La Justicia ratificó una medida clave que garantiza el financiamiento y la recomposición salarial en el sistema universitario. El análisis del exdecano de Derecho de la UNCUYO, Ismael Farrando.
En medio de una prolongada crisis financiera que ha puesto en jaque al sistema universitario argentino, un reciente fallo judicial abre una ventana de alivio y esperanza. Así lo sostiene el Dr. Ismael Farrando, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y profesor emérito de esa casa de estudios, quien analiza el impacto de la decisión adoptada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Según explica Farrando, la confirmación de la medida cautelar que ordena la aplicación inmediata de los artículos 5° y del primer párrafo del artículo 6° de la Ley 27.795 —de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente— representa un avance significativo para el sistema. La norma garantiza la actualización salarial de docentes y no docentes, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El jurista recuerda que el conflicto se originó en agosto de 2025, cuando el Congreso de la Nación aprobó la ley, posteriormente observada en su totalidad por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ambas cámaras legislativas insistieron con el proyecto por mayoría agravada, convirtiéndolo en ley. Pese a ello, una disposición posterior del Ejecutivo condicionó su aplicación efectiva, argumentando la falta de previsión presupuestaria.
Frente a este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades promovieron una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la medida y una cautelar para garantizar la vigencia de los artículos centrales. En primera instancia, la Justicia dio lugar al planteo, y ahora la Cámara ha ratificado esa decisión.
Para Farrando, el fallo no solo implica una mejora concreta en términos de financiamiento, sino que también constituye una señal institucional relevante. “Hay vientos de esperanza por la actuación del Poder Judicial de la Nación, guardián de la Constitución y del control de los otros poderes del Estado”, destaca.
El exdecano subraya además el rol que ha tenido la comunidad universitaria en sostener el sistema durante los meses más críticos. En particular, menciona a la Universidad Nacional de Cuyo como un “baluarte del saber en el oeste argentino”, sostenida por el compromiso de docentes y trabajadores que evitaron su deterioro.
En su análisis, Farrando también pone en valor el funcionamiento del sistema republicano. Retomando la tradición teórica de la división de poderes, señala que el fallo refleja cómo “la teoría de los contrapesos entre los poderes ha funcionado en el caso concreto”, al establecer un límite al accionar del Ejecutivo.
La decisión judicial, fechada el 31 de marzo de 2026, es celebrada por amplios sectores de la comunidad educativa. Para docentes, estudiantes y egresados, representa no solo una mejora material, sino también la reafirmación de un modelo de educación pública que ha sido históricamente motor de movilidad social en la Argentina.
En un contexto de incertidumbre, concluye Farrando, este fallo permite “seguir ratificando y sosteniendo los valores de la educación pública”, devolviendo previsibilidad y renovando la confianza en las instituciones.