Esther Sánchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), se mostró esperanzada tras la media sanción en Diputados de la Ley de Financiamiento Educativo, pero advirtió que las universidades nacionales siguen atravesando una situación crítica, especialmente por la falta de presupuesto y el deterioro del poder adquisitivo de sus trabajadores.
En diálogo con el programa “Tenés que Saberlo” por Radio Post, Sánchez valoró la aprobación del proyecto como un paso positivo en un contexto de tensión entre el Congreso y el gobierno nacional. “Tenemos la expectativa de que, después de un largo camino, podamos contar con una ley de financiamiento universitario”, sostuvo.
La iniciativa que obtuvo media sanción establece recursos ajustables de acuerdo al índice de inflación, lo que permitiría aliviar la situación presupuestaria que arrastran las universidades públicas desde hace más de un año. “Estamos funcionando con un presupuesto reconducido que fue definido a fines de 2022 para el año 2023. En 2024 no se presentó un nuevo presupuesto y tampoco en 2025”, explicó la rectora.
Según Sánchez, el presupuesto actual no contempla los aumentos inflacionarios ni alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento básicos: “Más del 60% de esos gastos corresponden a servicios esenciales como energía, limpieza, seguridad y comunicaciones. Mes a mes ese número crece y no hay una recomposición real”.
Pero el punto más crítico, según la titular de la UNCuyo, es el impacto en los salarios. “Los sueldos de nuestros docentes y no docentes han perdido más del 30% de su poder adquisitivo. La situación salarial es muy compleja”, remarcó.
Frente a este escenario, la universidad ha impulsado estrategias de eficiencia y alternativas de financiamiento. Sánchez mencionó el trabajo en propuestas de títulos intermedios, la reducción de la duración real de las carreras y la búsqueda de aportes privados para proyectos específicos de investigación, extensión y mejora de infraestructura. Un ejemplo es el programa Impulsores, que busca modernizar instalaciones como las de la bodega de la Escuela de Agricultura en General Alvear.
“No se trata solo de gastos, sino de inversión. Pero con eso no podemos resolver el problema de fondo”, subrayó.
Finalmente, la rectora evitó pronunciarse sobre el cruce político ocurrido durante la sesión en el Congreso, donde su nombre fue citado por un diputado peronista mendocino en reproche a legisladores radicales que se alinearon con el oficialismo. “No puedo emitir opinión sobre acuerdos entre gobiernos. Mi tarea es luchar por mejorar la situación de la universidad, y estoy segura de que trabajaremos en conjunto para lograrlo”, concluyó.
