La década comenzaba a mover sus páginas, evadiendo el prólogo, poniendo al alcance de los ojos el nudo de la historia de acusaciones cruzadas y denuncias sin conciliación posible, en la que se transformarían «los ’50».
Eran las diez de la noche del 10 de marzo de 1950, cuando el concejal Fernández, presidente del cuerpo, dio por habilitada la sesión, dando rienda suelta a un tropel desenfrenado de denuncias cruzadas, en las que el denunciado minutos antes, con el paso de las horas se transformaba en denunciante.
El primer blanco quedó al descubierto apenas veinte minutos después de iniciada la sesión, y no era otro que el titular del Concejo Deliberante.
El expediente número 2.467, conformado a instancia de Ernesto Cortínez, lo señalaba como beneficiado por una licitación pública del Departamento General de Irrigación destinada al mantenimiento de cauces en Los Corralitos.
El debate, sin embargo, se centró en la existencia o no del denunciante, llegándose a hablar de la calidad de apócrifa de la misma, con la lógica intención de dilatar cualquier resolución del cuerpo acerca del destino del averiado presidente.
Pero al momento de decidir la conformación o no de una comisión investigadora, el concejal Lidauro Ramírez puso el dedo en una llaga que no dejaría en los sucesivo de sangrar: «…está la moción mía primero: que se nombre una comisión para que juzgue la habilidad de los señores concejales».
«¿De cuáles señores concejales…?», preguntó desde su banca Aruani, sorprendido por el plural de la afirmación anterior.
«De los concejales Fernández y Angel».
El doctor Edmundo Alberto Angel era acusado por el intendente municipal de ocupar dos cargos rentados por el Estado: el de concejal y el de médico de la Dirección de Salud Pública Municipal.
En realidad, era víctima de un ardid que buscaba desprestigiarlo, luego de que el ahora acusado concejal se burlara en público de las habilidades del jefe comunal.
«Voy a decir que es completamente falso el nombramiento que se me ha asignado con la remuneración de doscientos cincuenta pesos mensuales», estalló Angel, para agregar seguidamente que «a mí nunca se me notificó sobre ningún nombramiento. Y es falso también que he abandonado el servicio, el que cumplí con carácter de ‘ad honorem».
Luego, la parte denunciante aportaría a la investigación documentación falsa dejando al descubierto toda una red de amenazas e intrigas.
En el caso de Fernández, se dispuso «citar para la ratificación de la denuncia» a su autor, descartándose de plano la conformación de comisión investigadora por el voto negativo de los concejales Quatrini, Aruani, Castellote, Herrera y Angel, y avalando el procedimiento mencionado los ediles Ramírez, Quiroga y Herrero.
En cambio, fueron ocho los votos que permitieron la constitución de un comité investigador del doctor Angel.
Fernández, como presidente del cuerpo deliberativo, designó para tal fin a sus colegas Quatrini, Aruani, Castellote, Herrero y Argumedo.
Ni un solo minuto después de tomada esta resolución, ingresó como «asunto a tratar» el despacho de otra comisión investigadora: la encargada de dilucidar presuntas irregularidades en el Taller Mecánico Municipal.
Como conclusión se enumeraron una serie de cargos que deben ser investigados.
Esta duplicidad de investigaciones fue explicada en el recinto por el concejal Castellote, presidente de la comisión investigadora: «Se determina una cantidad de circunstancias mediante actas, sumarios y constataciones, pero recién cuando se le oiga al señor intendente y él explique su actuación y demás, se verá si hay o no motivo para la formación de una causa, porque la causa todavía no se forma en esta sesión».
Fotos históricas del Guaymallén de principios del siglo XX
El descontrol en el expendio de nafta, siendo el principal sospechoso nada menos que el intendente municipal, de cuyas características personales se abundó en el discurso de Castellote: «…debemos declarar en este momento que hemos recurrido muchas veces al señor intendente, en armonía y paz, cuando no ocurrían estas cosas, a decirle: ‘hay muchas cosas que no marchan bien», apuntó el edil.
Luego arremetió contra la cuestionada personalidad del jefe comunal manifestando que «siempre el señor intendente nos recibió con mucha soberbia, imposibilitándonos toda acción de control. Le hemos manifestado que no podía marchar así y él siempre ha salido a la defensa airada, no a la defensa elevada que debe hacer un funcionario que se tiene confianza, como si nosotros le infiriéramos una injuria al suponer que pudiera haber funcionarios que no desempeñan sus funciones correctamente».
El radical Herrero arguyó falta de estudio del expediente respectivo para alentar una imposible abstención en la votación del caso.
Aunque no se privó de poner sobre el paño cartas que hasta el momento permanecían recluidas en el caso.
«Tenemos el caso del señor Jaime Obredor, que figura cargando ochenta litros de nafta -dijo Herrero- aunque no sabemos si esos ochenta litros se le echaron a su automóvil particular cuando el coche de la Intendencia estaba en reparación, con motivo del accidente que es de dominio público».
«¿A qué accidente alude?», preguntó ansioso Edmundo Angel, lo que permitió el avivamiento de las llamas en la sala.
Castellote, cuando el reloj indicaba las 2.35 de la madrugada, pidió la palabra para dar lectura a los «Antecedentes del accidente de tránsito ocurrido al automóvil de la Intendencia en momentos en que era conducido por la hija del intendente municipal de Guaymallén».
El punto segundo de la enumeración de Castellote remontó al pasado tanta insatisfacción contenida, que comenzaba a esparcirse en el lugar: «El accidente ocurrió contra un microómnibus de la línea 33, el día 24 de septiembre de 1947, siendo las siete horas y cincuenta y cinco minutos, e iba el vehículo conducido por la menor, de 16 años (nacida el 1-6-1931), domiciliada en Carril Nacional 2349 de Villa Nueva. No lleva registro de conductor».
El expositor fue claro al momento de señalar la presunta irresponsabilidad del intendente, y solicitar una nueva investigación, que se suma a la cadena interminable de acusaciones mutuas, y está dirigida contra la Tesorería Municipal.
«La Municipalidad se ve envuelta en un juicio un tanto anormalmente llevado, por el hecho de que un vehículo municipal fue usado indebidamente por una persona ajena a la Municipalidad», dijo Castellote antes de denunciar la falta de publicación de los balances por parte de la Tesorería.
Y, por supuesto, se nombró (con seis votos a favor) una nueva comisión investigadora.
Diez minutos antes de las 3 de la madrugada, en aquel 1950 el presidente Fernández junto al secretario del Concejo, Chambouleyrón, levantaron la sesión, «no habiendo más asuntos que tratar». Por ahora.
