OPINIÓN Y ANÁLISIS. Si hay algo irreversible es la condena a muerte. Satisface la bronca del momento, probablemente, en tiempos de agitación política que moviliza a una histeria social. Pero no es solución de nada. ¿Hay tribunales y jueces absolutamente infalibles? ¿Cómo hace el inocente asesinado para recuperar la vida perdida?
En tiempos de rienda suelta al extremismo en el mundo, nuevamente se instaura la pena de muerte. Lo hace Israel, que viene alegando la irracionalidad e injusticia del mundo islamista para defenderse y atacarlo, pero que se muestra internamente vulnerable política e intelectualmente al promover una norma que es irracional y, sobre todo, cuestionable por su irreversibilidad. La condena a muerte no puede ser reparada, ya que al asesinado -en caso de comprobarse error del proceso, o animosidad contra la víctima, o pruebas que revierten el fallo- no puede resucitar.
Israel ha dado un paso que muchos analistas consideran un retorno controvertido al pasado: la aprobación de una ley que permite aplicar la pena de muerte a personas condenadas por terrorismo. La medida, impulsada desde sectores de línea dura del gobierno de Benjamin Netanyahu, ha provocado una ola de reacciones tanto dentro del país como en la comunidad internacional.
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El proyecto fue promovido por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, figura clave del ala más dura del Ejecutivo a quien, precisamente, se acusa de «extremista». La norma fue aprobada por mayoría parlamentaria tras un intenso debate, en un contexto marcado por el conflicto en Gaza y el aumento de la tensión interna.
Israel había abolido en la práctica la pena de muerte desde mediados del siglo XX. Su única aplicación en tiempos modernos fue la ejecución del criminal nazi Adolf Eichmann en 1962, tras ser juzgado por crímenes contra la humanidad tras extraerlo etrainstitucionalmente de la Argentina, país que es signado en el mundo como «seguro» para los nazis durante muchos años.
La nueva legislación israelí introduce cambios significativos: permite imponer la pena capital a personas condenadas por terrorismo, especialmente en casos vinculados a ataques considerados “extremos” o con motivaciones ideológicas dirigidas contra el Estado.
Según los detalles conocidos, la ley contempla procedimientos acelerados, limitaciones en los recursos de apelación y condiciones de detención más severas para los acusados. Estos elementos han generado preocupación entre juristas y organizaciones de derechos humanos.
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Diversos sectores dentro de Israel han cuestionado la medida. Parte de la oposición y expertos legales advierten que la ley puede socavar principios fundamentales del Estado de derecho, al introducir excepciones en el sistema judicial para determinados acusados.
A nivel internacional, gobiernos europeos y organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su rechazo. En declaraciones conjuntas, varios países señalaron que la norma podría ser “discriminatoria” y contraria a estándares democráticos, especialmente si su aplicación se concentra en población palestina.
Uno de los puntos más controvertidos es precisamente ese: la percepción de que la ley está diseñada para aplicarse principalmente a palestinos en territorios bajo control israelí, lo que ha intensificado el debate sobre su carácter selectivo.
Los defensores de la medida argumentan que se trata de una herramienta disuasoria necesaria frente al terrorismo. Desde el entorno gubernamental se sostiene que endurecer las penas enviará un mensaje claro a quienes planean ataques contra civiles.
Sin embargo, críticos sostienen que no existe evidencia concluyente de que la pena de muerte reduzca el terrorismo y advierten que podría tener el efecto contrario: aumentar la radicalización y dificultar eventuales procesos de negociación.
Además, expertos en derecho internacional señalan posibles contradicciones con tratados suscritos por Israel y con resoluciones de organismos como las Naciones Unidas, que en los últimos años han promovido una moratoria global sobre la pena capital.
La aprobación de esta ley no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también políticas. Refuerza el perfil del ala más dura del gobierno de Netanyahu y marca un giro hacia políticas más restrictivas en materia de seguridad. Por ello, nuevamente una medida que quita vidas ajenas se mete como estrategia de marketing político.
Al mismo tiempo, abre un escenario incierto: tribunales, organismos internacionales y la propia sociedad israelí deberán ahora enfrentarse a las implicaciones de reintroducir una pena considerada por muchos como incompatible con los estándares democráticos contemporáneos.
En un contexto de alta polarización y conflicto prolongado, la decisión de la Knéset vuelve a colocar a Israel en el centro de un debate global: hasta qué punto una democracia puede —o debe— recurrir a medidas extremas en nombre de la seguridad.
Con decisiones como esta, en definitiva, el que se autopercibe como «racional» frente a la irracionalidad del terrorismo, se vuelve un par, se pone a su altura, apuesta a la desmesura.