Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a expresarse. En ese sentido, hay que decir que la gente que está en contra de la actividad minera tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Claro, como todos nosotros, tiene todo el derecho del mundo a expresarse dentro de los carriles de la ley. No tiene por qué descarrilar de ninguna manera.
Todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero no tiene el derecho de imponernos su criterio. ¿Qué quiero decir con esto? Si en el 2019 impusieron, por medio de la violencia, una marcha atrás en la reforma de la ley, que es la 7722, ya lo consiguieron. ¿Qué más quieren ahora?
Que cualquiera pueda expresar su opinión sobre un tema. Pero ojo al piojo: también tenemos derecho a sospechar que hay algo más detrás de todas estas marchas y estas oposiciones que le van a quitar, o le pretenden quitar, a un montón de mendocinos la posibilidad de tener más plata en el bolsillo.
Ojo, hay muchos sectores de la economía que tienen miedo de que la minería les robe empleados. Está pasando en Chile. Hace unos días, en Curicó, cerró una empresa de micros porque se le fueron los choferes a trabajar a la minera. ¿Por qué se fueron a trabajar a la minera? Porque les pagaba más. Sencilla y únicamente.
¿No todos queremos ganar un poco más de plata? ¿Por qué se sellar esa posibilidad cuando los controles a la minería están establecidos, cuando se cambiaron todas las normativas? Cuando todo lo que se sospechaba en 2019 fue subsanado, ¿qué van a encontrarle ahora?
