Podemos salirnos del tema del día, que es la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema de la Nación.
En este punto, quiero cortar con tanta dulzura. Hay una cadena informativa de copiar y pegar en todo el país, en donde todos dicen lo mismo, poniendo mucho énfasis en los procedimientos para la elección de los jueces. La crítica se centra en un 90% en el análisis periodístico o en la repetición que hacen los medios, replicando lo que ya dijeron otros.
El decreto para designar jueces es un tema complejo. ¿Está bien? ¿Está mal? Se puede debatir, pero también es cierto lo que dijo Patricia Bullrich, y me hago cargo de darle la razón: el Senado «se durmió en los laureles» cuando debía tratar la designación. Aquí hay culpas compartidas.
Ahora bien, el principal problema de la designación de jueces no es el decreto, sino los jueces mismos. Y, en particular, uno de ellos: Ariel Lijo, a quien muchos consideran impresentable.
Bullrich afirmó que el Senado se durmió. ¿Qué pasaba en la Cámara Alta? Que el kirchnerismo no podía votar en contra de Lijo, por lo que prefirió no participar. Eligieron «dormir» el tema porque, en el fondo, coincidían con Milei en que necesitaban a Lijo en la Corte.
No hay que olvidar que la senadora nacional y exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, firmó y avaló el despacho para que Lijo llegara a la Corte. Y no hay nadie más kirchnerista que ella.
En este sentido, el presidente Milei tuvo su momento más kirchnerista con esta designación. Nunca explicó realmente por qué eligió a Lijo y, cuando intentó hacerlo, trastabilló. No estaba bien informado. Le dijeron que tenía que ser Lijo y lo designó, pero cuando tuvo que defenderlo, no supo cómo hacerlo.
Milei no es el primer presidente en designar jueces de la Corte por decreto. Se ha hecho muchas veces en la historia argentina.
En 1853, cuando se aprobó la Constitución Nacional sobre las bases escritas por Juan Bautista Alberdi, el presidente Justo José de Urquiza tuvo que conformar la primera Corte Suprema y lo hizo por decreto en comisión, hasta que el Senado la aprobara. Algo muy parecido a lo que sucede ahora.
Urquiza no fue el único. Entre 1854 y 1859, lo hizo varias veces. También lo hicieron Salvador María del Carril en 1855, Bartolomé Mitre en 1863, Domingo Faustino Sarmiento en 1873, Nicolás Avellaneda en 1878 y Miguel Juárez Celman en 1890.
Carlos Pellegrini designó jueces de la Corte por decreto en 1892. Julio Argentino Roca lo hizo cuatro veces entre 1900 y 1904. Manuel Quintana en 1905, José Figueroa Alcorta en 1906, 1907 y 1910. Roque Sáenz Peña en 1911.
Incluso presidentes radicales como Hipólito Yrigoyen en 1917 y 1920, y Marcelo Torcuato de Alvear en 1923, 1924 y 1925, usaron este mecanismo.
En tiempos más recientes, Agustín Pedro Justo lo hizo en 1936, Juan Domingo Perón en 1949, 1953 y 1954, José María Guido en 1962, Isabel Perón en 1974 y 1975, Raúl Alfonsín en 1983 y 1984, Carlos Menem en 1989 y 1990, y Mauricio Macri en 2015.
Entonces, la discusión no es si se puede o no hacer por decreto, porque la historia demuestra que sí. La pregunta es: ¿está bien este procedimiento?
Lo correcto sería que el Senado acompañe el proceso. Pero, ¿qué pasó? No quiso hacerlo antes. Ahora lo hará después.
Ariel Lijo es, posiblemente, la peor elección que pudo hacer la Argentina en este momento. No es un juez que represente el cambio ni el ejemplo de justicia que se necesita.
Se lo acusa de manipular resultados de fallos, de «dormir» expedientes, de frenar denuncias de corrupción. Es un juez que no nos merecemos si realmente queremos más república.
Cambiamos de gobierno y vino Milei. ¿Y qué hizo? Nos trajo el pasado y lo sentó en la Corte Suprema.
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