónimo de buena política. Es una construcción discursiva eficaz porque ofrece una idea simple en un contexto complejo. Pero también es una simplificación peligrosa: el orden no es un fin en sí mismo, ni garantiza por sí solo desarrollo, equidad ni calidad institucional.
De hecho, el discurso parece asumir que ese orden ya está produciendo resultados estructurales. Se enumeran obras, porcentajes, inversiones e indicadores sectoriales; todo cuidadosamente seleccionado para sostener la idea de un modelo que funciona. Sin embargo, lo que falta es justamente lo más difícil: una evaluación honesta del impacto de ese modelo en la vida concreta de los mendocinos. Si se mira con algo de detenimiento lo que ocurre en el Gran Mendoza, empieza a delinearse un patrón que merece ser observado con mayor cuidado. En los barrios populares urbanos o de sectores medios, donde la bronca se expresaba más abierta, hoy asoma otra cosa más contenida: una combinación de cansancio y repliegue. No es conformismo; se parece más a una estrategia de resignada adaptación.
El discurso oficial sobrevuela una “Mendoza glamorosa” sin detenerse a analizar lo que sucede en los vastos sectores afectados. La desconexión entre el relato y la realidad es políticamente perturbadora. Porque la política no se mide solo en supuestos kilómetros de ruta o megavatios instalados; se mide en empleo genuino, en oportunidades, en expectativas. Y en ese plano, el discurso se vuelve elusivo. Reconoce “esfuerzos”, pero no entra en el terreno del conflicto social ni en las desigualdades persistentes. Es un mensaje que administra la realidad a su manera. ¡De la pesada carga impositiva que sufren los emprendedores nada dice; de la inseguridad cotidiana, menos!
Sin embargo, el punto más crítico está en lo institucional. En un contexto donde crecen las voces —en ámbitos jurídicos, empresariales, intelectuales, políticos e incluso mediáticos— que advierten sobre la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, el discurso del Gobernador opta por un silencio absoluto. No hay una sola referencia, ni siquiera tangencial, a uno de los debates más delicados del presente mendocino. Sobre el manejo absoluto de todos los organismos de control también hay una omisión total; o sea, la degradación institucional no parece estar en el radar del Gobierno.
No es un dato menor. Es una omisión estructural. La relación entre el poder político y la justicia no es un tema más: es el corazón del sistema republicano. Y hoy ese vínculo está bajo sospecha. No por afirmaciones aisladas o marginales, sino por una percepción creciente vinculada al funcionamiento de los mecanismos de designación, al rol del Consejo de la Magistratura y a ciertas decisiones judiciales que alimentan la idea de alineamiento.
Frente a ese escenario, el silencio del discurso oficial no puede interpretarse como descuido. Es una decisión. Y como toda decisión política, tiene implicancias. Porque mientras se construye una narrativa de “Estado ordenado” y “credibilidad institucional”, se evita deliberadamente discutir si ese orden incluye la independencia de uno de los poderes del Estado. Y ahí aparece una contradicción de fondo: no hay orden republicano sin equilibrio de poderes, ni credibilidad institucional sin justicia independiente.
El discurso habla de eficiencia, de inversión, de modernización, pero evita hablar de poder. Y la política, en última instancia, es siempre una disputa por el poder y sus límites. En ese marco, el tramo final del mensaje adquiere un sentido más profundo. Cuando Cornejo advierte que “romper es más fácil que construir” y plantea la necesidad de continuidad, no está simplemente cerrando un balance de gestión. Está fijando una posición política: el modelo no solo debe ser valorado, sino también preservado, y a perpetuidad si fuera posible.
Ahora bien, esa apelación a la continuidad, en ausencia de una discusión abierta sobre los mecanismos de control institucional, abre un interrogante inevitable: ¿continuidad de qué, exactamente? ¿De un modelo de gestión eficiente o de una forma de ejercer el poder con controles cada vez más difusos?
El discurso funciona, sin dudas, como una pieza sólida de legitimación. Ordena la narrativa, exhibe resultados, proyecta futuro. Pero también revela sus límites: es un discurso que explica, pero no se somete a las preguntas que están flotando en el entramado social. Y entre todas esas preguntas hay una que sobresale por su ausencia: ¿cuál es hoy, realmente, el estado de la independencia judicial en Mendoza? Esa pregunta no apareció en el recinto, pero sigue, cada vez con más fuerza, instalada en la sociedad. Y en política, cuando una pregunta crece afuera, el silencio adentro no la neutraliza: la vuelve más elocuente.