Que gente se quede sin empleo es dramático. El hecho de que el Estado se deshaga de, en principio, 15 mil trabajadores, no es un hecho para festejar. Sin embargo, merece una discusión menos maniquea que la que se da, a favor o en contra.

El sindicalismo ha aprovechado que hay un gobierno que no los protege, ni subvenciona tanto como los afines para empezar un plan de lucha por ese motivo, tras un letargo que se activa cuando gobiernan ellos.

La tergiversación del rol de las entidades gremiales ya no debe sorprender a nadie y debe blanquearse de una vez: no defienden a los trabajadores, son un movimiento partidario que busca ganar o «bajar» o deslegitimar al que ganó cuando ellos pierden.

Durante todos estos 4 años y medio años de vida, este diario viene realizando el seguimiento Funcionariato, de nombramientos, bajas, cambios de lugares del personal político y técnico del Estado. Complementariamente, ha dado cuenta se ingresos masivos de personal tanto a la planta permanente como a contratos por fuera del régimen de empleo público, como camino previo a su acceso al plantel general.

De tal modo, se ha fomentado, abierto el camino, conducido y metido de cabeza, por la ventana, a miles de personas que se pueden diferenciar de otros trabajadores estatales en que no cumplieron con los procesos básicos para ocupar esos cargos, o bien, que se forzó la creación de sus puestos en función de necesidades políticas del gobernante. Claramente, tener mano de obra partidaria en todos los vericuetos del Estado, para conducirlos y vaya a saber para qué más, aunque la imaginación no tiene límites.

Además, a nivel nacional, provincial y municipal hay gente que tiene plata depositada a fin de mes y que no cumple una tarea específica y útil, además de los «Chocolate» de la vida, que seguramente se multiplican en todos los órdenes y niveles. ¿Hay que cuidarles el curro? ¿O la plata que les paga sus días de ocio serviría para solucionar tantos problemas en el único país del Cono Sur en que la pobreza aumenta, a contramano de la región?

Ningún capo sindical, posiblemente distraídos en los negocios que hay detrás de la pantalla social o bien, contando con los recursos de las nuevas afiliaciones gremiales, alertó sobre el sobredimensionamiento del plantel de empleados del Estado. Podrían haber actuado con claridad, contundencia y altísima repercusión (en función de lo novedoso que hubiera sido su cambio de su siempre predecible actitud) en defensa de los derechos de los que sí hicieron el camino correcto para obtener su cargo, de los que sí sostienen los servicios estatales activos y con la eficiencia que pueden, y de los que sí hicieron mérito para ascender, progresar y pasar de ser empleados a jefes, tal vez.

Por ello la actitud que hoy exhibe el sindicalismo del Estado argentino responde a la doble moral de sus dirigentes.

¿Cuántos todavía no se han dado cuenta, todavía hoy, de que la dirigencia es millonaria, maneja empresas, son parte de la estructura de un partido político, las organizaciones en las que se eternizan no son transparentes ni soportan las divergencias, que se distrae o hiberna cuando sus amigos gobiernan y se vuelven descaradamente rabiosos cuando pierden «la manija» del poder?

Es posible que gran parte de los argentinos ya «la hayan visto», como se dice. Y por ello es duro el debate por los despidos, pero, además, durísimo que tomen de rehenes a los usuarios de los servicios que paralizan para intentar socavar las bases de un gobierno que no manejan (del todo, aunque todavía mantienen islotes de poder).

Toda discusión en Argentina parece «buenuda» o políticamente correcta dentro de los términos de cada «tribu» que opina. Pero definitivamente es necesaria una mirada de política pública a largo plazo, lo más despojada posible de intenciones aviesas, poniendo todo sobre la mesa, mirando con los dos ojos y actuando sin máscaras ni capuchas. Este es uno de los casos.