El gobierno nacional avanzó durante un año de facultades delegadas por el Congreso en una profunda reestructuración del Estado.
Pudo verse allí cómo muchas áreas estaban engordadas artificialmente, o bien cuántas intermediaciones se crearon para favorecer a sectores interesados, representándole más burocracia y costos innecesarios a la gente.
Todo ello se constituye en un eje crucial para dejar de malgastar y, si se quiere, para ahorrar, y de allí la apelación al «padrenuestro» de la gestión de Javier Milei: el superávit fiscal.
Pocos desconocen la importancia de tal iniciativa -tal vez, los perjudicados directos, que los hay y es innegable- y son los que abren debates en torno a las formas y consecuencias negativas.
Pero hay una instancia superior del análisis: sabemos el por qué, el cómo y el para qué, pero se desconoce el hacia dónde se pretende ir.
De algún modo, el gobierno nacional demuestra un enamoramiento con la herramienta, con el proceso, pero parece no conocer cuál es el paso siguiente a la demolición, qué construir en ese lugar que queda baldío cada vez que transforma o disuelve un organismo público.
En Mendoza han surgido dudas con respecto al funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, por ejemplo. Durante el primer gobierno democrático de Santiago Felipe Llaver se hizo un notable (y exitoso) esfuerzo de lobby para que las decisiones en torno al vino se tomaran en Mendoza, y no en Buenos Aires, por parte de los protagonistas y por acciones de terceros.
Los protagonistas del sector indican que «algo había que hacer» con el ente de control de la vitivinicultura, pero no borrarlo y sacarlo del lugar en donde funcionaba. La trazabilidad de la industria, basada en los datos que solamente un ente público puede armonizar con autoridad y neutralidad, precisamente es lo que le otorga combustible a la competencia del sector, y podría perderse.
De allí que surge la gran duda en torno a si lo que se busca es solo destruir, buscando los argumentos adecuados y justificatorios que, en la Argentina manoseada de las últimas décadas, los hay. O bien, se pretende un nuevo camino, cosa que se desconoce, no se plantea, no es exhibida como objetivo y esperanza.
Es importante en cada uno de los casos -acaso el de Vialidad es el más transversal al resto- mostrar que no solo se busca castigar el despilfarro, la ineficiencia y la corrupción con el Estado como botín de políticos y empresarios, sino que se sabe qué hacer para que no sucumba definitivamente la infraestructura vial del país. Y así, con todo.
Esa es una falla del discurso del gobierno nacional. Pero también es un indicador: ¿se sabe y se quiere gestionar? ¿Tiene los equipos adecuados para hacerlo o la misión es, realmente, demolerlo todo, sin más?
Lo cierto es que nadie mintió cuando advirtió que la propuesta política era de un capitalismo anárquico, el «anarcocapitalismo» libertario. La carta de presentación fue el liberalismo, que es otra cosa. Y mientras los liberales se entusiasmaban en la pelea contra lo que todo lo que no sea dirigista sea denominado «neoliberalismo» en forma despectiva y negativa, la anarquía empezó a mostrar su cara.
Resta conocer si ese es el objetivo o el camino. Y hacia dónde.
