Ayer se conoció la sentencia de casación que ratifica la condena a Cristina Fernández de Kirchner y a otras personas investigadas por corrupción en la adjudicación de obras a Vialidad Nacional durante su gobierno. Este fallo revela una vez más el estado de nuestra justicia, que pese a su rol esencial como poder independiente, ha sido duramente cuestionada. En Argentina, la justicia ha dejado pasar numerosos actos de corrupción sin actuar a tiempo; muchas causas importantes han esperado 10, 20 y hasta 30 años para una resolución. Esto ha permitido que la corrupción circule sin frenos por los gobiernos de turno.
Sin embargo, más allá de sus falencias, es fundamental recordar que la justicia no debe ser un campo de disputa política. En este caso, la expresidenta ha sido condenada a seis años, sentencia que algunos considerarán excesiva y otros insuficiente. Todos recordamos al fiscal Luciani y la minuciosa investigación que conmocionó al país con la contundencia de sus acusaciones. Tras este proceso, Fernández de Kirchner apelará a la Corte Suprema, y sus partidarios sostienen que la sentencia aún no es definitiva. Pero la investigación ya ha demostrado que existía toda una red que operaba para desviar fondos, con figuras clave como Lázaro Báez, adjudicatario de obras públicas que se pagaban, pero no se realizaban.
Frente a esta situación, la expresidenta respondió ayer buscando el apoyo de sus seguidores en el Instituto Patria. Se victimizó, alegando que la sentencia busca «disciplinar a la dirigencia política, social y sindical.» En este sentido, Fernández de Kirchner tiene razón: la justicia busca disciplinar a toda la sociedad mediante las leyes. Porque vivir en sociedad implica seguir reglas y asumir las consecuencias de quebrarlas. Ella se considera perseguida, pero en realidad, el proceso judicial es la respuesta ante un delito: si alguien infringe la ley, es obvio que será investigado; si no comete delitos, no tendrá problemas judiciales.
Este caso ha dejado en claro que en Argentina, la justicia sigue siendo un poder independiente, aunque algunos quieran cambiarlo. Ya en su momento, el escritor Mempo Giardinelli, militante del kirchnerismo, propuso que la justicia se convirtiera en una Secretaría de Estado, dependiente de la presidencia, como ocurre en Cuba. Sin embargo, la independencia del poder judicial debe seguir siendo una prioridad, independientemente de si este sistema nos resulta perfectible o no.
El presidente electo, Javier Milei, también ha incurrido en un juego similar al proponer un juez afín para la Corte, a pesar de los cuestionables antecedentes de esta figura. Ni Cristina Fernández de Kirchner ni Milei tienen razón en sus enfoques sobre la justicia, y paradójicamente, ambos parecen necesitarse mutuamente en el escenario político: mientras uno mantiene viva la carrera política del otro, el otro respalda su éxito electoral.
