En los últimos días, el Congreso argentino perdió una oportunidad crucial: aprobar la Ley de Ficha Limpia a nivel nacional. Esta iniciativa, ya implementada en Mendoza, busca impedir que personas con antecedentes judiciales accedan a cargos públicos. Sin embargo, sectores del poder parecen resistirse a su implementación.

Hay quienes sostienen que la negativa no viene exclusivamente del peronismo. Según el politólogo Andrés Malamud, algunos aliados de Javier Milei también estarían interesados en frenar la medida, ya que esto permitiría que candidatos cuestionados del kirchnerismo sigan activos, generando tensiones políticas convenientes para ciertos sectores. En paralelo, Facundo Manes denunció un posible pacto entre Cristina Kirchner y Milei, basado en una estrategia de polarización que deja al centro político argentino sin capacidad de acción.

El estilo de debate en el país, marcado por la agresividad y el escándalo, responde a un descontento generalizado. Este fenómeno, que también se ha visto en Europa, surge del desencanto con democracias que no logran satisfacer las demandas ciudadanas en contextos de crisis económica. Ante la falta de recursos, los políticos parecen evitar explicar la realidad: “No hay dinero para repartir”.

El caso de Cristina Kirchner es paradigmático. A pesar de haber ocupado los cargos más altos, sigue siendo la figura central del peronismo por falta de alternativas claras en su espacio político. En este escenario, la política argentina parece atrapada en una espiral de extremismo y confrontación, donde el sentido común queda relegado.

La Ley de Ficha Limpia podría ser un paso hacia la transparencia y la confianza en las instituciones, pero no es la solución definitiva. Es esencial que esta herramienta se aplique con rigor, asegurando que sólo las imputaciones firmes y probadas impidan candidaturas, evitando posibles abusos durante campañas electorales.

El cierre del año legislativo podría traer sorpresas con leyes aprobadas apresuradamente, pero queda la esperanza de que el Congreso reactive pronto el debate sobre esta iniciativa. En última instancia, mejorar la calidad de la política requiere tanto de una dirigencia responsable como de una ciudadanía comprometida. ¿Será este el primer paso hacia una Argentina más justa y confiable?